Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 2 de enero de 2023
Para Lampadia
A partir del 1º. de enero pasado – como cada 4 años – el Estado peruano cuenta con 13 mil y pico nuevas autoridades: gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores municipales.
Los gobernadores regionales gestionarán – entre otros – los servicios de salud y educación estatal de 25 regiones. Y los alcaldes – 196 provinciales y 1,845 distritales – tendrán a su cargo la gestión estatal de los centros poblados; incluidos los servicios de agua y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, seguridad ciudadana, entre otros.
A ese respecto, cabe preguntarnos: en general ¿cómo están los servicios públicos de salud, educación, vivienda, agua y desagüe, limpieza pública, tratamiento de residuos sólidos y seguridad ciudadana, en el país? ¿Acaso no son todos servicios públicos pésimamente gestionados por el Estado? Ese es – pues – el Estado fallido al cual me referiré en el presente artículo.
Es verdad, el Gobierno Central y demás poderes del Estado, también tienen vela en este entierro. Pero – por limitaciones de espacio – me referiré únicamente a nuestras autoridades regionales y municipales. Aquellos que nos legaron hospitales y centros de salud inacabados y abandonados; plantas de tratamiento de aguas servidas inoperativas; escuelas sin puertas ni ventanas; carreteras y puentes intransitables; monumentos al sombrero, a la maca, a la ojota, al árbitro de fútbol, y así; estadios con aforos superiores a las poblaciones del lugar; piscinas y piletas sin agua… todas obras sobrevaloradas, todas obras con mucha corrupción detrás.
Por ellos – por los gobernadores regionales – los servicios de salud y educación, en todo el país, son lo que son: paupérrimos, crueles, miserables.
Por ellos – por los alcaldes provinciales y distritales – los servicios de agua potable y alcantarillado, limpieza pública, vivienda y urbanismo, tráfico vehicular, seguridad ciudadana… peor no pueden estar.
Salvo muy contadas y honrosas excepciones, el común denominador de la regionalización de nuestro país es corrupción, sólo corrupción, y nada más que corrupción. Lamentablemente, la mayoría de las 13 mil y pico nuevas autoridades son tal para cual. Y los paganos somos los ciudadanos que vemos atónitos cómo se malgasta el dinero del Estado; el dinero de todos los peruanos.
Sin embargo, frente al tremendo problema, pocos proponen alternativas de solución. Como si haciendo lo mismo cada 4 años – sin mover nada en el Estado – las cosas fueran a cambiar.
De ahí mi propuesta de crear Organismos Autónomos especializados en cada uno de los servicios públicos fallidos. Para ello, no queda otra que quitarle las competencias correspondientes a los Gobierno Regionales y Municipales, incluso a los Ministerios que claramente han fracasado en su función de servir honesta y eficientemente a la población.
Se trata – básicamente – de reestablecer la meritocracia y la carrera pública en el Estado, de profesionalizar y despolitizar la gestión estatal, y – lo más importante – de mejorar los servicios públicos en favor de la ciudadanía.
Varias veces he escrito y opinado a este respecto. Sin embargo, llama la atención la cantidad de gente que critica la propuesta, sin proponer nada a cambio. “¡Cómo se le va a quitar las competencias a los Gobiernos Regionales y Municipales!” opinan como autómatas. En buena cuenta sugieren que todo siga tal cual. Simplemente, temen la reacción de los políticos corruptos que abundan en todo el país. ¡Pura cobardía!
Los organismos autónomos – dicho sea de paso – serían totalmente descentralizados. El centralismo es tan malo o peor que la regionalización. Pero eso sí, los organismos autónomos – como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) – serían totalmente profesionales, meritocráticos, altamente especializados, articulados digitalmente entre sí, blindados de los políticos corruptos, y diseñados exprofesamente para evitar discrecionalidades que – como sabemos – siempre derivan en malos tratos a los ciudadanos, y peor aún, en corrupción.
Paralelamente, habría que reducir drásticamente la burocracia estatal. Fusionar ministerios para reducir de 19 a unos 10 el número total de carteras. Fusionar instituciones estatales redundantes. Reducir el número de distritos en todo el país, y empoderar – más bien – a los Municipios Provinciales.
La idea sería reducir el número total de autoridades políticas y sus respectivas burocracias, y evitar las consabidas interferencias administrativas en el Estado. Todo dentro del marco de un radical proceso de simplificación administrativa y transformación digital del Estado.
Aparte de reducir significativamente la corrupción y la inoperancia en el Estado, la propuesta generaría un gran ahorro en gastos burocráticos improductivos, los cuales se invertirían – eficiente y transparentemente – en mejorar las remuneraciones de los buenos funcionarios públicos, sobre todo maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales; y en construir más y mejores obras de infraestructura social.
En definitiva, el objetivo final es el bienestar del ciudadano, en vez del bienestar del funcionario o político corrupto e inoperante. Quien no gobierna para servir a la ciudadanía, no sirve para gobernar al país. ¡Esa es la idea!
Dicho sea de paso, el mayor escollo que enfrentará la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, para brindar mejores servicios de educación, salud, agua, limpieza pública, infraestructura social, etc. a los peruanos, es la corrupción e inoperancia de los gobiernos regionales y municipales de todo el país.
He ahí el principal enemigo del pueblo peruano… el Estado fallido. Lampadia
