Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
En el Perú tenemos un déficit de infraestructura estimado en US$160 mil millones, predominantemente en transporte (36%), energía (19%), telecomunicaciones (17%), además del conjunto de salud, agua y saneamiento, infraestructura hidráulica y educación, que completan el 28% restante.
La pregunta fundamental es: ¿Sabemos qué requerimientos queremos atender y por cuánto tiempo?
Es muy preocupante observar cómo el Perú avanza por la vida sin hacer suya una visión nacional, ni un proyecto de desarrollo que signifique establecer una política de Estado, para que todos los gobiernos apunten en la misma dirección. Sólo así podremos lograr que los sucesivos gobiernos sumen y no abandonen o destruyan lo avanzado. Me recuerda mi amigo Pablo Bustamante, que se presentó en CADE 1996 una magnífica propuesta de Visión del Perú, la que por distintas circunstancias no se sostuvo en el tiempo, con las consecuencias que apreciamos.
Para fines prácticos, existe la propuesta de 1996 en algunos documentos académicos y, en consecuencia, llevamos casi un siglo sin esa visión compartida y menos con un plan de infraestructura alineado a esa visión.
Excepción hecha del gobierno de Alberto Fujimori, quien, por ser ingeniero y matemático, se dedicó durante una década a desarrollar proyectos de reconstrucción de carreteras, puentes, obras de agua y saneamiento, proyectos hidráulicos, construcción de hospitales y colegios, al punto que llegó a inaugurar un colegio por día en su última etapa de gobierno.
Y del segundo gobierno de Alan García, quien tuvo la virtud de aprovechar nuestra bonanza económica y el impulso de los “espíritus animales” positivos de los empresarios, quienes realizaron muchas de las tareas pendientes identificadas por las necesidades del mercado, vía concesiones y obras cofinanciadas.
Los demás gobiernos han ejecutado obras sin sentido económico, ni orientación a un plan de desarrollo, veamos nomás la carretera transoceánica, la refinería de Talara o el inicio del gasoducto del sur, por mencionar sólo algunos.
Si algo no estamos haciendo en el Perú, es una adecuada ingeniería de nuestros proyectos de infraestructura. Esto comienza por hacer una buena ingeniería conceptual, vale decir:
- Identificar la necesidad que debemos atender.
- La magnitud de la demanda actual y futura.
- La vida útil del proyecto.
- El mantenimiento que se le debe brindar durante esa vida útil y
- La previsión del proyecto sustituto al cabo de esa vida útil.
Por ejemplo, hoy contamos con una Carretera Central colapsada, pues se diseñó hace 100 años, pensada para comunicar La Oroya con Lima.
Consideró una demanda de tránsito de 2,000 vehículos/día (de la época, no articulados) y tomó 10 años en su construcción. Para hoy, ella está colapsada, pues tiene un flujo de 9,000 vehículos/día (incluyendo camiones articulados). Se ha venido evaluando soluciones para su reemplazo e iremos adelante con una inversión de S/ 24 mil millones, para construir una variante de la carretera actual, para un flujo de 12,000 vehículos, pero sin resolver los “embudos” de entrada y salida. No se contempla que el nuevo destino en la sierra ya no debe ser La Oroya, sino que debería ser Jauja o Huancayo. Mientras, por otro lado, parte de Lima, sin prever que debemos mover el “centro de gravedad” de nuestro tránsito, a las cercanías de nuestro futuro “Hub logístico” en Chancay y al sur, para acercarnos a un futuro puerto en Corío. Ya se anunció la contratación de los estudios de ingeniería, pero que atenderá a la ingeniería conceptual mencionada, con los defectos antes resaltados.
A propósito de Chancay, tampoco estamos trabajando en el diseño y desarrollo de las vías de acceso a ese que será, en pocos meses, nuestro centro portuario y logístico nacional. Tampoco estamos proyectando las carreteras y ferrocarriles para atender la demanda de los países sudamericanos interesados en el uso del puerto Chancay. Menos estamos planificando la urbe que deberá constituirse en los alrededores del puerto, no sea que se invada y tugurice sin contar con un plan urbano, ni generar la infraestructura urbana requerida. ¿Nos ocurrirá igual que con la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) que, a pesar de estar concluyéndose con un retraso de 10 años, aún no tiene las vías de acceso?
Y ya que hablamos del AIJCH, ¿Cómo es posible que la línea 2 del metro tenga como destino final el antiguo terminal del aeropuerto, que se ubica a 2 kilómetros del nuevo terminal del AIJCH y nadie adopte las medidas correctivas? A eso se le llama: No hacer una adecuada ingeniería conceptual.
¿Cuántos proyectos tenemos sin una correcta ingeniería conceptual?
¿Cuántas licitaciones ha lanzado el Estado sin saber a ciencia cierta, qué es lo que va a contratar?
Esta es, entre otras, una de las razones principales para que aparezcan las adendas, se produzcan los arbitrajes, se generen los sobrecostos, puesto que, durante esos diferendos, se acumulan gastos generales y de administración o, en caso extremo, se produzcan las paralizaciones y abandono de obra tales como Majes-Siguas II y Chavimochic III.
Lo dicho implica una tremenda deseconomía, pues habremos desembolsado miles de millones de dólares para realizar obras inconclusas, que no benefician a nadie, mientras mantenemos sin atención demandas urgentes de la ciudadanía. Así, el costo de oportunidad de los fondos públicos es altísimo.
Al margen de la corrupción, la falta de un Plan de Infraestructura debidamente consensuado y la incapacidad del Estado para plantear correctamente nuestros requerimientos y priorizarlos adecuadamente, es fatal.
¡Debemos definir una Visión y requerimiento de infraestructura, priorizar adecuadamente el cierre de brechas y, en ese campo, revisar nuestro proceso de toma de decisiones en el Estado! Lampadia
