Luis Bustamante Belaunde
Presidente del Consejo Superior de Arbitraje
Publicado en ‘La Cámara’, Revista de la Cámara de Comercio de Lima – N.º 1094
4 al 10 de septiembre de 2023
En la evolución de la humanidad y la formación de las sociedades, existen ciertos hitos cardinales que constituyen una línea divisoria entre un pasado al que no se debe retroceder y el futuro que se busca alcanzar a través de logros determinados. Ellos definen el progreso de la civilización a lo largo de la historia.
Examinemos algunos de ellos, relevantes para el tema del arbitraje.
La justicia no puede tomarse por las propias manos
Para evitar la venganza y la violencia como herramientas justicieras, se logró que la justicia se discierna no directamente por las partes interesadas sino a través de terceros.
Esos terceros, inicialmente conciliadores y luego decisores, fueron originalmente las mismas autoridades públicas, que asumieron la facultad de pronunciar y ejecutar las soluciones de derecho (juris-dictio) en las controversias.
No obstante, era difícil asegurar la independencia de los responsables en el caso de los conflictos entre esas autoridades y los particulares. Y estos últimos requerían en forma creciente una mayor especialización y celeridad en las decisiones, así como hacer efectivo el ejercicio de la autonomía de su voluntad.
Así, surge primero la necesidad de independizar la función jurisdiccional de las demás funciones públicas, y luego el derecho de someter las controversias a la decisión de personas independientes y escogidas por los propios interesados. Este es el origen del arbitraje.
“Pacta sunt servanda”
Lo acordado libremente por las partes debe ser respetado y cumplido. El derecho es una realidad laboriosamente construida por los pueblos sobre la base de las experiencias vividas, las dificultades superadas, y los valores y principios que se postulan.
En esta construcción resulta vital el compromiso generalizado de la sociedad de respetar la ley, así como los contratos como una manifestación tangible de la autonomía de la voluntad. Esta última es la expresión del ejercicio de la libertad como valor conquistado, no sin luchas ni sin victorias, a lo largo de la historia de los pueblos. El respeto a esa manifestación de la libertad, conjugada entre dos o más partes, se materializa en el principio de que los contratos son ‘leyes para las partes’ que los acuerdan.
Por ello, los contratos no pueden ser desatendidos ni incumplidos, y resulta del más alto interés de las sociedades exigir su cumplimiento e impulsar desde la ley su exigencia recíproca entre quienes suscriben un pacto, acuerdo o contrato.
El Estado de Derecho
La autoridad aprueba las leyes y exige su cumplimiento. Pero eso no la sitúa por encima de ellas. Por el contrario, las leyes están por encima de la autoridad, y le facultan o le limitan su ejercicio. La autoridad no puede desconocer ni desbordar el contenido de las leyes, ni puede ejercer una facultad discrecional donde las leyes no se lo permiten en forma expresa.
Este principio es el fundamento y el espíritu de lo que se conoce como Estado de Derecho, que los sajones resumen en su esencia:
Rule of law, el gobierno de la ley sobre las autoridades llamadas a cumplirlas y respetarlas.
Además del respeto a la ley, se encuentra el respeto a los contratos y el respeto a las decisiones jurisdiccionales de jueces y árbitros. Si se desconocen o incumplen contratos, sentencias judiciales o laudos arbitrales, se atenta contra todo el ordenamiento jurídico y se violenta el Estado de Derecho.
El desarrollo depende del (respeto al) Estado de Derecho
A lo largo de su historia, y muy especialmente en sus últimos dos siglos, el mundo entero ha descubierto la relación existente entre el respeto a las instituciones jurídicas y las condiciones básicas que hacen posible el desarrollo de las naciones. No puede haber crecimiento de las economías ni desarrollo de las sociedades si no se respeta el Estado de Derecho.
Cuando una autoridad, de cualquier nivel, desconoce las normas básicas del Estado de Derecho (respeto de leyes, sentencias, laudos o contratos), incumple las condiciones básicas del desarrollo y deteriora la reputación del país como una nación civilizada y respetable, dañando la confianza de los ciudadanos y la que requieren las inversiones nacionales e internacionales.
Las autoridades que así procedieran pierden, además, uno de los requisitos de su legitimidad y respetabilidad, y fracturan la piedra angular de la confianza ciudadana y de la ejemplaridad pública, causando un daño incalculable al país al que se deben.
Reflexión final
Por la modernización global de las instituciones jurídicas, el especial cuidado legislativo y las buenas prácticas cumplidas por gobernantes y ciudadanos, el arbitraje creció saludablemente hasta ahora en el Perú, y nuestro país ha logrado presentar ante el mundo un tratamiento ejemplar del arbitraje.
Nuestro país ha conquistado internacionalmente un lugar preponderante y modélico en materia arbitral que todos debemos cuidar como un patrimonio invalorable. En nuestras manos está defenderlo o destrozarlo.
Recordemos los hitos cardinales logrados por la humanidad y las sociedades a lo largo de la historia, y cumplamos el deber de defender lo que toca respetar. Lampadia
