Jaime de Althaus
Para Lampadia
El presidente Jerí intentó recuperar protagonismo en el tema de seguridad presentado unos primeros resultados positivos en términos de reducción de homicidios.
Por lo general, los supuestos avances presentados por el gobierno anterior de Boluarte carecían de credibilidad.
En este caso hay una novedad: los resultados han sido presentados no por la Policía o el ministerio del Interior, sino por el INEI como consecuencia del trabajo del reactivado Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC).
Este Comité, que reúne a los ministerios del Interior y de Justicia, la Policía Nacional, el INPE, el Ministerio Público y el Poder Judicial, había dejado de funcionar desde el 2021 en que formuló su último informe sobre la cantidad y la tasa de homicidios por 100 mil.
A partir de allí el gobierno anduvo a tientas guiándose solo por las cifras del Sinadef, que subestiman el número de homicidios, y de la propia Policía. Según los números del Sinadef, por ejemplo, la tasa de homicidios por 100 mil para el 2025 fue de 6.1. Pues bien, el INEI con el CEIC relanzado acaba de dar una tasa de homicidios mucho más realista. Esta ha sido su evolución:
Como vemos, la tasa de homicidios ha venido aumentando año a año, aunque aun está muy por debajo de los números de Ecuador, Colombia, Venezuela y México.
Sin embargo, hay tres departamentos en los que la tasa es similar a la de esos países:
Si bien la tasa de homicidios viene aumentando año a año, según el INEI en el cuarto trimestre del 2025 ha empezado a bajar, como puede verse en el siguiente cuadro:
El gobierno presenta esto como la demostración de que las medidas y acciones adoptadas están empezando a dar resultados. Habría que esperar los números del primer trimestre de este año para ver si la tendencia se confirma.
Es cierto que hay algunos avances. Ahora hay mas coordinación entre Policía y Ministerio Público -aunque no es optima aun-, el estado de emergencia en Lima ha permitido coordinar con los gobiernos locales para el control territorial y hay mas relación con los gremios afectados por extorsiones para facilitar las denuncias.
De otro lado, gracias a un decreto legislativo la UIF ahora si puede acceder a las cuentas en las que se deposita las extorsiones cuando la policía la solicita. Gracias a eso se ha podido desmantelar a las principales organizaciones criminales extorsionadoras de Lima, aunque sus remanentes se reproducen.
Pero falta mas inteligencia operativa en las zonas calientes para prevenir el sicariato.
Recientemente se ha promulgado varios decretos legislativos que establecen lo siguiente:
- El que desobedece o resiste a la autoridad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco (5) ni mayor de ocho (8) años.
- Se tipifica como delito la tenencia ilegal compartida de armas de fuego y municiones.
- Se penaliza el tráfico de datos.
- Que la Policía puede revisar contenidos de equipos informáticos con autorización del Ministerio Publico, en flagrancia.
Y se ha publicado un decreto supremo que ordena, por fin, que se establezcan los protocolos entre la Policía y el Ministerio Público. Aún falta reglamentar el Grupo Interinstitucional contra las Extorsione y el Sicariato (GIES) creado por ley y el subsistema judicial contra las extorsiones, para asegurar la coordinación inmediata y oportuna entre las instituciones.
Está en marcha pues un proceso de construcción de mecanismos y herramientas para luchar mejor contra la criminalidad. Esperemos que los problemas de Jerí no detengan este camino. Lampadia
