Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Desde hace algunos años, la industria extractiva en el Perú, se está viendo seriamente afectada por nuestra inestabilidad jurídica y política. Este fenómeno se produce porque lo que estaba claramente normado por la legislación peruana, se está poniendo en tela de juicio y, de ahí en adelante, una transacción comercial de compra-venta de una propiedad, ha dejado de ser un hecho jurídico perfeccionado mediante un contrato, un pago debidamente acordado e inscripción en registros públicos de tal transacción.
Recordemos que para que se pueda realizar la compra-venta de un terreno comunitario para fines mineros, la legislación peruana exige que se realicen talleres participativos en asamblea comunal y se obtenga la aprobación de cuando menos, dos tercios de los miembros debidamente empadronados de esa comunidad.
Estas asambleas se realizan siguiendo las normas de la comunidad bajo la dirección de su junta directiva, en el idioma en que se maneja esa comunidad y los acuerdos quedan registrados y firmados por todos y cada uno de los miembros de la comunidad que asistieron y dejando constancia de los que dieron su aprobación, en el libro de actas de la comunidad. Ese libro de actas está redactado por su propia directiva y no por un tercero, menos aún por la empresa compradora y es exigencia básica de los registros públicos para inscribir la transacción y la propiedad.
Por otro lado, las personas naturales y jurídicas, nos regimos por la Constitución y las leyes del Perú, y en ellas está claro que el subsuelo es propiedad de la Nación. En consecuencia, el subsuelo y sus riquezas, son propiedad de los 33 millones de peruanos. Por lo tanto, sólo el suelo o terreno superficial, es propiedad individual o colectiva de los individuos o comunidad ahí asentados, quienes tienen pleno derecho a negociarlo y transferirlo.
Décadas después de haber acordado legalmente una serie de compra-venta de terrenos, hoy aparecen dirigentes de comunidades reclamando que esas transacciones no son válidas, que han sido engañados, pues nadie les explicó cuál era el valor del subsuelo, que no hablaban castellano y que no comprendían los términos legales, como si no hubiesen intervenido múltiples abogados de la comunidad, etc.
No dicen que previamente han exigido el pago de esa transacción en más de una oportunidad. En algunos casos recientes, han cobrado dos veces por el mismo terreno, en otros casos, han hecho permuta de terrenos con otros de menor altitud, mejor irrigados, con mejores características para la actividad agrícola que ellos reclamaban querían sostener, independientemente de un pago en efectivo (aunque hay casos en los que han aparecido hasta cinco “pisos” de posesionarios, quienes han cobrado por lo mismo, como si se tratara de transacciones sobre bienes diferentes).
Ya el más reciente de todos los argumentos es que, “las reglas han cambiado”, aunque nadie dice por mandato de qué norma legal. Que a los miembros de la comunidad se les debe reconocer una participación en el valor del subsuelo.
Finalmente, los miembros de la comunidad de Huancuire, se han juntado con Hernando de Soto, para pretender que las reglas de nuestra Constitución, ya no son aplicables. Que debe aplicarse el “Huaqui”, para que las comunidades sean socias de la empresa minera y que vayan en partes iguales con las ganancias de la operación, asumiendo en conjunto los impuestos al Estado.
Me preocupa que Hernando de Soto desestime el espacio, tiempo histórico de los acuerdos y transacciones comerciales ejecutadas en el pasado, así como la correcta aplicación de las leyes vigentes. Que se preste, para en base a su prestigio personal, se genere, irresponsablemente en mi opinión, expectativas sobre cosas que están fuera de lugar. Y que, a menos que esté apoyando también ideas dictatoriales, requeriría un cambio constitucional, que como sabemos, sería de aplicación hacia el futuro, pero nunca de forma retroactiva.
El problema no está en la elaboración de los conceptos vertidos en su libro “El misterio del capital”, sino en el marco jurídico y constitucional en el que pretende que se apliquen.
Si nuestra constitución dijese que el propietario de un terreno, es a su vez propietario de todo lo que hay en el subsuelo, las negociaciones hubieran sido distintas, el Estado no tendría derecho al cobro de regalías, las evaluaciones de los proyectos también hubieran sido diferentes, los valores de las empresas al listarse y transarse en las bolsas de valores, también hubieran sido otros.
Lo que no se puede hacer, es pretender que nada ocurrió en el pasado, que todos los hechos económicos que se dieron en base a ciertos criterios y conceptos legales, no existieron y que la vida comienza recién ahora. Peor aún, que los acuerdos y transacciones que se realizaron, no ocurrieron, que los pagos recibidos no se ejecutaron o aún peor, no contemplar el costo de oportunidad de una transacción hecha hace muchos años, pretendiendo someterla hoy a una “revisión de validez”. ¿Qué estado de derecho es éste?
Lo más interesante para este “caso de estudio”, es que el Estado se pone de perfil y no aplica el imperio de la ley. Que los ex propietarios de los terrenos vendidos, los vecinos o los pobladores de los alrededores a las carreteras y vías de acceso, moradores distantes del yacimiento, también reclaman participar del valor del subsuelo y para imponer su criterio, invaden propiedad privada, incendian instalaciones y equipos o bloquean carreteras.
Lo cierto es que todos ellos, impiden al actual propietario de los terrenos, el legítimo y libre ejercicio de las labores para las que la empresa fue autorizada por el Estado, después de años de gestiones, múltiples permisos, consulta previa, talleres participativos, acuerdos sociales múltiples con las comunidades, pago de ayudas sociales negociadas, etc., para que ahora, el Estado mire para otro lado, sin respaldar el derecho que asiste al propietario.
Y entre tanto ¿quién se responsabiliza por este daño a los 33 millones de peruanos, que no recibimos el beneficio de la adecuada explotación de nuestros recursos? Recordemos que la Industria Minera, es la única con el potencial suficiente para generar los recursos, en el volumen y con la velocidad suficiente, para cubrir, urgentemente, las brechas sociales que tenemos en el Perú y nadie tiene derecho a sabotear nuestra posibilidad de recuperación.
Por otro lado, ¿Con qué cara podemos entonces convocar a la inversión privada, nacional e internacional? La pena es que, la palabra empeñada de las comunidades y el Estado peruano, entre otros, no vale nada.
Quién sabe si lo misterioso no está en el capital, sino en este raro concepto de “(falta de) respeto a la institucionalidad”, donde sólo unos deben cumplir la ley y los acuerdos, mientras otros no. Visto así, todo indicaría que podríamos vivir en un país con un “mini Estado”, ya que éste ni siquiera es capaz de hacer cumplir la ley, y así ganamos todos. ¿Qué les parece? Lampadia
