Claudia Navas
Analista de riesgos para Perú de la Consultora Control Risks
Para Lampadia
Luego de siete meses de continuas crisis políticas, es claro que el presidente Pedro Castillo no ha mostrado el liderazgo suficiente para trazar el rumbo que tendrá su gobierno en los próximos cinco años, ni la capacidad para llegar y mantener acuerdos con las principales fuerzas políticas sobre temas fundamentales para el futuro del país.
Alta rotación en el gabinete, problemas de coordinación internos, nombramientos de funcionarios sin la experiencia necesaria o con cuestionamientos éticos, y frecuentes retractaciones dan cuenta de esta falta de liderazgo y visión política.
El presidente Castillo tampoco ha mostrado la determinación para blindar su administración de la corrupción que caracterizó a sus predecesores. Al contrario, se han reducido estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas, ahondando aún más la percepción entre el público de que, quien llegue al poder, necesariamente se unta de corrupción.
Luego de los acontecimientos de las últimas dos semanas donde los enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo escalaron, el ambiente político estará marcado por un pulso de poder entre las dos ramas, donde eventualmente alguna se impondrá sobre la otra. Amenazas de lado y lado estarán al orden del día. Y la historia se repetirá. Según la configuración actual de las fuerzas políticas, el Congreso tiene el sartén por el mango. Esto será aprovechado por las fuerzas de oposición que buscarán las vías legales y políticas para que los legisladores indecisos vean en aprobar la destitución de Castillo favorable a su cálculo político. Y también estarán a la espera de que Castillo cometa el siguiente error -como hacer declaraciones irresponsables como aquella de considerar darle acceso al mar a Bolivia- se vea envuelto en otro caso de corrupción, o de señales de nepotismo que exacerben el rechazo público. La votación de confianza del próximo 8 de marzo dará luces de cuánto tiempo más se podrá prolongar la crisis política.
Desafortunada (o afortunadamente, según cómo se le mire) la ciudadanía, incluyendo el empresariado, ya percibe las crisis políticas como algo normal o con lo que se tienen que convivir. Lo cual sugiere que por más turbulencia política el país no se paralizará. Esta situación de instabilidad e incertidumbre política trae riesgos, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de desafección y apatía política hacia la democracia. Según el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt publicado en noviembre de 2021, aunque la mayoría de peruanos apoya la democracia como forma de gobierno (50%) la mayoría también (52%) toleraría un golpe militar para afrontar altos niveles corrupción. Esto da cuenta de la fragilidad de la democracia en el Perú, y el riesgo de que se legitimen prácticas antidemocráticas para solucionar las falencias del sistema político actual.
Aunque la capacidad que ha mostrado el sistema político de resolver situaciones de crisis por las vías institucionales da una suerte de alivio y llama a no ser alarmistas, no es difícil pensar que el Perú tiene entre las manos una bomba de tiempo que no sabe cuándo va a estallar. Estallidos sociales como el de Chile en 2019 que llevó al país a elaborar una nueva constitución, o los que se presentaron en Ecuador (también en 2019) o en Colombia en 2021 -que, si bien no conllevaron a cambios institucionales profundos, sí hicieron tambalear a los gobiernos- sugieren que es ingenuo pensar que el Perú no pasará en algún momento por lo mismo. Sobre todo, cuando aún no hay alternativas políticas claras o una fuerza ciudadana lo suficientemente cohesionada para impulsar los cambios que el país necesita.
Lo más probable es que nuevamente se encuentren caminos institucionales para resolver la crisis política actual. La pregunta clave aquí es hasta cuándo el Perú podrá vivir de crisis en crisis, cuando problemáticas como la corrupción, la inseguridad, las deficiencias en salud y educación, el maltrato a la mujer, y el reto del cambio climático, requieren de una institucionalidad fuerte, estable y coordinada. Mientras tanto, se seguirán reduciendo las posibilidades de que el país aproveche sus oportunidades de desarrollo con más certeza y se continúe exacerbando aún más el desencanto con la democracia. Lampadia
Claudia Navas es politóloga, Máster en Estudios Internacionales de Paz, con amplia experiencia en análisis de los riesgos políticos, regulatorios, sociales y de seguridad que puedan afectar las grandes inversiones en Perú. Asesoró a la Presidencia de Colombia con la formulación de políticas para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la ex guerrilla de las FARC. Actualmente es analista de riesgos globales para Perú y la región Andina en la consultora Control Risks.
