Y el MINEM les hace el juego
Editorial de Lampadia
En los últimos días diversos congresistas de izquierda -opositores de la minería moderna y formal- vienen fortaleciendo a un grupo conocido de asesores y abogados expertos en la fabricación de conflictos en el denominado “corredor minero del sur”. De lograr imponerse, abrirían una nueva ola de paros violentos y protestas. Aquí les contamos.
Resulta que días atrás funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) recibieron a ciudadanos de la comunidad de Tintaya Marquiri en Espinar, entre los cuales se encontraba el asesor Gonzalo Castañeda Quiroz, aboga de dicha comunidad.
Lo primero que hay que decir es que, según nuestra apreciación, los funcionarios del MINEM cometen un grave error al “empoderar” a Castañeda Quiroz porque tanto él como otros abogados de su estudio jurídico han sido acusados y denunciados por chantaje y extorsión contra diversas operaciones mineras del corredor minero del sur.
Lo segundo es que Gonzalo Castañeda Quiroz sería uno de los operadores legales de un personaje llamado Mauricio Quiroz, radical de izquierda que alienta la lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo y sobre todo contra las empresas mineras en la zona.
¿Cómo así el MINEM valida a Castañeda como abogado de la comunidad Tintaya Marquiri? Es incomprensible.
Vale resaltar que de acuerdo a nuestros informantes, una semana atrás estuvieron en Espinar algunos congresistas de izquierda como Roberto Sánchez (defensor y ex ministro de Pedro Castillo) y Margot Palacios (ex Perú Libre) con el objetivo de “apoyar” la “lucha” de la comunidad de Tintaya Marquiri, que exige a una compañía minera en Espinar una indemnización económica por presuntas afectaciones ambientales y a la salud.
Pese a que no es la primera vez que se levantan infundios ambientales sin evidencia científica alguna, resulta que el relato sobre la supuesta contaminación continúa a todo trapo, esta vez azuzado por congresistas y validado implícitamente por funcionarios del MINEM.
Cabe también añadir que tanto Castañeda Quiroz como otros abogados de su empresa estarían emparentados con el grupo “Los Chavelos” (los hermanos Chávez Sotelo) abogados acusados y procesados por extorsionar a las empresas mineras. Estos abogados, con el cuento de ser asesores de la comunidad, interponen cualquier denuncia contra la minería moderna para obtener ingentes ganancias y “bonos de éxito”. Han hecho de eso una industria de la extorsión.
Es cierto que la izquierda en el Congreso tiene una posición ideológicamente anti minera. Lo que sorprende es que se sume a estos personajes que fungen de asesores y abogados de comunidades supuestamente afectadas para realizar prácticas extorsivas.
La estrategia que desarrollan es muy clara.
El primer paso consiste en inventar supuestos fundamentos y argumentos de los reclamos. Estos pueden ser “sociales” o “ambientales”, o ambos, según la conveniencia.
En un segundo momento se politizan las protestas en los medios de comunicación.
En un tercer momento se va al paro, a la protesta violenta.
Luego de eso ya están creadas las condiciones de presión para exigir, en un cuarto momento, pagos o indemnizaciones por estas supuestas afectaciones. Así funciona.
Hoy la izquierda anti minera y los asesores se unen para -nuevamente- ponerle zancadillas a las inversiones en Espinar como lo están haciendo en Challhuahuacho. Y esto con la venia y el aval del MINEM. Increíble.
Lampadia
