Se destruyó la política y las instituciones judiciales
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hemos sostenido que el Ministerio Público, y el sistema judicial en general, se convirtió en objeto de disputas políticas desde el momento en que, a raíz del caso Lavajato, la justicia se politizó y los fiscales empezaron a acusar y encarcelar políticos por hechos que no eran delito, como las donaciones de campaña [caso cocteles, por ejemplo], ocasionando un daño irreparable a la clase política hasta terminar en la elección de Pedro Castillo.
Las declaraciones explosivas del exasesor Jaime Villanueva no precisan de donde salió la tesis de criminalizar las donaciones de campaña, pero si señalan el papel “casi” director que tuvo Gustavo Gorriti en todo el proceso.
Así, según Villanueva:
- El 2015 Gorriti persuadió a Pablo Sánchez de la necesidad de formar un equipo especial Lavajato, y fue nombrado Hamilton Castro.
- Luego de dos reuniones, Hamilton se percató que Gorriti quería dirigir la investigación, y cortó las reuniones.
- Gorriti le da a Vela la información de la anotación de Marcelo «aumentar 500 para Keiko eu fazer visita».
- En el caso cocteles (Keiko Fujimori y otros): “Gustavo era básicamente el que diseñaba la estrategia de investigación… les decía a quiénes tenían que interrogar, qué tenían que preguntar, dónde conseguir la información… “Exigió” que se contrate al ex Fiscal suizo Lenz.
- Luego de denuncia constitucional contra Pablo Sánchez se acentúa más la estrecha relación entre José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. Llevo a Pérez a la casa de Gorriti, quien le aconseja victimizarse lo más posible.
- En una reunión Gorriti se comprometió a apoyar la gestión de Chávarry a cambio de que forme el equipo especial con la coordinación de Rafael Vela y con José Domingo Pérez, removiendo a Hamilton Castro. Luego amenazó a Chávarry con publicar una carta de renuncia de José Domingo Pérez si no nombraba al equipo.
- Rafael Vela no quería que se sepa de su relación con el abogado Hauyón, porque tenía miedo de que IDL lo vaya a atacar por eso.
Evidentemente esto, de ser cierto, va mucho más allá del trabajo periodístico. Pero el periodismo fue altamente funcional, además, a la politización de la justicia. Contribuyó a darle un aura de gran cruzada anticorrupción a la persecución abusiva de líderes políticos y a convertir en héroes justicieros a los fiscales Vela y Pérez. En las declaraciones figura una muestra de esto: la manera como Vela le dio a Gorriti la información para “cercar a García”. Aunque también se revelan varios casos en que se usa a periodistas para defenderse o atacar en simples disputas internas en la fiscalía.
También se ha resaltado el interés de Vela en la supuesta estrategia del JNE para que Keiko Fujimori no gane las elecciones, así como la alianza con Vizcarra manifiesta en el archivamiento del caso de Chinchero por Pablo Sánchez para que no tenga ningún problema en asumir la presidencia, y en la indicación de Zoraida Avalos a Vela de que “trate de no hacer nada” contra Vizcarra luego de que un colaborador eficaz revela las coimas de Vizcarra en Moquegua.
Todo eso tendría que ser verificado, pero lo cierto es que, como consecuencia de esa politización, el Ministerio Público se convirtió en el escenario de luchas intestinas entre bandos que se extendieron a otros poderes. Jaime Villanueva describe como Patricia Benavides busca remover a la Junta Nacional de Justicia -que la estaba investigando- e inhabilitar a Zoraida Avalos negociando con Fuerza Popular, que, según Villanueva, solicitó a cambio la salida de los fiscales Vela y Pérez, y con otros congresistas que querían apoyo en sus procesos judiciales.
Y más allá de eso, las declaraciones muestran claramente como los nombramientos y ceses dependen no de procesos meritocráticos sino de intrigas, alianzas e intercambio de favores entre fiscales, haciendo uno de la prensa cuando resulta conveniente.
Hemos señalado que todos los involucrados en estos trasiegos tienen que salir. La Junta Nacional de Justicia debe proceder. Acto seguido, los juicios por donaciones de campaña, que no eran delito, deben cesar, para restablecer la paz política en el país.
Más allá de esto, es hora de revisar la manera de nombrar a los magistrados.
José Luis Sardón ha propuesto retornar al sistema establecido en la Constitución del 33, donde los vocales y fiscales de la Corte Suprema eran elegidos por el Congreso entre diez candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Los magistrados supremos provenían, entonces, de un acuerdo transparente entre los poderes elegidos.
Pablo Bustamante propuso en su momento la formación de una comisión especial de juristas de alto nivel con poderes absolutos para cesar y nombrar magistrados y proponer mecanismos institucionales que ayuden a alcanzar instituciones eficientes, probas y meritocráticas.
Este es el momento para un acuerdo político que lleve a regenerar el sistema de justicia. Lampadia
