Rafael Rey Rey
Para Lampadia
Llaman “Ley Mordaza”, con intención descalificadora, al proyecto que modifica las sanciones contra la injuria, la difamación y la calumnia. Sostienen que impedirá el libre ejercicio periodístico y las eventuales denuncias de corrupción a través de la prensa. Que atenta contra la libertad de prensa. Yo no pienso así. Creo que el proyecto puede mejorarse, pero de ninguna manera archivarse como pretenden muchos periodistas.
A ver. El derecho humano que engloba al de la libertad de prensa es el “derecho a la información”. Y éste tiene dos aspectos.
El activo, es decir, el derecho “a informar” que tiene toda persona natural o jurídica de opinar y publicar lo que quiera, al que normalmente se hace referencia cuando se habla de libertad de expresión o de prensa.
Pero está también el aspecto pasivo, que es el derecho de “ser informado”. Informado “correctamente” como es obvio. Es decir, con la verdad objetiva cuando se refiere a hechos o a asuntos referidos a otros. Este último derecho, propio de los ciudadanos es, con frecuencia, olvidado y atropellado cuando se miente sobre hechos, o cuando se, difama o calumnia a alguien.
Y las normas que sancionan la difamación y la calumnia tienen la finalidad de hacer respetar este aspecto del derecho a la información, el de ser informado correctamente, que, en nada atenta contra el primer aspecto, el de informar o de opinar.
Analicemos las “mordazas” que dicen que el proyecto introduce a la ley vigente que sanciona la difamación y la calumnia.
La mayoría de los periodistas y medios de comunicación han centrado sus críticas al proyecto casi exclusivamente en el hecho de que, para el caso de difamación o calumnia por medios masivos, eleva en un año tanto el límite inferior como el superior de la pena de prisión. De 1 año a 2 y de 3 a 4 respectivamente. Sin embargo, considerando que quien es sancionado con penas de 4 años o menos no cumple cárcel efectiva, ese cambio, aunque sea lo más llamativo para ser criticado de forma efectista y pintado como un atropello a la libertad, no es eso ni lo principal, ni lo novedoso ni lo positivo del proyecto.
Por eso, en mi opinión, para quitarle ese “argumento” a quienes se oponen al proyecto, éste debería de eliminar la pena de prisión o por lo menos disminuirla, pero mantener la principal novedad que el mismo introduce.
Porque la principal novedad positiva del proyecto es que, a la multa establecida en la ley vigente, añade la aplicación de una reparación civil en favor de la víctima de una difamación o calumnia. Me parece muy justo. La multa es por definición una sanción pecuniaria en favor del Estado. Pero resulta que el difamado o calumniado no es el Estado, sino una persona. La reparación civil, en cambio, es una forma de compensar en algo el daño que se ha hecho al honor de la persona difamada o calumniada. Pero claro, el bolsillo duele. Y, en realidad eso es lo que más genera preocupación y malestar en muchos periodistas. Por eso, para evitar que la reparación sea ridículamente baja, el proyecto debería establecer que se defina en fusión a la unidad impositiva tributaria o a valores equivalentes a los de días multa. Cualquiera que resulte mayor.
Haciendo periodismo me he sentido siempre libre y cómodo para decir lo que pienso y para denunciar irregularidades y delitos sin temor a las normas que sancionan la calumnia y la difamación. Y esto, posiblemente, por una sencilla razón: estoy siempre dispuesto a disculparme y a rectificar cuando cometo un error.
Como ciudadano y como político, en cambio, muchas veces he sido víctima de difamaciones y calumnias y no he conseguido que los autores se rectificaran como era su deber. Es que algunos parecen querer ser intocables, tener patente de corso para difamar sin consecuencias y seguir haciendo del periodismo “el más vil de los oficios”.
Bien haría el Congreso entonces en no asustarse con la oposición al proyecto. Sería mejor anular o reducir las vigentes penas de prisión, y así quitar a los detractores del proyecto el principal argumento para oponerse, pero mantener la inclusión de la reparación civil y añadir la obligación expresa del difamador de rectificar en forma gratuita, inmediata y proporcional, como señala la Constitución.
Sea como fuere, visto el cargamontón contra el proyecto de ley que nos ocupa, es evidente que la frase “otorongo no come otorongo” no solo es aplicable a los congresistas. También lo es a los periodistas. Dicho, por supuesto con todo respeto. El proyecto en cuestión no amenaza la libertad de expresión. Dejémonos de cuentos. Lampadia
