Jaime de Althaus
Para Lampadia
La empresa estatal PetroPerú ya se convirtió en un barril sin fondo. El ministerio de Economía viene transfiriéndole $2,250 millones en pocos meses, lo que equivale a 9 mil millones de soles. De nuestra plata, por supuesto. ¿Por qué tenemos los peruanos que subsidiar a ese gigante de ineficiencia y corrupción? Es inaudito.
Pensemos que el Poder Judicial viene solicitando infructuosamente 37 millones de soles para implementar una unidad de flagrancia en la que actúen en un mismo local la policía, fiscales, jueces y una pequeña carceleta, en Lima Centro. Si esa clase de unidades conjuntas se instalaran en Lima y las principales ciudades, el problema de la delincuencia se aliviaría en una medida importante. No hay plata para eso, pero sí para regalarle 9 mil millones a PetroPerú.
Es decir, no hay plata para aquello que constituye la razón de ser del Estado, el imperio de la ley y la seguridad ciudadana, pero sí para dilapidarla en algo que no tiene nada que ver con el rol del Estado.
Este solo ejemplo ilustra a las claras la verdad del capítulo económico de la Constitución del 93, específicamente el principio del Estado subsidiario. La situación de PetroPerú es el mejor argumento. Cuando el Estado se mete de empresario por lo general genera corrupción y pérdidas que luego deben ser solventadas por todos los contribuyentes. En lugar de tener allí una empresa privada que opere con eficiencia, genere utilidades y pague impuestos que beneficien a todos los peruanos, ocurre al revés: somos nosotros los que debemos pagar los sueldos de los funcionarios sangradores del erario público.
Fujimori cometió, efectivamente, un grave error cuando, por escrúpulos ideológicos, presiones de la izquierda y cálculo electoral, no terminó de privatizar PetroPerú y le dejó el oleoducto, la refinería de Talara y otras operaciones. Esa empresa ha terminado colapsando. El puntillazo final lo dio este gobierno, que nombró gerentes ineptos y corruptos que terminaron provocando la pérdida del grado de inversión. Para prevenir este tipo de cosas justamente está el principio del Estado subsidiario contenido en la Constitución, sabiendo que las empresas públicas carecen de dueño efectivo que vigile la idoneidad y la rentabilidad y que fácilmente se convierten en botines presupuestales de los gobiernos y políticos de turno.
PetroPerú ni siquiera puede mantener el oleoducto, constantemente saboteado. La producción petrolera, en general, se ha hundido. Producimos ahora la quinta parte de lo que producíamos hace 30 años, y pese a ello PetroPerú se embarcó en la remodelación de la refinería de Talara al costo de más de 6,000 millones de dólares, endeudándose muchas veces por encima de su patrimonio. Otro irresponsable delirio ideológico de los intelectuales y políticos de izquierda.
La única salida es avanzar hacia un gobierno corporativo que permita ir abriendo el accionariado hasta que sea el capital privado quien maneje esta empresa. ¿Será posible? ¿Inversionistas privados ingresarían a una empresa con los números que tiene PetroPerú?
Lo cierto es que este gobierno de izquierda, que se alzó con la bandera de una nueva Constitución para ampliar el rol empresarial del Estado entre otras cosas, le está dando la razón a la Constitución del 93 de manera contundente. Hay que terminar de aplicarla. Lampadia
