Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ha tenido cierta difusión un artículo del investigador del IEP Víctor Vich publicado en Ojo Público titulado: “El deterioro profundo del Perú”. Marxista sofisticado, Vich le echa toda la culpa del deterioro profundo del Perú al modelo económico. Escribe:
“Hoy vivimos en una guerra de todos contra todos que se encuentra encarnada en un modelo económico abyectamente desregularizado, que ha perdido toda noción del bien común”.
Aquí hay un error empírico.
Lo que tenemos no es ausencia de normas sino, por el contrario, exceso regulatorio. De allí la altísima tasa de informalidad, mucho mayor a la que correspondería a nuestro nivel de desarrollo. El conjunto de reglas, obligaciones y requisitos que deben cumplir las empresas para poder operar en la formalidad es tal, que solo las grandes pueden cumplir. El sistema regulatorio es excluyente. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias, incluso morales. Si la trasgresión de las normas es una condición de supervivencia, el cumplimiento de la ley se relativiza y el incumplimiento se vuelve moralmente aceptable.
Es allí donde se desata la guerra de todos contra todos, porque en ese mundo no hay ley, solo la ley de la selva.
Es una guerra en la que, además, hay que pagar cupos a los más fuertes: a las mafias de un lado, y a los representantes del Estado, de las leyes incumplibles, del otro. Para incumplir, por lo general hay que coimear, sobornar. El exceso normativo de convierte en un arma de chantaje de la autoridad o el funcionario o el inspector para exigir cobros a cambio de dejar operar en la ilegalidad. La sobrerregulación, entonces, engendra corrupción, extorsión y abuso.
¿Qué noción de bien común puedo tener si estoy obligado a operar al margen de la ley y en contra de las regulaciones estatales?
Por eso, tiene razón Vich cuando escribe:
“La corrupción se ha agudizado metastásticamente y se ha instalado en los niveles mínimos de la vida colectiva… Hoy vivimos en una sociedad, en una cultura, que ha hecho del engaño la forma de vincularse”.
Pero la causa, como decimos, no es la desregulación, sino lo contrario, la sobrerregulación, que excluye al 78% de los peruanos y los lanza a la ley de la selva.
Tampoco fue “la exacerbación de un discurso individualista” la causa de la anomia social.
Recordemos que cuando el dominante era el discurso socialista o estatista, en los 70 y los 80, los niveles de corrupción administrativa eran mucho mayores en todo lo que tenía que ver con el aparato productivo formal. Había que pagar para tratar de quedar bien librado en un sistema de aranceles diferenciados, diversos tipos de cambio, controles de precios, subsidios y licencias de operación para todo. Y para tener negocios con las empresas estatales, que dominaban todos los sectores. La política económica era un mercado. Sobrevivían no los que trabajaban y producían mejor en un mercado libre y competitivo, sino los que compraban más protecciones, lograban sortear las vallas pagando peajes o conseguían venderles a las empresas estatales.
Eso se acabó a partir de los 90. Se eliminaron esas intervenciones en el mercado y las empresas pudieron actuar libremente. Pero tenían que competir. Salieron adelante y crecieron no las que pagaron protecciones y privilegios rentistas, sino las que trabajaron más y mejor, aumentando su productividad. Un sistema moralmente superior, basado en el esfuerzo limpio y no en la ventaja legal y la corrupción.
Pero poco a poco, sobre todo a partir del 2011, se fue reconstruyendo un intervencionismo de baja intensidad que imponía cargas crecientes que empujaron a muchas empresas pequeñas al soborno o a la quiebra o a la informalidad. Solo los grandes podían solventarlas. Es algo que se puede observar en los informes del Foro Económico Mundial, que revelan que el Perú es uno de los países del mundo con mayor carga regulatoria del Estado.
