El gobierno de PPK, adscribiendo a la idea de desarrollar en paralelo la actividad minera y la situación socioeconómica de las zonas vinculadas al sector, ha adoptado el ‘Adelanto Social’. Un enfoque muy razonable. El financiamiento del programa socieconómico se haría ‘adelantando’ parte de los recursos financieros que generaría la operación minera.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, como explica Rafael Valencia Dongo líneas abajo, eso no es suficiente para lograr la aceptación de los proyectos mineros, que son víctimas de acciones políticas e ideológicas anti minería (cómo el pos-extractivismo) o mecanismos de búsqueda de rentas o estrategias de desarrollo de carreras políticas. Ver en Lampadia: Recursos Naturales y Desarrollo
Además de la aceleración del desarrollo socioeconómico, las acciones anti inversión deben ser combatidas con instrumentos que respondan a la naturaleza de las mismas. Lamentablemente, el gobierno estaría enfocándose exclusivamente en el ‘Adelanto Social’ y distorsionándolo.
Peor aún, el gobierno esta distribuyendo recursos a ciertas comunidades, como en el reciente caso de Cajamarca, bajo el nombre de ‘Adelanto Social’, sin vincularlos al desarrollo de ningún proyecto minero. O sea, se están regalando recursos y malogrando la supuesta estrategia y agravando la posibilidad de resolver el entrampamiento de las inversiones. Este despropósito es lo único que ha puesto sobre la mesa el ministerio de Energía y Minas del gobierno de PPK.
¡No se puede malograr así una buena idea, ni pensar que es lo único por hacer!
Conflictos Socio-ambientales
¿Solucionando muy bien el problema que no es?
Rafael Valencia-Dongo, Presidente del Grupo Estrategia
Para la Revista Stakeholders
La práctica en la prevención y solución de los conflictos socio ambientales pareciera señalar que los negativos índices socioeconómicos –referidos a las necesidades básicas insatisfechas, población en situación de pobreza, falta de penetración de los servicios de agua y desagüe, desigualdades en la renta, entre otros- son el combustible directo para la generación de conflictos sociales en contra de la inversión en proyectos que explotan los recursos naturales, usualmente ubicados en las zonas rurales, alejadas de las grandes urbes y olvidadas por el Estado. En ese sentido, las autoridades y los propios promotores de los proyectos extractivos están empeñados en revertir en el más breve plazo estos malos índices para lograr la instalación y la convivencia armoniosa de los proyectos.
Pero, ¿realmente la mejora sustancial de los indicadores socioeconómicos es suficiente para reducir la resistencia a la inversión?
El 28 de febrero de este año en el Congreso de la República y ante el Grupo de Trabajo Gran Minería de la Comisión de Energía y Minas, el Ministro de este sector informaba respecto a la Unidad de Producción Minera Las Bambas (una de las más grandes del mundo), las extraordinarias mejoras en los indicadores socioeconómicos referidos precisamente a:
Adicionalmente, según el Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) calculado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el crecimiento notabilísimo del PBI de la región Apurímac en el segundo trimestre de 2016 fue de 266%. Es decir, el Perú creció a 3% aproximadamente en el 2016 y la región Apurímac al 266% solo en el segundo trimestre de ese mismo año. Nótese que se trata del crecimiento de toda la región y no solamente de la zona de influencia del proyecto minero, es decir de las provincias de Cotabambas y Grau.
Asimismo, el Ministro de Energía y Minas informó que solo en la etapa de construcción del proyecto se generaron 18 mil empleos directos y que la puesta en marcha del proyecto al 100% crearía alrededor de 50 mil nuevos empleos directos e indirectos.
Además, el Ministerio de Energía y Minas había implementado múltiples mecanismos de diálogo con las comunidades, tales como mesas de trabajo, mesas de desarrollo, mesas de diálogo, desde el año 2012, así se logran implementar mejoras en educación, salud, ganadería, recursos naturales, desarrollo económico local, así como atención prioritaria del adulto mayor, madres, solteras, viudas, huérfanos y discapacitados; desarrollo de capacidades, saneamiento básico, agricultura, infraestructura económica, fortalecimiento organizacional y oportunidad de empleo en la mina.
Así se logran compromisos para la ejecución de S/ 302’132,813 en obras de transporte, educación, electricidad, agricultura, vivienda, construcción y saneamiento, en los territorios de las provincias de Cotabambas y Grau.
Posteriormente y dado que no era suficiente, se acuerda llevar adelante un programa para la ejecución de un programa social para Cotabambas por S/ 2,168’034,175 de inversión en infraestructura.
No hay duda alguna de las implicancias sociales para el desarrollo que ha significado y significará la explotación del yacimiento minero Las Bambas. Similar caso de resultados alucinantes se dan casi en todos los proyectos mineros, energéticos, petroleros y gas.
