Jaime de Althaus
Para Lampadia
La muerte de Fujimori produjo colas enormes de personas venidas de todo el país y de Lima para expresar de manera conmovedora su pesar y su agradecimiento por los distintas obras y dones que el expresidente había llevado a todos los pueblos, pero también desató unas reacciones viscerales de odio y condena por hechos reales o inventados. Despertó el antifujimorismo más virulento.
El problema con el antifujimorismo, más allá del grado de justificación que pueda tener, es que ya ha ocasionado mucho daño al devenir político del país. Por eso, es importante analizar sus orígenes. Hay cuando menos dos tipos de antifujimorismo.
Uno es el que viene de la izquierda tradicional de origen marxista, encarnada en organizaciones sindicales y partidarias que tuvieron ambigüedad frente al senderismo o que perdieron poder con las reformas liberales de los 90.
El otro se origina en el rechazo de sectores democráticos, republicanos y “progresistas” a los abusos autoritarios de Fujimori, sobre todo en su última etapa.
El primero contiene por lo menos dos subtipos.
El primero está dado por partidos políticos de izquierda marxista que perdieron clientela popular a manos del personalismo distributivo de Fujimori en el campo y que consideraban que la vía de la lucha armada emprendida por Sendero y el MRTA era correcta pero no era el momento, y tendieron entonces a jugar del lado de la subversión con la creación, por ejemplo, de una organización de derechos humanos llamada APROHDEH, muy vinculada al Partido Unificado Mariateguista (PUM) de Javier Diez Canseco.
Este subtipo fue el origen de la demonización de Fujimori como violador de derechos humanos y tuvo su continuidad en organizaciones como el IDL.
Convirtió a las matanzas ocasionadas por el grupo Colina en el símbolo de la perversidad de la lucha antiterrorista de Fujimori, pese a que la estrategia antisubversiva llevada adelante por el expresidente no se basó en exterminios reactivos y desapariciones masivas como en los 80 sino en todo lo contrario: en una alianza con las comunidades y en inteligencia policial para capturar -no desaparecer- a las cúpulas.
Hubo casos de dirigentes sociales perseguidos, pero se crearon mitos como el asesinato de Pedro Huillca por las fuerzas del orden, cuando pruebas balísticas, el método usado y los propios senderistas implicaron a la organización terrorista en el asesinato. La demonización de Fujimori fue facilitada por la fuga de Fujimori al Japón y por un fujimorismo diezmado por la persecución, que no pudo defenderse
El segundo subtipo se originó en aquellas organizaciones sindicales que estaban enquistadas en estructuras empresariales y estatales que fueron barridas por las reformas liberales, desde industrias sobreprotegidas hasta empresas estatales, pasando por algunos ministerios.
Un caso específico y notorio fue el del SUTEP. En 1991 dicho sindicato decretó una huelga por mejores salarios, y Fujimori no atendió los pedidos porque no había caja. Dejó que los meses avanzaran sin ceder hasta que se terminó perdiendo el año escolar. Fue dramático. Pero a partir de allí el SUTEP desapareció de la escena pública y sindical durante diez años hasta que se reactivó cuando fue reconocido nuevamente como interlocutor por el gobierno de Valentín Paniagua.
Fuera de eso, la intelectualidad de izquierda y la dirigencia sindical construyeron el mito ideológico de que las reformas “neoliberales” de Fujimori habían precarizado el empleo y desarticulado las organizaciones sociales. Se victimizaron hasta donde pudieron.
La verdad, sin embargo, es que el poder que llegaron a tener las organizaciones sindicales en los setenta y ochenta fue, en realidad, relativamente artificial, tan artificial como la industria protegida, la estabilidad laboral absoluta, las empresas estatales y el propio Estado sobredimensionado.
No obstante, la liberalización económica de los 90 ni siquiera eliminó los privilegios rentistas de los sectores laborales protegidos. Sólo tuvieron que resignar la estabilidad laboral absoluta –repuesta luego el 2002 por el Tribunal Constitucional, algo incompatible con una economía abierta-, pero, contra el mito existente, durante los 90 la protección legal a los trabajadores formales se incrementó en lugar de disminuir. Los costos no salariales, los costos de la formalidad laboral, es decir, los beneficios laborales, subieron considerablemente (ver De Althaus, 2007, Cap. IX).[1] El resultado fue que el Perú figurase el puesto 149 de 181 países en el índice de flexibilidad laboral del Doing Bussines, 2009.
Dicho de otro modo: el nuevo modelo cortó la protección y las transferencias rentistas del resto de la sociedad a los sectores económicos protegidos por el modelo anterior, pero no redujo su costo laboral no salarial. El resultado fue que los empresarios buscaran formas temporales de contratación, a plazo fijo, para ahorrarse cuando menos el costo de indemnización de un eventual despido. O buscaran contratar de manera informal, o no contrataran.
La relación laboral, efectivamente, se precarizó, pero como consecuencia de un incremento, ya insostenible, de la protección laboral. Las centrales sindicales perdieron fuerza, paradójicamente, debido al incremento –no la disminución- de la protección laboral, que condujo a una mayor informalización del empleo.[2]
El otro tipo de antifujimorismo, originado en la reacción contra los abusos autoritarios de Fujimori, sobre todo en su última etapa, tiene más fundamento sin duda.
Es claro que en la última parte de su segundo gobierno Fujimori buscó suprimir controles democráticos sometiendo los poderes constitucionales y comprando la prensa con la finalidad de asegurar su segunda reelección.
Pero su tercer gobierno no duró ni un año porque tuvo que renunciar luego de que los vladivideos revelaran el pago a congresistas, para terminar, luego de siete años, detenido y condenado a una pena excesiva de 25 años no por estos abusos autoritarios -por los que debió ser procesado-, sino por una autoría mediata de asesinatos que nunca se pudo demostrar.
Lampadia
[1] Las cotizaciones sociales o los costos laborales no salariales (CTS, AFP, Seguro social, IES, asignación familiar, gratificaciones y vacaciones) pasaron de un 48 por ciento del sueldo bruto en enero de 1989, hacia finales del gobierno de Alan García, a un 69 por ciento entre enero de 1994 y mediados del 95, y a un 63 por ciento del sueldo bruto en enero del 2000 (Miguel Jaramillo, 2004, p. 19). Si a esto agregamos el incremento en el costo de la indemnización por despido dispuesto en 1996, lo que se produjo, entonces, fue un incremento notable de la protección laboral.
[2] Si el gobierno autoritario de Fujimori no sólo no se atrevió a reducir sino que incluso aumentó los costos no salariales del trabajo, en cambio el gobierno democrático de Alan García sí logró avanzar en la reducción del costo de la legalidad laboral, por lo menos para la micro y la pequeña empresa. El liderazgo presidencial en ese tema, con su capacidad oratoria puesta al servicio de la reforma, la hizo posible. La democracia pudo lograr lo que el autoritarismo no pudo o no quiso.
