Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
No quisiera repetir las cifras reportadas por los organismos oficiales y la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que lamentablemente, por negligencia del Estado y los ministros de Energía y Minas de Perú Libre, no han sido corroboradas por el EITI – La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, (Extractive Industries Transparency Initiative, en ingles), pero que es importante resaltar. Durante los últimos 10 años, han sido 40 mil millones de soles transferidos por las empresas mineras, por concepto de canon y regalías, a las regiones, municipalidades y universidades de las zonas donde operan. Es claro también, que el nivel de ejecución de esos fondos, a duras penas llega al 60% de ellos, pero lo más grave aún, es que lo ejecutado es de muy mala calidad, en muchos casos en obras inconclusas por mala ingeniería y altísimo nivel de corrupción.
Si bien este es un diagnóstico conocido por muchos, es inevitable mencionarlo, pues de otro modo, no sería comprensible nuestra propuesta de solución. De otro lado, si tomamos en consideración los precios actuales de los metales y los proyectos que se están incorporando como nuevas operaciones, las sumas que viene recaudando el Estado en estos últimos tiempos se vuelven increíbles, pues serán, cuando menos, 60 a 70% superiores a lo antes mencionado.
Ya es conocido el altísimo nivel de ignorancia y corrupción existente entre las autoridades elegidas en el gobierno nacional, pero estamos ad portas de elecciones regionales y municipales que, sin duda, traerán consigo más ignorancia y corrupción, pues la corrupción que antes se movía a nivel distrital o regional, hoy viene operada y avalada por los más alto niveles del ejecutivo (presidente, ministros y viceministros), pero son una moneda corriente para controlar a muchos congresistas venales, ligados a toda esa mafia descentralizada.
Lo antes dicho: gran riqueza generada en el país, versus prácticamente ninguna mejora para las poblaciones más necesitadas, pueblos que han estado, casi siempre, abandonados a su suerte por los sucesivos gobiernos, ha generado una deuda histórica con la sociedad, quien pudo y debió proporcionar un gran progreso y desarrollo económico para los más pobres y desvalidos.
La solución a este problema, no pasa por distribuir a los comuneros cantidades importantes de dinero, como un porcentaje del canon, tal como ha propuesto algún partido. Esta solución facilista, no haría otra cosa que generar el “síndrome del ganador de la lotería”, síndrome por el cual, quien recibe una suma desmedida e inesperada de dinero, pierde la cordura, se aleja de su realidad, no sabe qué hacer con ese dinero inesperado y lo malgasta, lo derrocha o mal invierte. El resultado final es que, al no organizar ni encarrilar su vida económica, gastará sin control aquello que no le costó trabajo digno obtener y al cabo de muy poco tiempo, volverá a la búsqueda de más dinero fácil.
El caso más palpable y directo lo tenemos en los pobladores de Chalhuahuacho, quienes permutaron sus tierras por otras en ubicaciones menos agrestes (menor altitud), cobraron en efectivo por los terrenos, no una, sino dos veces, recibieron casas construidas en tres pisos, diseñadas como para poder ser usadas en el negocio hotelero, lo que funcionó durante los años de construcción del proyecto, un colegio de magníficas características arquitectónicas, con redes wifi y computadoras para todos los alumnos y un muy buen hospital, con todo el equipamiento necesario, ambas instalaciones usadas a menos del 30% de su capacidad, habiendo comunidades vecinas que lo necesitan. No obstante, hoy bloquean las carreteras e invaden los terrenos vendidos, reclamando mayores (exorbitantes) sumas de dinero y hasta participación igualitaria en la propiedad del negocio.
Creo que, el Estado debiera transparentar las brechas que debe cerrar, bajo su responsabilidad, para elevar los índices de desarrollo humano de esas comunidades. Es importante hacer hincapié en que, lo que más tarda y resulta más difícil de obtener aprobación, es la contratación de los expedientes técnicos, no sólo por la frecuente contratación de “estudios” de muy mala calidad, sino porque ha sido una fuente tradicional de corrupción. En segundo lugar y considerando lo difícil que se les hace contratar, a esas autoridades, de acuerdo a lo explicado anteriormente, deberíamos promover que la empresa privada contrate el desarrollo de los expedientes técnicos requeridos para estos proyectos, bajo una priorización debidamente consensuada, para finalmente ayudar a las autoridades regionales y municipales, a contratar debidamente la ejecución de tales proyectos, obviamente con la participación concurrente de la Contraloría General de la República.
No es posible, que esté sobrando el dinero en las regiones y municipalidades, pero que, por incapacidad y altísimo nivel de corrupción de alcaldes, regidores y gobernadores regionales –ahora secundados por el gobierno central-, mantengamos una pobreza secular y sin visos de solución. Ya, casi sin darse cuenta, se les está agotando el primer año de gobierno o 20% de su período, sin ningún avance para mejorar el bienestar de los más pobres.
Déjense ayudar y así podremos involucrarnos, con reglas claras, en la solución de este problema generado por la incapacidad técnica y moral permanente de los gobernantes, pero teniendo claro que: “EN ARCA ABIERTA, EL JUSTO PECA”. Lampadia
