Jaime de Althaus
Para Lampadia
La ley que reduce 2 puntos el IGV y los transfiere a las municipalidades subiendo el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a 4 puntos es muy mala por varias razones.
La primera es fiscal: abre un hueco de 10 mil millones de soles en el presupuesto del gobierno central y las regiones, sin establecer cómo se va a cerrar. El ministro ha dicho que no tendrá impacto en el déficit fiscal, pero para que no lo tenga habría que reducir gasto corriente o gasto en inversión. Tendría que eliminar programas y oficinas inútiles y redundantes, o fusionarlos retirando al personal excedente, pero ya sabemos que el solo anuncio de que varios programas pasarían a la ANIN con un ahorro de 4 mil millones en personal, bastó para expeler a Salardi. Por lo tanto, el regalo se pagará reduciendo inversión pública o tomando más deuda, una deuda que viene creciendo.
Esto se podría resolver si la economía creciera a tasas más altas para generar más ingresos fiscales. Para eso el exministro Salardi lanzó el llamado shock desregulador, para desatar inversiones y formalizar la economía a fin de ampliar la base y la masa tributaria. Pero las resistencias burocráticas y sindicales a los intentos desregulatorios provocaron también su salida.
O se podría resolver, como ha señalado Elmer Cuba, si se redujera en 3 puntos la evasión tributaria en IGV e impuesto a la renta, que suma nada menos que 10% del PBI. Pero eso supone el trabajo arduo de fiscalizar a medianas y pequeñas empresas, que es donde está la evasión. Para la SUNAT es mucho más fácil exprimir a los grandes contribuyentes.
Los defensores de la ley alegan que este incremento es solo para inversión. Pero esa no es razón, porque no lo necesitan: apenas gastan el 60% de lo que reciben para ese fin. Y no es solo que carecen de capacidad, sino que en la mayor parte de los casos lo que gastan lo gastan con corrupción. Los gobiernos regionales suelen ser botines presupuestales, para repartir a los amigos o familiares. Las obras comienzan, cobran la primera parte, y no terminan. Estamos premiando, entonces, a la ineficiencia y a la corrupción.
Alegan entonces que esas mayores transferencias estarán condicionadas a que las municipalidades tengan planes que hayan recibido opinión (no dice si favorable) del CEPLAN y que se incorporará el concepto de presupuesto por resultados en los criterios de evaluación para la asignación del FONCOMUN a las municipalidades. Ver para creer, pero el hecho es que, al atomizar más aun los recursos para obras públicas entre 2 mil municipalidades, nos alejamos de la propuesta de juntar paquetes de obras públicas regionales o macrorregionales para reducir las brechas sociales y productivas.
Y hay un problema más de fondo. Las municipalidades del Perú, salvo las de Lima centro, casi no recaudan. No cobran el impuesto predial, por ejemplo. ¿Para qué se van a tomar el trabajo si reciben, por el IPM, ingentes recursos? Si ahora van a usufructuar el doble por ese concepto, menor incentivo aun a aumentar la recaudación propia. El alcalde se convierte así en un reyezuelo que recibe plata caída del cielo y la distribuye a su antojo sin ninguna fiscalización porque no hay ciudadanos contribuyentes que hayan pagado sus impuestos para sostenerlo. Sin ciudadanos fiscalizadores, se consolida el patrimonialismo.
Esta ley agrava ese serio problema estructural. Más aun, el ministro ha dicho que permitirá darles más recursos a las municipalidades pequeñas. Y, efectivamente, la ley pone jun mínimo de un millón de soles anuales para las más pequeñas y obliga a transferir un porcentaje a las municipalidades de centros poblados, que se han multiplicado en la última década y que ya son casi 3,000.
Es decir, no solamente agravamos el incentivo a no recaudar y por lo tanto a apropiarse de recursos públicos sin control, sino que de esa manera incentivamos la creación de más y más distritos y municipalidades de centros poblados, vistos como sifones para succionarle dinero al fisco, es decir, como medios de asalto al tesoro público. Todas las comunidades quieren ser municipalidad de centro poblado y todas las municipalidades de centro poblado quieren ser distrito.
De paso agravamos la estructura política del Perú, compuesta por seis niveles de gobierno: central, regional, provincial, distrital, centro poblado y comunidad campesina. Ningún país se puede gobernar con seis niveles de gobierno.
Si la idea era concentrar distritos en provincias, y concentrar regiones en verdaderas regiones, ese ideal se vuelve cada vez más lejano con leyes clientelistas y fragmentadoras como la que lamentablemente el congreso ha aprobado, casi por unanimidad, con la bendición del MEF. Lampadia
