Jaime de Althaus
Para Lampadia
La frustrada vacancia presidencial revela que el país está en un impasse político que lleva a un deterioro creciente del Estado y de la economía. No hay manera, hasta ahora, de desatar ese nudo gordiano.
El mismo patrimonialismo corrupto que es causal de vacancia, es el que impide la vacancia vía la “compra” o cooptación de congresistas. Según Karelim López, varios congresistas de Acción Popular forman parte de las mafias que manejan el direccionamiento de obras en los ministerios de Transportes y de Vivienda. Y no son los únicos. Se reparte no solo obras, sino también puestos burocráticos, como sabe el congresista Wong de Podemos Perú.
Tampoco puede Castillo desprenderse de Cerrón -si quisiera hacerlo-, porque los votos de Perú Libre forman parte también del seguro contra la vacancia. Y Cerrón, por su parte, es uno de los agentes más activos de ese patrimonialismo corrupto que está copando puestos claves en Salud, Energía y Minas y otros ministerios y organismos con personas del partido que carecen de calificaciones y que probablemente cumplen funciones de recaudación al estilo de los Dinámicos.
Se rompería el impasse si Castillo tuviera la voluntad y fuera capaz de romper con Cerrón, con los chotanos y con los “niños”, buscando el apoyo de las bancadas de centro para poner un gabinete serio presidido por una personalidad independiente y altamente calificada, por ejemplo.
Pero hay dos problemas para que esa salida sea viable:
- Primero, que el presidente está atado a esos sectores que lo sostienen (o lo aprovechan) por aportes de campaña que siente que debe retribuir en una suerte de reciprocidad cómplice. Si incumple, alguien podría delatar contribuciones indebidas.
- Y, segundo, con los pasivos que viene acumulando, no le sería fácil encontrar algún independiente de peso que quiera hacerse del premierato.
Una salida interesante a este impasse sería una concertación de grupos de izquierda y centro izquierda -aquellos que Cerrón llama “caviares”- con partidos de centro para avanzar en la vacancia en favor de Dina Boluarte, conformando un gabinete con una selección de ministros de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Un gabinete serio. Esto sería una manera de romper este entrampamiento. Pero requiere iniciativa y capacidad política de parte de las dirigencias para ponerse de acuerdo.
La fórmula propuesta por Francisco Sagasti de recoger 75,900 firmas para presentar un proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones no es viable porque, según los cálculos de César Delgado-Guembes, tomaría alrededor de 40 meses en producir la elección, cuando ya le faltaría a Castillo solo un año para terminar su periodo. Toma mucho tiempo.
Tenemos que encontrar alguna manera de romper con este impasse, porque las consecuencias de no hacerlo son muy graves para el país. El desastre del manejo de PetroPerú y otras decisiones están arrastrando la posibilidad de que el Perú pierda el grado de inversión, que sería un retroceso de 14 años. Mientras tanto, el deterioro de la gestión pública se agravaría hasta un punto de difícil retorno, al mismo tiempo que la falta de inversión privada frenaría el crecimiento al punto de aumentar los niveles de pobreza y de empleo inadecuado e informal. Fuera del manejo azuzador de los conflictos sociales -que en muchos casos son extorsiones- de un ministerio de Energía y Minas en manos de Perú Libre, frenando aun mas no solo la inversión minera, sino paralizando la producción actual.
Claro, siempre podemos esperar que alguno o varios de los personajes con pedido de detención preliminar -si es que los encuentran- terminen revelando hechos que comprometan directamente a Pedro Castillo. O que el alza del costo de vida y paros como los de los camioneros generen una protesta social violenta que repercuta en una salida del gobierno (aunque también es posible que esto último lleve al gobierno a dictar medidas populistas que no harían sino agravar el círculo vicioso).
Lo más sensato, por lo tanto, sería una salida conversada entre las fuerzas políticas, si aun poseen capacidad de conversación inteligente.
Mientras tanto, el Congreso debe asumir de manera plena su función fiscalizadora censurando a los ministros incompetentes o prontuariados hasta lograr un mejor elenco ministerial, y revisar las designaciones en los ministerios y organismos públicos. Cuando menos eso. Lampadia
