Jaime de Althaus
Para Lampadia
Dina Boluarte podría considerar su renuncia si hubiera alguna razón valedera. ¿La hay? La razón principal, el motor inicial que mueve las protestas y bloqueos, es la creencia, en el mundo andino sobre todo, de que el congreso aliado con los poderes limeños le dio un golpe a Pedro Castillo y lo sacó arbitrariamente del poder. Esa creencia ha sido atizada por sectores políticos radicales para movilizar la indignación de las personas que se sentían identificadas con Pedro Castillo, contra Dina Boluarte, acusada de usurpadora. El sentimiento es real, pero se origina en un cuento, en una falsedad.
Fue al revés, Castillo dio el golpe ante las revelaciones de corrupción que lo comprometían directamente (Salatiel Marrufo reveló ese mismo día que le daba 100 mil soles mensuales al presidente, entre otras cosas), pero el gobierno no se ha tomado el trabajo de desarrollar una campaña comunicacional que lo explique. El país no puede ceder a una presión basada en una mentira, en una posverdad. Pero tiene que desmentirla. De lo contario quienes creen en esa versión no se sentirán tranquilos.
La insurrección busca también una asamblea constituyente. Esa pretensión escapa del marco constitucional. Antes habría que modificar el artículo 206 de la Constitución. El propio adelanto de elecciones es inconstitucional. Por eso requiere una reforma constitucional, que el Congreso claramente no quiere aprobar.
Menos aún son válidos los métodos de guerra usados, que buscan ahorcar a la población y a las empresas:
ataques y bloqueos criminales, comerciantes y mercados obligados por la fuerza a cerrar y aportar, castigo al pueblo con pérdida de ingresos y carestía para agravar el descontento, ataques a los sectores generadores de los ingresos fiscales como la minería, la agroexportación y el turismo, y financiación por las economías ilegales.
Todo ello deslegitima la revuelta y no puede ser validado con una renuncia presidencial.
La única de todas las demandas que sí está prevista en la Constitución, es precisamente la renuncia de la presidenta de la república. Y está en su libre albedrío hacerlo. Pero no por la presión de una ofensiva que estimula el enojo de un sector de la población para empujar un proyecto político no democrático. Las izquierdas radicales lideradas por el Movadef, que es hoy la organización de izquierda más fuerte, y las economías ilegales que proveen logística, confluyen en la estrategia de ahondar el caos, unas para que emerja de ese caos la demanda de una asamblea constituyente regeneradora, y las otras para prosperar en la ausencia de ley. Pero ya sabemos para qué sirven las asambleas constituyentes en los países bolivarianos.
No cabe duda de que los muertos han alimentado las movilizaciones, les han dado una cierta legitimidad que no tienen por las otras causas y hasta han detonado una gesta de venganza en algunos sectores que reclama la cabeza de Boluarte. Es muy doloroso. Pero en ello hay también responsabilidad de las dirigencias que alentaron los ataques mortales a objetivos estratégicos. En Juliaca los asaltantes al aeropuerto superaban en número a la policía por 12 a 1. Allí también hay responsabilidad del gobierno por no haber transportado a la zona un número suficiente de efectivos.
Si la presidenta no renuncia tiene la obligación de pacificar el país y controlar esta insurrección que está arrasando la economía de las clases populares, sobre todo en el sur del Perú. Pero eso requiere de una estrategia integral e inteligente que considere:
1. Una campaña comunicacional que
a. Desmonte la narrativa del golpe contra Castillo
b. Muestre con testimoniales la destrucción de economías populares
c. Muestre la violencia de los ataques a la policía y a instalaciones
2. Cortar el financiamiento de la minería ilegal
a. Presentar a las organizaciones de mineros ilegales una propuesta efectiva de formalización, que considere comprarles el mineral
b. Intervenir las plantas procesadoras o fiscalización efectiva de Osinergmin
3. Ofrecer a los sectores rurales andinos un plan de riego tecnificado con las tecnologías de Sierra Productiva, convocando al sector empresarial
4. Crear una jurisdicción nacional en la fiscalía y el Poder Judicial para detener y juzgar en Lima a los responsables de las acciones violentas y los bloqueos.
5. Decretar una movilización nacional de las fuerzas del orden para poder llevar a las regiones más secuestradas el número suficiente de efectivos que prevenga bloqueos y actos violentos.
Por supuesto, los partidos políticos y la sociedad civil y empresarial no pueden ponerse de costado. Deben aportar cuando menos a campañas comunicaciones como las arriba mencionadas. Esta es una lucha en la que está en juego la viabilidad misma del país. Lampadia
