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Lima-Perú, 26/04/2021 a las 10:04am. por Jaime de Althaus

La propuesta de Castillo empobrecerá al Perú

“Nacionalizar” la minería anulará toda inversión minera

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al día subsiguiente de la primera vuelta, el candidato Pedro Castillo declaró: “En el marco de una nueva constitución, rescatemos los recursos estratégicos del Perú. Que el gas de Camisea sea para los peruanos. Hay que nacionalizar el gas de Camisea, el oro, la plata, el uranio, el cobre, el litio que acaba de entregarse a otros países, tiene que ser para los peruanos.”

Quizá consciente de que solo una tercera parte de la población quisiera cambiar el modelo económico (ver última encuesta de IEP), el candidato Pedro Castillo intentó luego moderar su discurso en RPP el viernes último. Explicó que "hay que saber distinguir" entre nacionalización y estatización. "Lo primero lo que tenemos que hacer es revisar los contratos con las grandes empresas transnacionales. Agotaremos todo tipo de diálogo, …y, de no ser así, es el pueblo el que tiene que tomar la decisión correcta".

¿Cuál es la decisión correcta que tomaría el pueblo? ¿Cómo la tomaría? Quién tomaría la decisión es él, convertido en pueblo. Y consistiría en “volver los recursos a su nación", y el Estado convocaría "a la empresa privada nacional para que nuestros empresarios nacionales hagan ese esfuerzo y generen no solamente riqueza, sino empleo…”.

Es decir, si las transnacionales no aceptan las nuevas condiciones, las empresas pasarían a manos de empresarios nacionales. Es lo que se entiende. ¿El Estado expropiaría esas empresas para regalarlas a empresarios nacionales? Eso sería patrimonialismo puro, apropiación privada de bienes públicos. Un delito. Los empresarios peruanos tendrían que comprarlas, o pagar el justiprecio. ¿Qué empresario nacional podría pagar una inversión que cuesta varios miles de millones de dólares?

Evidentemente esas empresas quedarían en manos del Estado. Serían estatizadas, cumpliendo lo establecido en el plan de gobierno de Perú Libre, que contempla estatizar el gas y todas las empresas mineras, y otras.

Cabría la posibilidad, sin embargo, según lo explicado por Castillo, que su gobierno llegue a un acuerdo con las empresas mineras y transnacionales. ¿En qué consistiría? No lo explicó. Podría ser la fórmula boliviana: las empresas ya no son propietarias del mineral que extraen, sino que solo dan el servicio de extraerlos, y luego deben comprárselo al Estado un precio alto establecido. Es el modelo boliviano de nacionalización del gas, que le trajo efectivamente más ingresos fiscales a Bolivia, pero a costa de anular la inversión en exploración, con la consecuencia de que las reservas de gas se están agotando y ahora el déficit fiscal se eleva.

Es la resaca luego de la borrachera. La de siempre. Lo mismo pasaría acá. El Estado tendría más ingresos, pero ya no habrá más inversión minera. El enorme potencial que tenemos, multiplicado por un precio creciente del cobre, que podría ser la gran palanca de nuestro desarrollo e industrialización, se echa por la borda.

Castillo ha señalado en otra ocasión que esas empresas solo dejan el 30% de sus utilidades en el Perú y que debería ser al revés: deberían dejar el 70% o más. El efecto sería exactamente el mismo. Más ingresos en el corto plazo a cambio de mayor pobreza después, porque no habría más inversión.

En efecto. Castillo no toma en cuenta que lo del 30% no es cierto. Las empresas mineras aportan como mínimo el 47% de sus utilidades. Pues al impuesto a la renta que pagan esas empresas, que es el mismo que para toda la economía -29.5%-, se suman las Regalías Mineras, el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM). El hecho es que en el Perú las empresas mineras pagan más impuestos a las utilidades que todos los países competidores mineros, como podemos ver en el siguiente gráfico:

De hecho, las empresas mineras en el Perú pagan bastante más que el promedio de otros países y bastante más que en Chile, que es nuestro competidor directo. Es obvio que, si subimos aún más la tributación, y peor aún si la llevamos a 70% u 90%, como se ha mencionado, sencillamente no se producirá ninguna inversión minera más. Dejaríamos de lado el gran recurso que tenemos para convertirnos en un país desarrollado. Sería criminal. Lampadia

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