Comisión de Energía y Minas amenaza profundizar los problemas que dice resolver
Raúl Benavides
Director de Minas Buenaventura
Para Lampadia
La propuesta congresal de modificación de la Ley General de Minería, lejos de representar un avance para el sector, muestra una preocupante desconexión entre el diseño normativo y la realidad operativa de la industria en el país.
Bajo el argumento de fortalecer la actividad minera, el proyecto introduce medidas que, en la práctica, fomentarían la informalidad, desalentarían la inversión y ampliarían los márgenes de discrecionalidad estatal.
El análisis detallado del documento revela un patrón reiterado: soluciones regulatorias que no abordan los problemas estructurales, pero sí añaden nuevas capas de complejidad.
Veamos:
Artículo 39: el costo de incentivar la evasión
El incremento del derecho de vigencia podría tener un efecto contrario al esperado. En lugar de promover formalidad, abre la puerta a esquemas de fragmentación artificial de concesiones y uso de terceros para reducir el pago de las vigencias en los niveles más altos.
La experiencia muestra que cuando los costos regulatorios aumentan sin considerar la capacidad real del sector, los incentivos se distorsionan. El resultado previsible: más opacidad, más especulación y menos inversión en exploración.
Artículo 40: una norma desconectada del terreno
Quizá uno de los puntos más críticos es la exigencia de poner en producción una mina en un plazo de 10 años. En un contexto de alta carga burocrática, esta meta no solo es ambiciosa, sino irreal.
A ello se suma una contradicción de fondo: se exige inversión sin garantizar acceso efectivo al terreno. Además, la diferenciación de exigencias según el tamaño de la concesión podría incentivar la fragmentación empresarial, debilitando la eficiencia operativa.
El mensaje implícito resulta preocupante: se penaliza la gran minería formal mientras se abren espacios para esquemas menos transparentes.
Artículos 42 y 42-A: diagnóstico errado y más burocracia
La propuesta parte de una premisa cuestionable: que el incumplimiento de producción mínima responde a decisiones empresariales arbitrarias. En realidad, factores como el agotamiento del recurso o condiciones económicas adversas son determinantes.
En lugar de incentivar la exploración continua, se opta por penalizar. Y como complemento, se introducen nuevos requisitos administrativos —como planes de trabajo— que, en la práctica, podrían convertirse en herramientas de control discrecional.
Artículo 59: más litigios, menos certezas
Al trasladar decisiones clave, como la caducidad de concesiones, al ámbito de interpretación burocrática, se incrementa el riesgo de judicialización. El sector podría enfrentarse a una ola de litigios y arbitrajes, con el consiguiente impacto en la seguridad jurídica.
Además, la norma abre la puerta a justificar incumplimientos mediante factores externos sin resolver los cuellos de botella reales del sistema.
Artículo 9: entre el asistencialismo y el riesgo financiero
Uno de los puntos más cuestionables es la propuesta de incorporar mecanismos financieros —incluyendo la entrega de acciones— a poblaciones locales. Aunque presentada como una herramienta de inclusión, la medida parece ignorar una realidad evidente: la falta de educación financiera en sectores vulnerables.
Lejos de empoderar, la iniciativa podría exponer a estas comunidades a fraudes y malas prácticas. La crítica es directa: lo que necesitan estas poblaciones no son instrumentos financieros complejos, sino empleo digno y desarrollo local tangible.
Artículo 10: más norma, menos solución
La inclusión de disposiciones redundantes refuerza la percepción de una propuesta sobrerregulada. En un sector ya marcado por la complejidad normativa, añadir artículos sin impacto real solo contribuye a la confusión y a la ineficiencia.
Una reforma en la dirección equivocada
El balance general es claro: la propuesta no fortalece la institucionalidad ni promueve una minería más competitiva y sostenible. Por el contrario, introduce distorsiones, incrementa la burocracia y genera incentivos perversos.
En un país donde la minería sigue siendo un motor clave de desarrollo, la pregunta es inevitable: ¿por qué reformar lo que funciona sin resolver lo que realmente no funciona?
El riesgo no es menor. Bajo el pretexto de modernización, la reforma podría terminar debilitando el sector formal y consolidando las mismas prácticas que busca corregir.
Da la impresión que la comisión de minería del congreso no trabaja por el desarrollo sostenible del país y el mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos, sino por el contrario, parece que trabaja para intereses no claros de unos pocos.
Lampadia
