Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia
A lo largo de su historia el Perú ha padecido múltiples amputaciones territoriales. Luego de consolidada la independencia, ya sin el Alto Perú, la sufrida como consecuencia de la guerra del Pacífico fue las más traumática. Una vez consolidados e internacionalmente reconocidos los límites actuales, es difícil imaginar amputaciones territoriales adicionales.
Sin embargo, en un mundo dominado por las grandes potencias y por organizaciones internacionales que responden a intereses foráneos, infligir pérdidas de soberanía no requiere cercenar territorios sino arrebatarles a su titular prerrogativas sobre los mismos. El eventual tratado de Escazú es un ejemplo de ello. Si no fuera por el maquillaje de su retórica tramposa, ese instrumento de colonización evidenciaría con diáfana transparencia su propósito grotesco. El objetivo de este artículo es desnudar ese latrocinio en cierne.
Existe un claro antecedente del expolio que se pretende con el tratado de Escazú. Apareció refundido como accesoriamente en un documento de la USAID denominado “Estrategia de la Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo del Perú, 2012 – 2016”. En él se sostiene que: “La cuenca Amazónica del Perú, el cuarto bosque tropical más grande del mundo y uno de los que aloja la mayor biodiversidad, constituye un bien público mundial.” Que yo sepa, ningún funcionario del Estado Peruano ha protestado hasta la fecha.
Remontémonos a un asunto análogo que demuestra cuán pernicioso resulta actuar desaprensivamente frente a la interferencia extranjera, aparentemente inocua, pero en el fondo muy mal intencionada: En 1954, ante la presencia de flotas balleneras en las costas occidentales de Suramérica, el Perú firmó un acuerdo pesquero con Chile en el que se acordó utilizar un paralelo geográfico para diferenciar las áreas marítimas que cada país patrullaría. Décadas después, la corte internacional de La Haya se apoyó en ese convenio para argumentar que el límite marítimo entre ambos países era dicho paralelo. Así, el Perú perdió parte de los derechos marítimos que la recuperación de Tacna implicó en 1929.
La pretensión oculta del acuerdo de Escazú es someter al dominio internacional la Amazonía. Eso explica que Estados Unidos y Canadá, que dicho sea de paso no tolerarían tutela alguna, no formen parte del acuerdo. Eso explica también la proclividad con la que algunas repúblicas caribeñas que, obviamente, no poseen territorios Amazónicos, se hayan constituido en vulgares alabarderos del proyecto.
Al leer los objetivos del eventual tratado parecería que Estados como el peruano desconocieran una serie de derechos.
- ¿Atenta el, acaso, Perú contra el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información ambiental y a la participación pública en los procesos de toma de decisiones?
- ¿Impide el Estado el acceso a la justicia en asuntos ambientales?
- ¿Desprotege el Estado peruano el derecho de cada persona, o el de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano?
- ¿Es contrario el Perú al desarrollo sostenible?
No, cuatro veces no.
La verdadera finalidad, entonces, no está en la engañosa retórica de los supuestos objetivos del tratado, sino oculto en la sección resolutiva del mismo. A saber:
Primero: Encargar a la tristemente célebre CEPAL, aquella nefasta institución que impulsó las políticas de sustitución de importaciones que tanto entorpecieron nuestro progreso en el pasado, la articulación de la sujeción de los países miembros a la tutela de las organizaciones internacionales. El sólo hecho de su selección desnuda el trasfondo económico del tema: la CEPAL es la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. Nada tiene que hacer dicha institución con el derecho medioambiental.
Segundo: Obligar a los países que ratifiquen el acuerdo a someterse a los tribunales internacionales, los mismos que se constituirían en última instancia ambiental, por encima de la jurisdicción nacional. El Estado peruano dejaría de tener autonomía, incluso, respecto al futuro de Tía María, Cañariaco, La Granja, Cerro Blanco, el puerto San Martín, o la cuota de captura anual de pesca. Asimismo, una instancia judicial extranjera sería la que finalmente decidiría la pertinencia ambiental de cualquier futuro aprovechamiento energético en la amazonia, de cualquier trasvase trasandino o de cualquier esfuerzo colonizador en la selva alta, etc.
Tercero: Alternativamente, el acuerdo otorgaría poder a los países miembros (Barbuda, Granada, Nicaragua, Haití, Uruguay, etc.) para someter a arbitraje cualquier controversia ambiental que consideren no haber sido adecuadamente resuelta por la justicia peruana.
La figura 1 es el mapa elaborado por Antonio de Herrera en 1601 en el que aparece el meridiano que, en virtud del tratado de Tordesillas de 1494, dividía los territorios de España y Portugal en el nuevo Mundo.
El gráfico de la figura 2 muestra, de derecha a izquierda, cómo se ha ido reduciendo la soberanía peruana desde el siglo XVI hasta el presente. El extremo izquierdo de esta figura muestra cuál sería el resultado ineludible del acuerdo de Escazú en materia de soberanía ambiental en nuestra Amazonía, aunque como se ha adelantado, la injerencia extranjera abarcaría, en realidad, la totalidad de nuestro territorio.
Debe recordarse que muchos hombres de uniforme dieron la vida defendiendo nuestra Amazonía en conflictos como el de Falsa Paquisha, y el Cenepa, para mencionar sólo los más recientes.
Lo grave de este pretendido desmedro de soberanía, de esta desperuanización de nuestra selva radica en que no nos habría sido impuesta por la fuerza como sucedió en las circunstancias anteriores, sino que sería el resultado de la pusilanimidad del endeble gobierno de turno. Es realmente desalentador e indignante constatar el grado de degradación al que se han rebajado algunos funcionarios para perpetrar semejante afrenta al Perú.
¿Enajenaría Chile su discrecionalidad soberana en materia ambiental respecto a Tierra del Fuego? ¿Harían lo propio los Estados Unidos respecto a los Everglades de la Florida o el Canadá respecto a su tundra? ¿Por qué deberíamos ser menos que ellos? ¿Qué complejos aquejan a las actuales autoridades peruanas?
Desde que en marzo de 1922, luego de un siglo de conflictos y escaramuzas, y presionado por los Estado Unidos, el Perú firmó el tratado Salomón-Lozano mediante el cual entregamos vastos territorios a Colombia, no enfrentábamos un revés como el que ahora se cierne sobre nuestra patria. Qué triste terminar perdiendo derechos que tanto sacrificio y tantas vidas costó defender por culpa de la ineptitud de las autoridades peruanas.
Nuestro país, consciente de la gran diversidad ecológica que su Amazonía encierra, de la variedad climática de sus Andes y de la riqueza ictiológica de sus aguas litorales, que compensa la aridez de sus desiertos costeros, tiene la obligación de proteger su territorio y ser cuidadoso respecto a su aprovechamiento. Pero, por eso mismo, también tiene el deber de no enajenar su soberanía. Lampadia
