Jaime de Althaus
Para Lampadia
En un acto de cinismo político de antología, el presidente Pedro Castillo ha solicitado a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana que busca, como sabemos, defender los principios de la democracia liberal y representativa y denunciar la alteración o quebrantamiento del orden democrático.
Que es exactamente lo que el gobierno está haciendo cuando en la misma carta acusa a la Fiscalía de la Nación de tener una “motivación política”, cuestionando así la independencia de un poder del Estado y desconociendo su legitimidad, en lugar de responder y aclarar las denuncias de corrupción de que ha sido objeto. Y cuando cuestiona la labor de control político del Congreso, tildándolo de abusivo. Más aun, cuando convierte a las iniciativas del Congreso y las investigaciones de la fiscalía, basadas en elementos de convicción obtenidos de los propios colaboradores del Presidente, en instrumentos que buscan “la ruptura de la institucionalidad democrática” y “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
Cuestionar la actuación autónoma de los poderes del Estado para deslegitimarlos no solo revela desconocimiento de los principios de separación de poderes, intrínsecos a la democracia representativa, sino que suele ser el paso previo a decisiones de intervención para suprimir o reestructurar esos poderes, e instaurar regímenes autoritarios. Felizmente este gobierno, gracias precisamente al Congreso que, pese a los “niños”, ha defendido eficazmente la institucionalidad democrática, carece de la fuerza para hacerlo. Entonces Castillo acude a la OEA en un acto fantástico de elusión de su responsabilidad penal ante las denuncias existentes.
El cinismo es mayor aun cuando sabemos que quien afecta la relación de poderes interviniendo furtivamente el Congreso para anular el contrapeso, ha sido el Ejecutivo mediante la “compra” de los congresistas llamados “niños”. Es el sometimiento del otro Poder mediante la corrupción. Algo monstruoso.
Y el cinismo es mayúsculo cuando recordamos que la bandera principal de Pedro Castillo como candidato y ya como presidente, fue la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, un instrumento para concentrar y perpetuarse en el poder. Ese fue el programa claro de su primer gabinete, presidido por Guido Bellido, que se proponía incluso cerrar precisamente el Congreso para instaurar la mencionada asamblea. Como todos sabemos, y la OEA más aun, esas asambleas constituyentes tienen como objetivo concentrar el poder en el presidente de la república para instaurar un régimen sin controles democráticos, sometiendo o manipulando al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al propio Congreso, y permitir la reelección indefinida en elecciones amañadas. Es decir, suprimiendo la democracia liberal o representativa. Fue lo que ocurrió en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
Ese era el proyecto de Pedro Castillo y Perú Libre, agravado con una propuesta de Asamblea Constituyente compuesta en un 60% por organizaciones populares designadas a dedo por el presidente. Hasta ahora el primer ministro Aníbal Torres recuerda con cierta frecuencia que el pueblo pide el cierre del congreso y una asamblea constituyente.
Más bien, contra lo que argumenta la cínica carta, ha sido el Congreso quien ha defendido la democracia representativa, para lo que tuvo que aprobar una reforma constitucional que establecía límites lógicos a la cuestión de confianza, para que el Ejecutivo no pudiera blandirla tan fácilmente, como se proponía, para que el Congreso, al rechazar dos de ellas, pudiera ser disuelto. Y acto seguido tuvo que aprobar una ley que precisaba lo que ya estaba en la Constitución pero que era desconocido por el partido de gobierno, en el sentido de que no se puede convocar a referéndum para una reforma constitucional sin pasar antes por el Congreso según el artículo 206 de la Constitución. Nuevamente un acto de defensa de la democracia liberal y representativa frente a los intentos poco disimulados de arrasar con ella.
Lo increíble es que la OEA haya caído en el cuento de Castillo, como si estuviera dominada por esos regímenes que justamente han hecho cera y pabilo de la democracia liberal y representativa. El Perú no puede soportar una burla tan descarada. La sociedad civil en todas sus expresiones tiene que protestar, no solo por dignidad nacional, sino porque no podemos caer arrastrados por la corrupción y la incompetencia. Lampadia
