Jaime de Althaus
Para Lampadia
El gobierno ha decidido declararle la guerra al pueblo, al pueblo emergente. Está dedicado a subir el costo de la normatividad laboral formal en un país en el que la formalidad laboral ya es tan cara que el 78% de la población ocupada es informal porque las empresas no pueden pagar dicho costo. Nuestras reglas laborales son excluyentes y este gobierno las está volviendo más excluyentes aún.
En efecto, Gestión ha informado que el ministerio de Trabajo está preparando un proyecto para doblar el monto de la indemnización por el mal llamado despido arbitrario, que ya es mucho más alta que en países vecinos. Pasarla de 1.5 a 3 sueldos, y sin límite de 12 meses. Si ya el monto actual es un fuerte desincentivo para contratar formalmente, con 3 sueldos y sin limite en el tiempo nadie querrá poner a trabajador alguno en planilla. Más aun si a esto sumamos la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que consagró la estabilidad laboral absoluta, que es la razón por la que ya casi no se contrata a plazo indefinido sino solo a plazo fijo -si se contrata-, precarizando la calidad del trabajo.
Es que el ministerio ha sido tomado por la oligarquía sindical de los pocos que tienen trabajo formal, a costa de los peruanos que quisieran prosperar y crecer en la legalidad. Es la gran injusticia estructural del Perú de hoy.
La ministra Chávez aplica la agenda 19 redactada por el exministro neosenderista Iber Maraví. Y lo hace a conciencia. Ahora ha anunciado el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), que solo perjudica a las micro y pequeñas empresas que en muchos casos no podrán solventar el aumento y tendrán que informalizar a sus trabajadores. Y coloca una barrera aún más alta para quienes quisieran formalizarse. Recordemos que en el Perú alrededor de la mitad de la población ocupada gana por debajo de la RMV. Subirla aún más es condenar a esa población a no formalizarse jamás. A vivir en la intemperie informal.
Y se pretende subir la RMV, por supuesto, sin convocar al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), violando la ley y la Constitución que en su artículo 24 señala:
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual… Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.
Por lo demás, levantar la RMV en plena recesión es un golpe mortal al trabajo y a las pequeñas empresas, porque las grandes pagan por encima de ese nivel.
Tampoco se convocó al CNT para discutir el decreto supremo 001-2022-TR publicado el miércoles último que restringe absurdamente los servicios de tercerización laboral, lo que afectará también el empleo y la producción. Ni siquiera se le hizo caso al ministerio de Economía, que había emitido un informe contrario a esa norma. No se le hizo caso a la razón técnica.
El decreto impide la tercerización de una actividad principal y solo la deja para actividades no “nucleares”, un concepto extraño. Muchas empresas -mineras, industriales, por ejemplo- que contratan a otras empresas ciertas actividades especializadas para mejorar sus procesos o productividad, ya no podrán hacerlo. La consecuencia será la destrucción de empleos muy calificados en empresas pequeñas o medianas muy especializadas que no van a poder ser contratadas por las empresas mayores. Lo increíble es que una norma de menor jerarquía (DS) modifica la Ley de tercerización, que no contiene esa limitación. De modo que, por añadidura, este DS es ilegal.
Este gobierno no se contenta con destruir el sector público. También hace lo posible por acabar con el sector privado formal, tanto empresarial como laboral. ¿Hasta cuándo? Lampadia
