Jaime de Althaus
Para Lampadia
El asunto de Tía María es penoso. Es una inversión muy importante para el país y para la región, incluso para el valle del Tambo, pero el Estado parece impotente para crear las condiciones que la hagan posible. El gobierno incluso tiene miedo de decir lo anterior: que es una inversión muy importante para el país. No solo eso: advierte, en tono tajante, que el proyecto no se llevará a cabo mientras no haya consenso en la población. Que es una manera de decir que nunca se ejecutará, porque consenso absoluto jamás va a haber. Siempre quedará un pequeño grupo opositor animado por razones políticas o económicas. Oponerse también es rentable.
Pero el gobierno tiene que representar el interés del país y de la propia población mayoritaria, no el de pequeños grupos radicales o económicos. Tiene que representar su propio interés en obtener más ingresos fiscales para hacer redistribución social. Entonces tendría que mostrar más convicción. Tiene que explicar que el proyecto es vital para el crecimiento nacional y que entiende la desconfianza y los temores de la población, pero que el Estado garantiza que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estuvo bien hecho y que no habrá impactos negativos. Y debería presentar a la población de Islay un plan de desarrollo integral del cual forme parte la inversión minera.
La ministra del Ambiente Fabiola Muñoz ha señalado que la población no entiende los beneficios del proyecto ni sabe qué se va a hacer para no perjudicar la agricultura o el agua. La empresa ya lo ha explicado, pero si la empresa no tiene credibilidad, es el Estado quien tiene que explicarlo. El proyecto es de interés del Estado, no solo de la empresa.
La ministra señala que la empresa tiene que decir: “estos son los impactos y esto es lo que vamos a hacer para mitigarlos”. Pero si un sector de la población no le cree a la empresa, es el Estado quien tiene que decirlo.
La ministra refiere, por ejemplo, que la gente en el valle del Tambo expresa: “estamos muy cerca de la operación: el viento puede traer el polvo”. Entonces –agrega la ministra- la empresa tiene que explicar: “hemos calculado el viento y estamos tomado estas medidas…”. Un alto funcionario de la Southern nos dice: “En cada actividad con la población, inclusive en los colegios, reiteramos el tema hasta la saciedad. Hemos explicado lo del viento y control de polvo en folletería, charlas videos, radio y redes. Tenemos casi 10 años informando sobre cada aspecto del proyecto. Tanto así que en una de las últimas mediciones de IPSOS encontraron que al menos el 70% de la población señaló haber recibido información del proyecto”.
Pero, si a pesar de esa política, hay desconfianza en las informaciones que da la empresa, alimentada por quienes desinforman, es el Estado quien tiene que explicarlo. Porque el proyecto le interesa al Estado, no solo por los ingresos tributarios que generará, sino porque disparará otros proyectos que producirán más ingresos fiscales aun, y favorecerá el desarrollo de un clúster minero que traerá desarrollo y diversificación productiva en todo el sur.
De lo contrario, se desprendería que el gobierno no cree en el EIA aprobado por el propio gobierno. Eso sería inaudito. La ministra ha recogido la versión de que en el EIA aprobado faltaba completar el estudio hídrico. Pero esto no es cierto según el vocero de la empresa. Se trató de una observación hecha por personal nuevo de Ministerio, que desconocía que esa información ya se había presentado tanto al EIA como en la documentación de ingeniería. Ante dicha observación, el 6 de noviembre del 2018 la empresa volvió a enviar el Estudio Hidrológico. Pero este ya estaba contenido en la sección 4.3.9 del EIA, bajo el título «Hidrología». Pero, al parecer, la ministra no lo sabe.
La ministra ha anunciado que busca un diálogo, pero no encuentra con quién. Esto es una muestra clamorosa de la debilidad del Estado central en un país feudalizado por una descentralización mal hecha y por la descomposición del sistema de partidos.
Si los seis alcaldes de la provincia de Islay pertenecieran a partidos nacionales serios con presencia en el Congreso, entonces sería posible que los representantes en el Congreso de esos partidos y sus dirigencias nacionales ayuden a concretar un diálogo constructivo entre el gobierno y los mencionados alcaldes. Pero ni hay partidos, ni los alcaldes –salvo uno- pertenecen a ellos ni menos hay Congreso. El corolario de esto es la necesidad impostergable de avanzar en la reforma política –a fin de reconstruir un sistema de partidos- y en la reforma de la descentralización.
La ministra, sin embargo, podría quizá solicitar a dirigentes de partidos de izquierda que estuvieron en el Congreso y que tuvieron presencia en el valle del Tambo, que intermedien de buena fe para establecer una mesa de diálogo y desarrollo en la zona. A esa mesa el gobierno tiene que llevar un plan de desarrollo integral de la provincia coordinado y con la empresa que podría financiar algunos de sus componentes. Es decir, la inversión minera como parte de una gran inversión de desarrollo.
No hay peor gestión que la que no se hace. Alguna capacidad de articulación política tiene que haber en nuestro país. Lampadia
