Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
La defensa de Pedro Castillo en el Congreso insistió en el mismo absurdo argumento que la de Martín Vizcarra en su momento, sosteniendo que no existen pruebas judiciales en su contra. En verdad, nunca pueden existir ese tipo de evidencias en contra de un presidente de la República por la sencilla razón de que es inimputable. Es decir, no puede ser procesado mientras está en el ejercicio del cargo. Por tanto, es imposible obtener pruebas judiciales.
Si podría ser investigado, como han argumentado varios juristas, porque si se espera cinco años para realizar las pesquisas, las evidencias desaparecerán y los testigos con toda probabilidad serán amedrentados o sobornados o desaparecidos.
Pero la fiscalía, con un enorme poder ahora que está vigente el nuevo Código Procesal Penal, está en manos de una argolla instalada ahí por el Lagarto, la mafia caviar y los medios de comunicación afines -la coalición vizcarrista-, sobre todo desde enero de 2019, cuando defenestraron a Pedro Chávarry con una feroz campaña de difamación y entronizaron a la muy cuestionada Zoraida Ávalos.
Ahora se da la incomprensible realidad que solo existen dos fiscales supremos, Pablo Sánchez, un acólito de la mafia caviar -que, además, está muy enfermo-, y Zoraida. Los otros miembros de la Junta de Fiscales fueron destituidos irregularmente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y nunca fueron reemplazados por ese organismo, fabricado por los caviares y Vizcarra con la anuencia del Congreso de aquel entonces, que terminó sometiéndose al Lagarto para luego ser indigna e ilegalmente disuelto.
La vacancia es un juicio político, que se emplea en los sistemas presidencialistas para resolver una crisis política grave. En realidad, la decisión no depende finalmente de la inocencia o culpabilidad del presidente, sino de si existen los votos necesarios en el Congreso para destituirlo.
En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, las denuncias se produjeron en medio de un revuelo enorme provocado por las revelaciones acerca de la corrupción promovida por Odebrecht y otras empresas brasileras, junto a sus socios peruanos del club de la construcción. No obstante, nunca se le acusó de haber recibido una coima -como a Vizcarra y Castillo-, sino de haber realizado negocios que podían ser éticamente discutibles. Por eso hasta ahora, después de cuatro años de prisión, los fiscales politizados y prevaricadores ni siquiera pueden formular una acusación en su contra. Sin embargo, debido a la impericia política de su gobierno, no pudo evitar su caída.
En el caso de Castillo, los indicios de negociados y de corrupción en solo ocho meses son abrumadores. Su desastroso gobierno está manchado por múltiples denuncias a prácticamente todos sus integrantes. Y lo peor, está plagado de herederos de Sendero Luminoso y el MRTA, y con públicos vínculos con socialistas del siglo XXI bolivianos, venezolanos y cubanos.
No obstante, gracias a la compra de congresistas -como dicen, por ejemplo, Jaime de Althaus (Lampadia, 30/3/22) y Aldo Mariátegui (Perú21, 29/3/22)-, Castillo se mantiene en el gobierno.
En esa situación, es indispensable que todas las instituciones y los ciudadanos reaccionen y, con todos los medios a su alcance, y hagan lo necesario para acabar con el más nefasto gobierno de la historia de la república, antes que la gavilla encaramada en él acabe con el Perú como país soberano.
Otrosí digo. Esta columna dejará de publicarse algunas semanas por vacaciones del autor. Lampadia
