Jaime de Althaus
Para Lampadia
El presidente Castillo acudió ayer al Congreso para pedir un alto al fuego, aunque no dejó de lanzar algunos ataques. Invocó al Congreso a trabajar juntos y no confrontar. Dio el mensaje positivo de que el gobierno cree en la economía social de mercado y en la libre iniciativa privada, y que promueve las inversiones. No habló de la asamblea constituyente ni nada parecido. Más bien convocó a un acuerdo nacional para una profunda reforma del Estado. Fue, en ese sentido, un discurso de paz, de unidad nacional. Mucho mejor que una declaratoria de guerra, por supuesto, como fue por ejemplo el primer gabinete de este gobierno.
Pero luego el primer ministro reveló que el presidente iba a proponer el adelanto de elecciones mediante una reforma constitucional, y desistió de ello por hacer un último intento de concertación con el Congreso. Tal reforma constitucional es, por supuesto, inviable. Fue una amenaza encubierta: si no nos entendemos, nos vamos todos, algo que generaría una crisis política muy aguda como la que generó el expresidente Vizcarra cuando demandó también dicho adelanto, solo para terminar, a la postre, disolviendo el Congreso. El mismo guion.
Igual que en esa ocasión, tal declaración contiene el mensaje de que el Ejecutivo no puede trabajar por culpa del Parlamento, como efectivamente dio a entender el presidente al enumerar leyes y comisiones que se aprobaron para restringir facultades del Ejecutivo y buscar la vacancia. Castillo sería la víctima de las acciones del Congreso. Pero la verdad es que esas leyes -la de la cuestión de confianza y la del referéndum- tuvieron un carácter defensivo, no ofensivo, para prevenir el cierre del congreso y la instalación de una asamblea constituyente, que fue el objetivo claro del primer gabinete de este gobierno. El propio premier Torres argumentaba hasta hace poco que la convocatoria a la asamblea constituyente por referéndum directo es plenamente constitucional, y la anterior primera ministra hablaba de preparar el “momento constituyente”.
El Congreso más bien ha sido tibio y complaciente con los nombramientos del gobierno, que han incluido desde ministros neosenderistas hasta partidarios de la expansión de la coca para el narcotráfico, pasando por otros con prontuario.
Un llamado a la concertación y a trabajar juntos exige de parte del presidente algo más que un recuento de los logros alcanzados hasta ahora y de asegurar que él no ha cometido ningún acto de corrupción y que no va a blindar a ningún corrupto. Porque el problema es que no solo los blinda, sino que los nombra. Hay ahora mismo varios ministros y otras autoridades con antecedentes y supuestas vinculaciones con actos de corrupción ocurridos en su gobierno. Tenemos al ministro de salud y al de Transportes, para comenzar, y todo un sistema corrupto de asignación de obras y puestos públicos. Entonces, una declaración firme debería venir acompañada de la decisión de retirar a esos y otros ministros, y de un anuncio de cómo va a hacer para convocar a colaboradores sin cuestionamiento y poner fin a las corruptelas de todo tipo que se han desatado. Admitió, sí, que “hay situaciones que ameritan corregirse, y lo estamos haciendo”, lo que está bien, pero no especificó cuáles son esas situaciones.
Convocó al acuerdo nacional para diseñar una profunda reforma del Estado, sin percatarse ni mucho menos reconocer que lo que su gobierno está haciendo es todo lo contrario al degradar severamente la calidad de la administración pública vía el asalto patrimonialista a los puestos públicos por personas sin capacidades y más bien con diverso historial, destruyendo todo atisbo de meritocracia. Para que esa convocatoria tenga credibilidad, debe comenzar por casa, despidiendo a los incapacitados y nombrando a personas idóneas.
Entonces, para que realmente haya paz con el Congreso y se suspenda el proceso de vacancia -que es lo que en realidad busca-, el gobierno debería abandonar definitivamente el objetivo de la asamblea constituyente, remover del Ejecutivo a los personajes cuestionados e implementar un mecanismo de nombramiento de personas idóneas.
En cuanto a lo primero, podríamos decir que la idea de la asamblea constituyente ha sido sustituida por esta propuesta de un acuerdo nacional para la reforma del Estado. Podemos dar por aceptado eso, que es un avance importante, que tranquiliza al país. Pero falta la implementación de una política de designaciones de ministros y funcionarios competentes que eliminen el sistema de corruptelas instalado. Ese es el problema. Las relaciones de reciprocidad cómplice con Cerrón y Perú Libre, con los chotanos y con los “niños”, le impedirían al presidente romper con ese sistema. Tiene que ver la forma, porque con esos socios no puede esperarse sino una descomposición creciente. Lampadia