De otro lado, lo que no se reformó en los 90 sino que se agravó desde el punto de vista del costo para las empresas, fue el peso de las regulaciones laborales, uno de los más altos del mundo también según el mismo Foro. Las empresas fueron obligadas a competir, pero con una estructura laboral muy rígida y una formalidad muy onerosa. Los costos no salariales del trabajo incluso se incrementaron en los 90: pasaron de un 48% por encima del salario que recibe el trabajador, a un 60%, como lo demostró Jaime Saavedra de Grade en ese momento. Lo que, por supuesto, ocurrió en detrimento de los propios trabajadores y de las centrales sindicales. Con una legalidad más flexible y menos onerosa, hubiese habido mucha más demanda por trabajadores formales, lo que hubiese subido su salario en una medida mucho mayor, y las centrales hubiesen podido contar con una base sindical mucho más amplia y potente. Ahora no representan ni el 1.5% de la población ocupada.
La ideología socialista y estatista que inspiró las reformas estructurales de los 70 que perduraron en los 80, inspiró un discurso reivindicativo en favor del bien común, pero llevó a los peruanos al abismo de la pobreza y el hambre. Y, a la postre, destruyó el propio Estado. A fines de los 80, con la hiperinflación, el Estado se había reducido a menos del 5% del PBI. Había colapsado, implosionado. Allí si se produjo una privatización fáctica y brutal de los servicios públicos básicos. Aparecieron clínicas privadas en los hospitales y se redujo la jornada médica 6 horas -4 horas efectivas- para que pudieran tener ingresos derivados de la práctica privada. Las postas médicas se cerraron. Eso ocurrió en los últimos años de los 80.
Y fueron las reformas liberales a partir de los 90 las que permitieron reconstruir el Estado y sus servicios públicos básicos. Al cabo de pocos años, todas las postas medicas estaban operativas nuevamente, y las clínicas privadas en los hospitales se eliminaron. Eso sí, por supuesto, no se pudo volver a incrementar la jornada médica a 8 horas y persistió la corruptela de abandonar el puesto público a mitad de horario para atender el consultorio privado.
Pero Vich lee las cosas al revés:
“De hecho, radicalizada desde los noventas, la privatización de la salud ha generado, entre otras cosas, que buena parte de los médicos del sector público hoy se encuentren muy ansiosos por cumplir su mínima jornada laboral a fin de dirigirse a sus consultorios privados. y el negocio del oxígeno fue el signo más contundente del bajísimo sentido de lo humano al que hemos llegado”.
¿Cuál privatización de la salud? Esa fue la que se dio de manera espontánea en los últimos años de los 80 como hemos dicho, y más bien a partir de los 90 se fue reconstruyendo la salud pública. Hoy tenemos un Seguro Integral de salud (SIS) con cobertura universal que antes no existía, y si bien el servicio es claramente deficiente y carente de equipos suficientes -lo que se manifestó con dolor en la pandemia (que hizo colapsar todos los servicios de salud pública del mundo)-, la razón de ello no es la falta de recursos o la insensibilidad presupuestal del modelo económico, sino la pésima gestión y la corrupción de las argollas protegida por los gremios sindicales. En efecto, el presupuesto de la salud pública se ha multiplicado por 7 en términos reales, en soles constantes, entre el 2000 y el 2020, pero la calidad del servicio no ha mejorado ni de lejos en la misma proporción.
No es culpa, entonces, del modelo económico, cuya naturaleza consiste precisamente en facilitar el mercado para que las empresas crezcan, tengan utilidades y paguen más impuestos, con los cuales financiar la redistribución social mediante servicios sociales eficientes que establezcan una base de igualdad de oportunidades, e infraestructura adecuada.
Lo que impide que eso se logre son las ideas que ven en el mercado y el lucro -como en la edad media- el principio del mal, y que llevan a introducir cada vez más cargas y cortapisas a las empresas al punto que terminan expulsándolas al infierno de la informalidad. En ese infierno no hay ley que valga, solo la lucha por la sobrevivencia o la emergencia social con el arma y la protección de la familia, la argolla, y la mafia. Allí se pervierten los valores del trabajo honesto, el respeto y la solidaridad propios de las comunidades rurales. Y el informal que huye de las obligaciones estatales y del pago de impuestos, y debe comprar su libertad de trabajo a un Estado opresor, no es parte de la “polis”, no es un ciudadano pleno responsable e interesado en el bien común. Imposible. Lampadia
