Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Sin duda alguna, estamos en el país de las maravillas. Se acaba de promulgar un Decreto Supremo (DS 003-2023-EM), mediante el cual se autoriza que, “los titulares a cargo de las instalaciones de refinación o de procesamiento de hidrocarburos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, se encuentren en proceso de puesta en marcha, puedan operar tales instalaciones hasta por un plazo de dieciocho (18) meses…mientras obtienen los títulos habilitantes, aprobación de informes, opiniones, obtención de registros, certificados y otros permisos necesarios para el uso de tales instalaciones”. Y BINGO ¿Quién tiene el cartón ganador? ¡PETROPERU!
Por supuesto que se indica que deberán tener un Plan de Atención de Respuesta a Emergencias de “cumplimiento obligatorio”, remitido a la Dirección General de Hidrocarburos y al OSINERGMIN, además de contar con pólizas de seguros.
¿Qué nos pasa? ¿Nos hemos vuelto locos?
Para empezar, se está dictando un dispositivo legal con nombre propio, lo cual está prohibido por nuestra Constitución. PETROPERU es la única entidad que se encuentra en la situación de iniciar operaciones de un proyecto que lleva una década de construcción, con un costo de inversión de más de US$5.5 mil millones, conducido por una empresa que ha demostrado tener una muy mala gobernanza corporativa, a la que, además, se le otorgó hace pocos meses un aporte de capital de S/4.0 mil millones.
¿Estamos tratando de poner en evidencia la incapacidad de la gerencia de PETROPERU?
Hemos tenido en el Perú proyectos de hasta el doble de inversión y, que ofrecían mucho menores riesgos a la salud de las personas (trabajadores y población que los rodea), así como menores riesgos ambientales, por mencionar sólo dos, a los cuales no se les ha permitido “mover ni un dedo”, mientras no cuenten CON TODOS LOS PERMISOS y títulos habilitantes.
Sería muy importante conocer los alcances y costos de las pólizas de seguro que tendrán que cubrir estas inversiones, por daño propio y por los potenciales daños a terceros. Esto, es sin duda un asunto que no debe pasar inadvertido y que demanda la intervención de especialistas en evaluación de riesgo, no sólo para la empresa de seguros que los patrocine, sino que deje satisfechas a las compañías de reaseguros de nivel mundial, que quieran participar, poniendo especial énfasis en las exclusiones (riesgos no asegurados o excepciones) de sus coberturas.
De otro lado, recuerdo con mucha preocupación el siniestro del camión tanque con GLP en Villa El Salvador, que hasta el día de hoy nadie responde ni asume responsabilidades. No quisiera ni imaginar, qué pasaría ante un siniestro en la Refinería de Talara, sin permisos, sin coberturas de seguros adecuados y, lo más probable, con Planes de Emergencia no garantizados. ¿Quién asumirá las responsabilidades? ¿El ministro de Energía y Minas? ¿OSINERGMIN? Sería muy importante que lo definan desde ahora, ya que se está restringiendo a OSINERGMIN la posibilidad de supervisar esta operación.
Quisiera aprovechar de este caso para hacer una reflexión. Si se puede autorizar una operación de estas características, sin títulos habilitantes por 18 meses (nadie nos garantiza que no lo prorrogarán), eso puede significar algunas cosas:
- Que es un asunto más de trámites engorrosos, que de contenido real.
- Que nos hemos impuesto exigencias absurdas, por lo que debiéramos revisarlas urgentemente.
- Que en el gobierno hay irresponsables que están dando excepciones a riesgos inaceptables.
En cualquiera de los casos, tenemos la obligación de revisar qué está pasando en los ministerios y organismos que otorgan permisos. Esto es como, querer hacer pasar un camello por el ojo de una aguja y que nadie se percate.
Más de un político defensor de PETROPERU y de la construcción de la refinería de Talara, por no decir, de la actividad empresarial del Estado (justificada o no), se ha pronunciado en el pasado reciente, en el sentido que esta empresa debiera abrir su capital a los privados. Argumentan, que eso obligaría a mejorar la gobernanza corporativa y que le permitiría asumir más operaciones en la cadena productiva de los hidrocarburos, upstream y downstream. Hoy ya hay gente defendiendo que los lotes petroleros, cuyos contratos están por vencer, debieran ser entregados a PETROPERU, argumentando que ya no habría que hacer mayores inversiones de riesgo, pues las reservas son conocidas.
Nuestro principal problema, es que quienes afirman tal cosa, no entienden que, es obligación del Estado promover y conseguir que, el aprovechamiento de nuestros recursos sea óptimo o tienda a serlo. Para eso, necesitamos convocar, en lo posible, a las mejores compañías, que hagan inversiones de riesgo para ampliar nuestras reservas de hidrocarburos y mejoren la rentabilidad del proyecto para nuestro país. Tampoco se trata de darle unas “muletas” a PETROPERU, autorizando a que éste pueda subcontratar con terceros, para que les quede algo en el camino…
Obviamente, si vamos a pretender que esas operaciones las asuma una compañía descapitalizada, sin experiencia ni capital humano para operar. Que además necesita, como se ha evidenciado con el reciente Decreto Supremo, pueda hacer cosas bajándoles la valla, pues no es capaz de operar con las exigencias que el propio Estado peruano nos impone a los demás. Así, estamos perdidos o hay alguien que está confundido.
Insisto que, si en este caso no se está cometiendo una gravísima e irresponsable negligencia, entonces, estamos en la obligación de revisar todo nuestro sistema de permisos, autorizaciones y otorgamiento de títulos habilitantes para operar proyectos. Este sería un claro ejemplo de que, se está exigiendo cosas absurdas y que una manga de burócratas (o “consultores” bien pagados), han dado rienda suelta a su imaginación y han trabado todo nuestro sistema de inversiones productivas.
El Perú merece, no sólo una muy clara explicación, sino las rectificaciones necesarias para que, estos absurdos procesos de obtención de permisos y trámites innecesarios, no se repitan. Lampadia
