Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz en La Libertad debería servir de laboratorio para poner en práctica estrategias eficaces que luego puedan ser replicadas. Aunque se produzca un cierto efecto globo si tienen éxito.
Las realidades y las modalidades criminales son distintas.
Trujillo es principalmente el reino de la extorsión, y eso requiere una estrategia basada en la inteligencia y la investigación policial (lo que requiere recursos y tecnología), y en la alianza con los gremios y los sectores extorsionados. Las autoridades locales tienen que jugar un papel en esto último. Por supuesto, supone afiatar las relaciones entre policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial e introducir cambios legales que flexibilicen el carácter garantista del Código Procesal Penal mientras no tengamos buenos laboratorios de criminalística, y extender los periodos de investigación policial.
En Pataz lo que tenemos es minería ilegal y bandas criminales dedicadas al robo de mineral, a la voladura de torres de tensión o a la minería ilegal directamente. Allí hay que introducir una primera separación clara entre los mineros -sean formales, informales o ilegales- de un lado, y las bandas criminales, de otro. Los mineros, de cualquier condición, son comuneros, pertenecen a comunidades campesinas. Las bandas criminales vienen de la costa y algunas del extranjero. Uno puede suponer que los intereses de las comunidades -y sus mineros- pueden ser contradictorios con los de las bandas criminales.
Entonces el comando militar que allí se establezca debe empezar por realizar un análisis muy fino de quién es quién y en qué medida sería posible acercarse a las comunidades para plantearles una alianza contra esas bandas criminales, ofreciéndoles no solo seguridad sino apoyo en formalización, capacitación y compra del mineral, y en obras y servicios públicos. Esto último supone un trabajo conjunto con el gobierno regional y los gobiernos locales, y con las empresas mineras.
Pero el apoyo en formalización supone haber avanzado en la definición de un plan nacional de formalización de la minería informal, algo absolutamente necesario y urgente dando el hecho de que el Reinfo vence a fines de año y no debe ser prorrogado, porque no funciona. El problema es que tal plan no existe.
El 2020 el Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, contiene una descripción del problema de la informalidad minera y unos lineamientos de solución, a un nivel relativamente general.[1]
El 2022 en MINEM publicó una Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal,[2] pero aún no aterriza en un plan concreto.
En diciembre se creó una “Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente”,[3] dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyos avances no se conocen.
El Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico acaba de publicar un estudio muy completo titulado “Hacia una mejor Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el Perú”,[4] que contiene propuestas concretas pero muy confiadas en la capacidad de los gobiernos subnacionales cuando quizá se necesite una unidad ejecutiva nacional con poderes para llevar a cabo un plan complejo que requiere mucha capacidad de gestión.
Carlos Gálvez publicó en Lampadia hace unos días un artículo[5] explicando como el Banco Minero en el pasado ayudaba a los pequeños mineros gestionar contratos de cesión, contaba con geólogos, ingenieros de minas y metalurgistas que daban asistencia técnica, y con laboratorios para verificar el contenido metálico de las muestras; vendía a los pequeños mineros todos los elementos (suministros, herramientas y equipos) para sus operaciones, incluyendo la venta de explosivos. Tenía incluso plantas concentradoras y un departamento comercial, que valorizaba los concentrados o metales de los clientes mineros y los comercializaba. Sería bueno rescatar esa experiencia.
En el Congreso los mineros informales tienen un proyecto de ley que entra también en todos los aspectos del problema, pero tiene que ser contrastado con otras visiones.
Hay que avanzar en la definición de un plan nacional permanente de formalización, pero mientras tanto hay que aplicar una respuesta en Pataz que puede servir de ensayo.
También para combatir la minería ilegal, donde la mejor solución no es policial sino económica: restarle insumos tales como los explosivos y otros conversando con las pocas empresas que los abastecen, y controlar o intervenir las plantas procesadoras respectivas.
Nada de esto es fácil. Se requiere conciencia, entendimiento del problema y liderazgo. Y un buen equipo. Rómulo Mucho podría ayudar, conversando con el estado mayor de las fuerzas armadas, para que la estrategia que se aplique en Pataz sea inteligente y efectiva. Lampadia
[1] Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/604264/INFORME_FINAL_DE_LA_COMISI%C3%93N_PARA_EL_DESARROLLO_MINERO_SOSTENIBLE.pdf
[2] Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3456252/POL%C3%8DTICA%20NACIONAL%20MULTISECTORIAL%20PARA%20LA%20PEQUE%C3%91A%20MINER%C3%8DA%20Y%20MINER%C3%8DA%20ARTESANAL.pdf.pdf
[3] https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2248826-2
[4] https://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2024/184/hacia-una-mejor-formalizacion-de-la-mineria-artesanal.pdf
[5] https://www.lampadia.com/analisis/mineria/extraccion-ilegal-de-minerales/
