Jaime de Althaus
Para Lampadia
Los retos que impone al Estado y a la sociedad la contención del coronavirus podrían ayudarnos a convertir esta crisis en oportunidad si aceleramos los cambios necesarios e incluso damos respuestas creativas y lanzamos cruzadas que rompan los moldes tradicionales.
Reforma del SIS y de la salud
Por supuesto, el virus nos coge con servicios de salud muy deficientes, sin que hayan sido reformados. Lo más importante, claro, son las políticas de distanciamiento social, pero estas se extreman, en parte, por la precariedad de nuestro sistema de salud. Acondicionar en la emergencia los hospitales supone, nos dicen los doctores Patricia García y Moisés Rosas, comprar urgentemente equipos respiradores y equipos de bioseguridad para la protección del personal, y capacitarlo para manejar los protocolos. También ventiladores mecánicos, sistemas de ventilación con extracción.
Pero esta experiencia debería servir para reformar de una vez el sistema de salud, no solo para estar preparados siempre ante una emergencia, sino para atender a la población en sus problemas corrientes de salud, acaso más letales que el coronavirus. Se supone que el sector se encuentra justamente trabajando un nuevo modelo de gestión y de pago en el SIS no solo para poder atender a los 4 millones de peruanos adicionales que tienen ahora cobertura, sino para atender bien a los asegurados actuales, que en un porcentaje apreciable no se llevan sus medicamentos gratis ni se les resuelve el problema de salud. Es indispensable pasar a un modelo por el cual el SIS pague a los establecimientos no por número de atenciones como es ahora –incentivando el sobregasto y la corrupción- si no por el logro de metas relacionadas esos dos objetivos: porcentaje de pacientes que se llevan todos los medicamentos gratis y que resuelven su problema de salud.
Este es el momento para hacer esa reforma, así como otras vinculadas al intercambio prestacional con Essalud y a la integración de todos los prestadores –incluyendo los privados- en las redes sanitarias. Y concesionar hospitales.
Es el momento para establecer una estrecha colaboración público-privada no solo en la prestación, sino en el abastecimiento de medicamentos e insumos. La reforma de la Digemid, núcleo de trabas y demoras para el otorgamiento de registros sanitarios, cae de madura.
Agua potable, EPS y agua purificada
Otro tema que ha saltado a la vista es el hecho de que más de 7 millones de peruanos no pueden cumplir con la recomendación básica del frecuente lavado de manos con agua y jabón para prevenir el contagio, por la sencilla razón de que carecen de agua potable corriente en sus casas, a los que hay que agregar los millones que solo disponen de agua potable domiciliaria pocas horas al día. Son 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales que consumen agua no potable proveniente de la red pública, según el Instituto de Economía de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.
Esto ocurre pese a que el Estado gasta 5 mil millones de soles al año en obras de agua y saneamiento, dinero que literalmente se echa al agua porque la mayor parte de las empresas municipales de saneamiento (EPS) están muy mal gestionadas o son corruptas y son incapaces de mantener las redes de agua y plantas de tratamiento. El resultado es que hay obras que no se terminan o se terminan y no se mantienen. Esto es un crimen en un país pobre como el nuestro. Es el momento, entonces, de tomar el toro por las astas y hacer lo que se debe que hay que hacer: intervenir esas empresas, agruparlas quizá por regiones y concesionar algunas de ellas cuando el Estado no tenga la capacidad de gerenciarlas. Lo que interesa es que la gente tenga agua de calidad.
También podría organizarse una cruzada de voluntarios para llevar agua limpia y purificada a las familias rurales y urbano marginales. Existen tecnologías bajo costo para purificar el agua e incluso para extraer agua de la niebla, que aparentemente están fuera del radar del ministerio de Vivienda. Por ejemplo, el nano filtro, que cuesta 300 soles y que se puede instalar a partir de un minireservorio familiar que de agua para la agricultura y también para consumo del hogar, tal como lo hace Sierra Productiva de Carlos Paredes. No se necesita grandes proyectos de plantas de agua potable que cuestan caro luego se abandonan.
Lo mismo se puede hacer en las escuelas rurales, la mayor parte de las cuales carecen de agua potable.
Habría que convocar a expertos para ver qué soluciones podrían aplicarse en los cerros de Lima, por ejemplo.
Por supuesto, la pandemia es la ocasión, también, para instaurar la cultura de la salubridad e higiene en todos los locales públicos y privados, y en las personas.
Teletrabajo y formalización laboral
El tema más inmediato es, como ya saltó, el teletrabajo. Pero, escribe el laboralista Germán Lora (El Comercio, 11-3-20), “nos damos con la ingrata realidad de la poca flexibilidad para la utilización de esta figura, pues además de exigir un acuerdo por escrito, se requiere una capacitación previa y el establecimiento de un monto de compensación económica, entre otros aspectos formales”. Podría darse un decreto de urgencia para facilitar esta figura que, luego, pasada la emergencia, permita acelerar la adopción de una modalidad que ya es tendencia mundial y puede tener impactos muy positivos en el rendimiento laboral y en la vida familiar.
Esto nos lleva al tema de la necesidad de retomar el objetivo de la formalización del trabajo. La informalidad sencillamente no puede practicar el teletrabajo, como es obvio. Un trabajo formal protege mucho más que uno informal, incluso y sobre todo frente a situaciones como la que vivimos. Como señala José Ignacio Beteta de Contribuyentes por Respeto, para eso se deberían reducir cargas a las planillas, que hay varias que son inútiles. “Quitando carga a la planilla, se alivia esta crisis”, escribió. Es hora de pensar en quienes no tienen derechos laborales.
Sistema de pensiones
Hugo Coya (El Comercio 14-3-20) hace notar cómo el avanzado sistema de protección social europeo a los adultos mayores o ancianos, que son las principales víctimas de esta pandemia, no alcanza para protegerlos, y sufren situaciones límite. Pues bien, en el Perú ni siquiera tenemos sistema de pensiones, y lo que tenemos lo estamos destruyendo con leyes como la del 95.5. Mejor dicho, menos de la tercera parte de la población accede o accederá a una pensión, y una parte de ese pequeño porcentaje ni siquiera la tendrá porque la habrá retirado íntegramente al cumplir 65 años o antes.
Urge aprobar una reforma integral del sistema de pensiones, que incluya la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años aporte automáticamente a su cuenta individual pensionaria un pequeño porcentaje del IGV que paga cuando compra algo. Esto no solo universalizaría el sistema, sino que llevaría a una mayor formalización porque todos demandarían facturas. Sería una innovación global.
Colaboración público-privada
Todo esto nos debería llevar a institucionalizar la colaboración público privada en general para facilitar la inversión privada en todos los sectores de la economía, como una manera de remontar el golpe que nuestra economía va a sufrir como consecuencia precisamente de las medidas de contención que se están adoptando. Es el momento de unir al país, y parte de la unión es también la que debe haber entre el sector público y el privado. Sería un cambio cultural. No podemos tener ministros o ministras enfrentados a sus sectores productivos. Las mesas ejecutivas son una buena experiencia. Deberían generalizarse.
La magnitud del desafío obliga a pensar fuera de la caja y de los moldes tradicionales de actuación.
Amen.
Lampadia