Hasta aquí todo parece un cuento de hadas: poblaciones con escasos recursos para afrontar los cambios que la vida contemporánea exige, de pronto son “tocadas” por proyectos que ponen en valor algo que está enterrado.
Sin embargo, el cuento de hadas se desvanece cuando se aprecia que buena parte de proyectos de esta naturaleza han sufrido graves paralizaciones por cuanto la población no quiere tenerlos en su entorno o quiere obstaculizar los proyectos ya instalados, pese a que todos han sido certificados por las autoridades socio ambientales como ecológicamente amigables con el medioambiente.
Así tenemos que inversiones como Conga, Tía María, Río Blanco, Bear Creek, etc., que bien hubiesen servido para el desarrollo de sus zonas de influencia y que en general no cuentan con fuentes alternativas que jalen y empujen al desarrollo, son de alguna manera paralizados.
En el tema de Las Bambas, por ejemplo, es lacerante pero ya hay cinco fallecidos por los conflictos sociales durante los últimos dos años y actualmente se encuentran con suspensión de garantías constitucionales, pese a que el Vicepresidente de la República ha firmado un ofrecimiento de inversión de más de S/ 2,100 millones en carreteras, canales de regadío, vivienda, saneamiento, entre otros. Pareciera que mientras más obras de infraestructura se pretenden ejecutar, más conflicto se genera.
Diera la impresión que estamos frente a la reedición de esos versos de la famosa Divina Comedia, cuando el poeta caminaba por los círculos del infierno y ve un engendro espantoso que se comía uno tras otro a los hombres : “Qué engendro tan espantoso es este que cada vez que come tiene más hambre”.
Por ejemplo, si uno camina por la plaza de Armas de Cajamarca, se percatará que la pileta ha sido remozada por la empresa minera Yanacocha, si voltea encontrará dos iglesias renovadas por minera Yanacocha, si camina unas cuadras más encontrará un centro cívico donde se ubica un imponente Coliseo, la única escuela de joyería en plata del Perú, el local de la Municipalidad, entre otros, todos ellos producto de la articulación o a veces con aportes íntegros de minera Yanacocha.
Si va por la carretera hacia donde se encuentran los artesanos talladores en piedra, encontrará letreros de construcción de infraestructura nueva en agua, desagüe, energía eléctrica, canales de regadío, todos financiados bajo distintas modalidades por minera Yanacocha, obras que mejoraron directamente los índices socioeconómicos de Cajamarca; sin embargo, la población no permitió que se llevase adelante el proyecto Conga y la explotación en el Cerro Quilish. Así tenemos múltiples repeticiones de la historia de muchos proyectos y el hostigamiento de unidades de producción social y ambientalmente amigables.
Entonces pareciera que las obras de infraestructura (canales de regadío, carreteras, saneamiento, etc.), serían necesarias pero no suficientes para la convivencia armoniosa entre la empresa y la comunidad. De hecho, las mismas parecieran que solo contribuirían a elevar las expectativas y su satisfacción no implicaría la eliminación e incluso la reducción de la presión sobre las empresas extractivas y su aceptación social.
Es que quizás se debiera tomar en cuenta que las obras de infraestructura son para el Estado un fin, mientras que para la empresa son solo un medio dado que su fin es la aceptación social o la convivencia armoniosa.
Convertir por generación espontánea a un medio (la infraestructura) en un fin pareciera ser parte del gran error que engorda las fauces del monstruo de la Divina Comedia. Las obras para que sirvan parecieran que debieran cuantificarse socialmente de manera clara y contundente ¿Cuántos adherentes a la causa me han reportado? ¿1,000 o 500 ciudadanos? ¿Cómo pruebo que así ha sido? ¿Cuántos adherentes me permitirían obtener la obra alternativa? El solo hecho de construir no genera de modo alguno adherentes.
Hay que recordar una y otra vez que lo que para el Estado es un fin, para el privado es solo un medio. ¿Cuántos ciudadanos concretamente requieren para sacar adelante su causa? Los oponentes a la inversión sí saben cuántos ciudadanos requieren para tumbarse la inversión.
Entonces, podríamos inferir que la reducción de la pobreza y desigualdad vía obras de infraestructura, no sería la principal fuente reductora de conflictos sociales, si es que dichos instrumentos no se usan como plataforma o medio y no como fin.
Como lo manifiesta el experto en temas sociales, Dael Dávila, muchas empresas y gobiernos asumen que los ciudadanos actúan siempre de forma racional, como lo son los planes de desarrollo.
Aparentemente, los privados y el Estado podrían estar empeñados en solucionar muy bien el problema que no es. Lampadia
