Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia
La política peruana no se ha prostituido recién en el momento en que una legión de visitadoras habría sido contratada en el Congreso, para recompensar sus favores extraparlamentarios.
La política peruana se ha prostituido mucho antes.
Desde el momento en que los electores han dejado de votar por planes de gobierno, ideas, doctrinas y visiones de país y han votado para obtener bonos, contratos, puestos de trabajo, nombramientos, aumentos salariales o lo que es peor, la legalización de sus actividades ilícitas o la conservación de sus negocios o privilegios.
Desde ese momento, la relación político – elector cambio de naturaleza. Dejó de ser el ejercicio de una responsabilidad ciudadana, la manifestación de la soberanía popular en búsqueda del bien común o del bienestar general. Se prostituyo. Se convirtió en una relación de favores, de intereses, de conveniencia. Perdió legitimidad.
Desde ese momento, la oferta electoral no convocó a los mejores, a quienes pudieran perfilar el futuro del país por sus méritos académicos, profesionales, empresariales o su trayectoria social, a quienes supieran más o a quienes propongan el bien común, el interés general o la sostenibilidad económica del país.
Desde ese momento la oferta electoral para el Congreso, las Regiones y las Municipalidades convocó a quienes ofrecieran el bono, la ley especial para tu sindicato o federación, el aumento de sueldo, la pista para tu calle, el nombramiento, la formalización de lo ilegal, el cambio de la regulación para que hagas tu negocio, la gratuidad de esto o de aquello, la legalización de tu construcción clandestina, la licencia para tu discoteca, etc.
Que te den el puesto de favor por tus méritos en Only Fans o el cargo parlamentario como consuelo de tu derrota electoral, sólo es un ejemplo más de este actuar político largamente prostituido desde su origen.
La soberanía popular es la base conceptual y moral de nuestra institucionalidad. Sin embargo, ella tiene un mínimo requisito de razonabilidad en su ejercicio y manifestación electoral.
Exige una distinción entre el interés y la necesidad personal y el bien común, para que la expresión política resultante no sea una mera sumatoria de intereses personales.
Exige por lo tanto, que en el diseño de la oferta electoral, los partidos y las instituciones a cargo, tengan la capacidad y responsabilidad de facilitar, tolerar y ofrecer propuestas de bienestar general que integren, en la medida de que resulte conveniente al bien común y al interés general, las necesidades e intereses individuales.
¿Podríamos pedirle esto al señor Acuña que no tiene la capacidad de repetir un refrán completo?
¿A los dueños de Somos Perú cuyo interés es acumular municipios, regidurías, gobernadores regionales y consejeros para los negocios que esta agrupación hace en todo el país?
¿Al señor Luna de Podemos cuya línea ideológica es tan recta como la carretera central?
¿A la señora Fujimori tan acuciada por sus aprietos judiciales o sus victorias domésticas?
¿Al Señor López Aliaga que reparte cocinas y dádivas en los conos urbanos limeños?
¿A los señores Cerrón que están infestado ministerios e instituciones de agentes?
El problema, apreciado lector, no está por lo tanto, solamente en esta casta política que nos gobierna en los últimos lustros en el parlamento, el gobierno o las regiones y municipios. Está en usted, que cuando actúa como elector no ha entendido la base conceptual de nuestro sistema, no ejerce su ciudadanía con responsabilidad, elige mal y reniega cuando el cuoteo, la devolución de favores no lo favorece a usted sino a otro.
Cuando elijamos bien, por propuestas de bien común e interés general y no como lo hacemos ahora, podremos empezar a cambiar esta situación y dejaremos de tener una política prostituida. Lampadia
