Por: Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Acaba de producirse una audiencia judicial, en la que se acusa de homicidio doloso a un suboficial de policía, por haber disparado y dado muerte a un delincuente que, en flagrancia, escapaba tras la ejecución de un asalto violento. El procedimiento judicial no tendría nada de particular, si no fuera porque a la audiencia asistían cinco fiscales y una auxiliar, para ejercer el rol acusador. Por decir lo menos, ¿ésta es una adecuada distribución de los recursos del Estado, cuando para los casos de crimen organizado no se dispone de fiscales?
De igual forma, la manera como se están inflando las planillas del Estado desde el primer día de este gobierno, es alucinante. Ya la Contraloría General de la República ha dado cuenta de los más de 7,700 casos de contratados en puestos de confianza, sin cubrir requisitos mínimos de calificación académica, experiencia o idoneidad moral. ¡Basta con que sean chotanos!
¿Alguien se percatará que, en un país civilizado, los cargos de confianza corresponden sólo a los niveles de ministros, viceministros y probablemente también a presidentes de algunos organismos descentralizados, pero sin ninguna duda, cumpliendo las exigencias de calidad técnica, experiencia e idoneidad moral adecuados? El criterio principal debe ser optimizar la gestión del Estado. En nuestro “mundo al revés”, el gobierno no entiende el concepto de funcionarios de Estado, léase, aquellos que, estando debidamente calificados, han sido seleccionados por SERVIR y vienen haciendo carrera profesional en el sector público. Este equipo profesional y de experiencia en sus correspondientes sectores, son una bien denominada “burocracia”. Ellos conocen el aparato estatal, las normas internas y son los llamados a decirle a los ministros y viceministros (aves de paso políticas), qué se puede y qué no se puede hacer en el aparato estatal.
Pues no, aquí y ahora, este gobierno cree que el Estado peruano es su chacra, que han conseguido un botín y que pueden hacer de agencia de empleos para sus propósitos personales y partidarios. Al menos Castillo y compañía, están incorporando al aparato estatal a cuanto desempleados y prontuariados de su grupo político o terruño tienen a mano. Lamentablemente, y nadie está advirtiendo que, están trasladando la práctica de los gobiernos regionales y municipales, al gobierno central. Vale decir, que estos miles de incapaces, contratados como “personal de confianza” y que cobran unos sueldos que no hubieran recibido ni en sus mayores alucinaciones, estarían pagando cupos permanentes a su partido y con esto financiarían sus actividades político partidarias. ¿Se han percatado que el comunismo se está financiando con nuestros impuestos?
En esta línea, se acaba de producir el nombramiento de cerca de una veintena de prefectos regionales, todos cercanos a CONARE, FENATEP o MOVADEF. Esto sí que es el colmo, pues ahora resulta que la seguridad del Estado y el manejo de informes de inteligencia, depende de quienes por años lo han asediado y hemos tenido que combatir con las armas. Lo más triste es que estos nombramientos dependen del ministro del interior, pero cuando la comisión de defensa del Congreso lo convoca para que explique tales nombramientos, este se niega a asistir. ¿Qué le pasa a este ministro?
Lo más preocupante es que, con la millonada mensual proveniente de estos cupos, se ha de financiar la campaña electoral regional y municipal de octubre 2022. En buen cristiano, estamos en rumbo del copamiento del aparato estatal en todos los niveles de gobierno. Aparentemente, ya la máxima autoridad policial, quien maneja línea directa con el presidente, al margen de la existencia de un ministro del interior, estaría absolutamente alineada al poder político de turno y dispuesto a facilitar el escape a los delincuentes de Perú Libre, “Los dinámicos del centro”, a los narcotraficantes del VRAEM (productores de coca y cocaína) y de la sierra nororiental (productores de amapola, base del opio), a las mafias de tala ilegal y de extracción ilegal de minerales, a quienes han dado “patente de corso” para actuar ilegalmente hasta el año 2026. De la misma manera, estarían facilitando la actuación de las mafias del transporte terrestre, colectivos y combis, en contra de las disposiciones promovidas por la ATU, al margen de un largo etcétera.
Me atrevería a decir que estas actividades ilegales, en su conjunto, representan más de US$ 40 mil millones al año, lo que, sumado al producto de la corrupción estatal, US$ 7 mil millones y a los cupos provenientes de los sueldos pagados con nuestros impuestos, le pagarán la campaña a sombrero luminoso y a la izquierda radical.
El copamiento mencionado, ahora también incluiría a cerca de 1,000 operadores políticos de Perú Libre, de los cuales los primeros 100 ya han sido requeridos por la oficina de gestión social del MINEM, una dirección conducida por Marco Sipán, sociólogo que fuera mano derecha del delincuente Gregorio Santos y egresado de la UFSC de Huacho, un núcleo senderista, oportunamente intervenido por las FFAA en los 90s. Resulta pues que, ahora, instituciones eminentemente técnicas, como el MINEM (Ministerio de Energía y Minas) y el MINAM (Ministerio del Ambiente), se estarán llenando de operadores políticos, cuya función será destruir la industria extractiva.
Si no tomamos nota de inmediato de esta realidad, desde nuestra vereda, y no actuamos de inmediato para impedirlo, estaremos perdiendo nuestro país en muy corto plazo, particularmente después de la explícita amenaza de recurrir a la fuerza para imponernos una Asamblea Constituyente, vía referéndum. Tampoco es coincidencia el progresivo y subliminal esfuerzo de introducir desde los símbolos de la presidencia de la república los colores de la “Wiphala” (bandera de 7 colores usada por los plurinacionales de Bolivia que protege a “Los dinámicos del centro”).
Por favor, transmitamos nuestro mensaje, eduquemos a nuestros círculos familiares y de amistad, proyectémonos a las universidades y centros de trabajo, que las familias eduquen a los escolares y les hagan ver el desastre social y económico que han producido esas organizaciones en los países que se han dejado atrapar por esas doctrinas antidemocráticas y que están en contra de la economía social de mercado.
Ya es tiempo de que, los partidos democráticos representados en el Congreso, se unan en defensa de nuestra patria y corrijamos de una vez por todas el rumbo equivocado al que nos está conduciendo Castillo y Perú Libre, a quienes no les interesa el bien de los peruanos, sino perpetuarse en el poder.
¡No dejemos que nos ganen esta guerra! Lampadia
