Ministro Montero planea regular la ley MAPE en el MEM
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Como sabemos, es vital para el país aprobar una ley de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que ayude a formalizar, mejore la pequeña minería y aísle a la minería ilegal.
Si eso se lograra, sería un salto adelante en Estado de derecho, integración nacional y recursos fiscales. Si no se lograra, y se mantuviera el REINFO, lo que tendremos será una fuente permanente de expansión de la minería ilegal, que puede jaquear a la propia inversión minera formal.
Pero ¿cómo prevenir que la Comisión de Energía y Minas del Congreso termine aprobando un proyecto que obligue a los dueños de concesiones a entregar áreas a los informales, destruyendo el sistema de concesiones?
El ministro de Energía y Minas, José Luis Montero, confía en los esfuerzos de diálogo que está realizando. Me informa que él tiene una comunicación abierta con todos los congresistas de la Comisión de Energía y Minas, que son 46 entre titulares y accesitarios. Les envía permanentemente información y recibe a 3 o 4 congresistas cada semana. También se ha reunido con las bancadas. En la Comisión hay 7 proyectos -uno del Ejecutivo- que van a ser acumulados para, de allí, producir uno final.
Pero Montero se reúne asimismo en el ministerio con los gremios MAPE. Por ejemplo, con CONFEMIN y FENAMARPE, con los que ha llegado a un acuerdo: “en el articulado en el que coincidimos, lo comunicamos a la Comisión. Y allí donde no coincidimos, cada parte elabora su exposición de motivos, y será la Comisión del Congreso la que decida”.
Como sabemos, el tema crítico es que la mayor parte de informales está en concesiones de terceros, y muchos concesionarios no quieren firmar contratos de explotación. La solución equivale casi a la cuadratura del círculo: ¿cómo resolver esto sin afectar los derechos de propiedad de las concesiones?
El proyecto del Ejecutivo contenía unos incentivos a los concesionarios. Además de ello, la posición del ministro en este punto es que se trata de una negociación entre privados, pero que debe contar con cierto marco de referencia sugerido por el Ejecutivo, debe estar reglamentada de alguna manera, pues es de interés público que dicha negociación no fracase. “Lo que definitivamente no puede hacer el informal es trabajar en el área autorizada para exploración o explotación del concesionario”, afirma.
Ahora, también es bueno segmentar el problema, para dar soluciones ad hoc. Por ejemplo, de los mineros que están en concesiones de terceros, solo el 26% está en concesiones de mediana y gran minería. La mayor parte está en concesiones de pequeños mineros. Allí se requeriría una suerte de Cofopri que entre a resolver caso por caso.
De otro lado, estamos hablando de no más de 20 mil mineros en proceso de formalización. Los cerca de 70 mil que están suspendidos del REINFO, quedarán excluidos de manera definitiva mediante un decreto supremo que se dictaría en unos dos meses, luego de que se avance en la creación de lo que el ministro llama un “nuevo vehículo portador de incentivos para que el que quiera formalizarse”.
Se trata del fondo minero, que será privado, financiado por un auto gravamen de los productores del oro equivalente al 0.5% de su valor de producción, lo que sumaría 50 millones dólares al año. El Estado participará minoritariamente, con un 5% o 10%, para activarlo y tutelarlo. Podría entrar también un inversionista privado, interesado, por ejemplo, en la comercialización. O se podría concesionar.
Porque este Fondo tendría tres funciones: líneas preferentes de crédito (sean del mismo fondo o del sistema financiero), pero crédito para -segunda función- mejorar la operación minera, sobre todo la recuperación, que hoy es solo de un 60% (que no les roben en el peso, en el proceso), para pasar a un 88% de recuperación, lo que será un incentivo para formalizarse. Y la tercera función sería la comercialización: vender el oro a canales formales, con trazabilidad. Esto supone depurar el Registro de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), donde hay ahora 13 mil agentes de toda clase y calaña, incluso personas individuales, reduciéndolo a unos 350 agentes, que sean empresas formales.
La idea es que los 20 mil con registro vigente en el REINFO, salten al Fondo. Pero para ello habrá una reinscripción con verificación de campo para certificar que realmente está donde declara estar y produce lo que indica. Hasta ahora eso ha sido solo declarativo. Son las fuerzas armadas las que se van a encargar de verificar in situ la operación, con helicópteros inclusive, explica el ministro. ¿Tendrá los recursos? Luego de ese tamizaje físico, se pasa a un tamizaje legal: que cumplan con los requisitos y se verifique la trazabilidad de los distintos componentes de la operación. Todos los datos y documentos del minero entran a la Ventanilla Única Digital (VUD) de la minería, que será una plataforma interoperable entre 9 entidades que tienen que ver con la minería. El Ministerio está gestionando un préstamo 200 mil dólares del Banco Mundial para construirla. El ministro calcula que estará lista para noviembre. De hecho, el ministerio ya está implementando el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) establecido en la ley que prorrogó el REINFO seis meses. Con ese sistema, preparatorio de la VUD, se podrá supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados de cada minero.
Pero para que eso sea posible, el ministerio apoyará a los pequeños mineros en los aspectos legales y de requisitos, previa simplificación. Para ello la Dirección de Formalización se convertirá en la Dirección General de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que será dotada de más recursos y mecanismos para que pueda ser ejecutiva. Lo que implica que la regulación de este segmento pasará definitivamente de los gobiernos regionales al gobierno central, una reforma fundamental e indispensable que cae por su propio peso y requerirá decisión política.
En general, es un programa ambicioso y complejo que supone un Estado proactivo y ágil. Hay aquí una apuesta que el ministro debería ganar. Lo bueno es que la VUD ayudará de paso a facilitar toda la inversión minera. El cambio es total. Hay que apoyarlo. Lampadia
