Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las facultades legislativas solicitadas por el gobierno en temas de seguridad ciudadana cubren una amplia gama de materias. Una fundamental es la que plantea modificar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) a fin de “contar con un marco normativo que fortalezca las atribuciones de la PNP en la investigación del delito”.[1] Es decir, que le devuelva a la Policía una mayor autonomía para realizar interrogatorios u otras diligencias cuando la oportunidad es apremiante y no tenga que esperar la presencia o autorización del fiscal cuya tardanza lleve a perder información clave.
Eso es muy bueno. También se pide facultades para fortalecer la función criminalística policial y para poder usar el canon de los gobiernos regionales y locales en la construcción y equipamiento de laboratorios de criminalística, por ejemplo. Esto es fundamental, porque lo que ocurre es que el NCPP, que es “garantista”, exige pruebas para proceder a la detención preliminar o preventiva, y la Policía no puede ofrecer las pruebas si no hay laboratorios de criminalística. En Lima solo hay uno, y en el resto del país prácticamente no existen o son muy precarios. Es una de las razones por las que se libera a tantos delincuentes incluso flagrantes.
La otra razón es que no hay manera de castigar con penas cortas los delitos menores, si no hay un sistema de proceso inmediato en locales distritales integrados donde estén policías, un fiscal, un juez y una carceleta donde se pueda cumplir penas cortas. La policía captura malhechores, y el sistema judicial los suelta porque no puede procesarlos. Se está pidiendo facultades para fortalecer las intervenciones policiales en flagrancia, lo que tiene que ver con esto, pero no se está viendo lo de los locales integrados.
Por supuesto, la tarea preventiva es fundamental. Se ha pedido facultades para reforzarla, pero también se ha pedido facultades para crear una “policía de orden y seguridad”, de segundo nivel, que apoyaría en las comisarías, en el patrullaje. Se parte del supuesto que faltan policías. Pero eso no es verdad. En el siguiente cuadro podemos ver que el Perú tiene más policías por cada 100,000 habitantes que la mayor parte de país de América:
El problema es el que ha recordado Ricardo Valdez en Peru21: el régimen laboral de 24 x 24, por el cual el policía trabaja 24 horas y descansa 24 horas, en las que no descansa, sino que labora ofreciendo servicios particulares. El efecto de esto es que tenemos a los policías trabajando medio tiempo, solo 15 días al mes. Al final del gobierno de Humala se intentó pasar a este personal a un régimen normal de 8 horas diarias, para lo cual se le dio un aumento para compensar lo que dejarían de percibir. Recibieron la mejora salarial, pero nunca se cambió de régimen. Así somos.
Si lo hacemos tendríamos automáticamente más policías en las comisarías, sin necesidad de crear un cuerpo adicional de menor calidad. El bono compensatorio que habría que darles se financiaría con lo que se piensa destinar a esa policía de (segundo) orden. Resolvamos el problema de fondo en lugar de buscar paliativos riesgosos.
Pero ¿qué hacer con los policías corruptos? Se está pidiendo facultades para mejorar el sistema disciplinario, para mejorar la carrera introduciendo evaluaciones objetivas de desempeño para los ascensos (algo que no existe), y también para poder separar de la institución a los agentes que tengan cuestionamientos de “falta de idoneidad, por infracciones a los valores y principios que deben regir en la Policía Nacional.”, aunque no se les pueda probar un hecho delictivo o corrupto.
Hay alguna esperanza. La calidad de los nuevos policías empieza a mejorar porque el número de escuelas policiales ha sido reducido de las 26 que existían, la mayor parte con penosa infraestructura y malos profesores, a solo 14, con la idea de llegar a 10 u 8. Esto ha permitido mejorar los locales y la plana docente. Según el general Víctor Zanabria, Director Nacional de Orden y Seguridad, a los profesores ahora se les exige tener licenciatura para pregrado o maestrías para post grado, los mismos requisitos que los de las universidades, y la remuneración ha pasado de 13 soles la hora a 40 soles.
La Policía también ha venido avanzando en el tema de los patrulleros, que siempre han sido objeto de corruptelas, canibalización y rápido desgaste sin mantenimiento. Según el propio general Zanabria, en Lima Metropolitana patrullan 1,000 patrulleros bajo la modalidad de alquiler o renting. Un avance tremendo porque los patrulleros reciben mantenimiento adecuado y se renuevan cuando alcanzan su vida útil. Y se reduce la corrupción policial.
Se está pidiendo facultades para “la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, Urgencias e Información”, el famoso C4 (Centro de comunicación, control, cómputo y comando), que es un antiguo proyecto que no termina de cuajar y que necesitaría un marco legal.
Hay otras materias en las facultades legislativas demandas que deberían ser revisados con cuidado. Podríamos estar en un momento de reforma institucional en ese sector. Hay que seguirlo de cerca. Lampadia
[1] Exposición de motivos del proyecto de ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres – niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos
