Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director de Lampadia
Una mirada detrás del telón:
I – ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
Se estima que con los precios actuales la minería ilegal puede llegar a producir unos US$ 10,000 millones por año. Una riqueza descomunal que muchos creen que llega a cientos de miles de peruanos.
La verdad es que no hay mucha información sobre la cadena productiva del oro ilegal y su apropiación por los distintos eslabones de la misma.
En la base tenemos a mineros artesanales de pico y pala y pallaqueros, que con esfuerzos individuales se las ingenian para sacar algo de mineral.
Pero la operación más grande se da mediante esfuerzos productivos de miles de trabajadores ilegales independientes, que ganan poco, muchas veces en material en bruto que deben rematar, sin ninguna protección física, en condiciones operativas muy peligrosas, sin ninguna protección social. Prácticamente en condiciones de servidumbre o esclavitud.
Toda esta operación convive con la explotación de jóvenes, con prostitución y todo tipo de actividades criminales.
Además de los productores tenemos a los trabajadores logísticos ilegales, que facilitan el uso de máquinas y herramientas y de materiales peligrosos como mercurio, cianuro, explosivos y combustibles. Trabajadores que tampoco tienen protección física ni social.
Más adelante en la cadena están los transportistas, que en su gran mayoría carecen de estándares operativos adecuados, y tampoco cuentan con ninguna protección.
Luego están las plantas procesadoras que están repartidas por todo el país. La mayoría de ellas son informales, y las que no, operan procesando oro bajo el amparo de reinfos imposibles de certificar en cuanto al origen del mineral.
Finalmente tenemos la comercialización del oro ilegal, que blanqueado en las plantas procesadoras, termina en países como Estados Unidos y Suiza, en una proporción cada vez menor, y a la India y Emiratos Árabes Unidos, ahora en mayor proporción, pues últimamente han multiplicado por ocho su participación (IPE).
Pero detrás de toda la cadena están los operadores del conjunto del proceso, que explotan a los trabajadores de todas las fases del proceso, organizan las rupturas de mano de policías, fiscales, jueces, gobernadores, alcaldes y congresistas, y que articulan los lobbies que generan la protección institucional (prórrogas del Reinfo y otras normas), así como la cobertura mediática, que presenta la minería ilegal como un oficio de refugio social.
Es pues evidente que este negocio de la minería ilegal está muy bien organizado por las redes criminales, y a diferencia del sentir general, solo deja migajas a los trabajadores que recluta, mientras los operadores de la cadena acumulan una riqueza inmensa, con la cual están destruyendo nuestra forma civilizada de vida.
II – Gestación institucional de la minería ilegal
Fuente: Entrevista a Manuel Pulgar Vidal
Exministro del Ambiente
Líder global de Clima y Energía en WWF
11 de mayo de 2025
La República
Emilio Camacho
Glosado por Lampadia
“El año 2000, el gobierno de Toledo dicta una ley en la que yo creo que se comete un primer error. Se modifica la ley minera y se agrega en su título preliminar que el Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal.
Se genera la figura del contrato de explotación, orientado a que, si algún concesionario tenía algún invasor minero, pudieran promoverse acuerdos para que el concesionario formal apoyase a este invasor, lo que permitiese que se encaminase hacia una formalidad.
Ocho años después se transfiere la facultad de gestión y fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal a los Gobiernos regionales, que creo que ha sido la más equivocada decisión que ha generado la dramática situación que hoy en día enfrentamos.
Alan García, aceleradamente y además de manera equivocada, como en algún momento me parece que reconoció, dio las facultades a los Gobiernos regionales en muchas materias.
En el gobierno de Ollanta Humala, bajo facultades delegadas, se toma la decisión de dictar un conjunto de reglas para el control de la minería ilegal y la formalización de la minería informal.
En esta norma que se establece la declaración de compromiso, que vendría a ser el antecedente del Reinfo.
Se presentó un proyecto que buscaba que la fiscalización de las plantas de beneficio saliese de los gobiernos regionales y pasase al gobierno nacional. Bueno, este proyecto se aprobó en la Comisión de Ambiente, pero se bloqueó en la Comisión de Energía y Mina.
Esto lo bloquearon el Comeoro, Eulogio Amado Romero. Otro era Eduardo Cabrera, de Fuerza Popular, y el otro Martín Belaunde Moreyra, de Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación.
El año 2014, que el Perú organizaba la COP, Hernando de Soto, que ha sido también un gran promotor de la minería ilegal, saca un artículo que se llama ‘Conga va, pero con nosotros’, que era probablemente la propuesta más irresponsable de promoción de la minería ilegal que se ha presentado políticamente en años.
Bueno, ese era el momento en donde las federaciones estaban buscando aliados políticos para favorecer la minería ilegal. Entonces, es cierto que en el gobierno de Humala faltó redoblar el esfuerzo complementario que incluía Sunat y que incluía las interdicciones para hacer más efectivo el proceso.
Pero terminando el gobierno de Humala se empiezan a presentar proyectos de ley para lograr que el proceso se extienda.
En ese momento de campaña, Keiko Fujimori se reúne con los mineros ilegales y los respalda. Incluso firman un acta.
En el gobierno de Kuczynski se reúnen con la ministra Marisol Pérez Tello. Y es en el gobierno de Kuczynski donde, bajo facultades delegadas, se dicta un conjunto de decretos legislativos que crean el nuevo mecanismo de formalización llamado el Reinfo, que era simplemente patear para adelante el tema, e incluso modifican normas sobre el delito de minería ilegal.
El Reinfo funciona como un escudo con el que ya no se puede juzgar por actividades ilícitas a los ilegales, basta con que estés inscrito.
Todo eso se hace bajo presión política de estos cuatro grupos que ya te mencioné: Avanza País, Renovación, Fuerza Popular, y el gobierno de Kuczynski, que acoge este tipo de medidas y dicta estos decretos legislativos y viene el caos.
Lo que estamos viendo ahora ya no es solamente una cuestión de gente que quiere operar bajo el manto protector del Reinfo, que no quiere ser juzgada, sino que todo esto se ha asociado a la criminalidad, como lo que hemos visto en Pataz.
¿Se podía vislumbrar una situación así cuando recién se estaba discutiendo el tema del Reinfo? Se podía vislumbrar perfectamente incluso desde antes.
El titular del Congreso fue en su momento abogado de mineros ilegales y también promotor de la tala ilegal. O sea, él era el que se oponía a la modificación de la Ley Forestal del año 75 porque eso favorecía la tala ilegal. El siempre ha estado vinculado a las actividades ilícitas”.
Lampadia
