La semana pasada se llevó acabo el III Congreso Internacional de Gestión e Infraestructura 2017, organizado por AFIN. Durante dicho evento, EY Perú (Ernst & Young) y AFIN publicaron el informe “Reflexionar hoy para construir el mañana – Mecanismos de inversión en infraestructura para un desarrollo sostenible”, el cual propone un ‘plan nacional de infraestructuras’ que utilice las Asociaciones Público-Privadas (APPs) para contribuir a la provisión de servicios públicos y equiparlos con infraestructuras modernas o para modernizar las existentes.
La verdad es que cerrar nuestras brechas de infraestructuras es una de las tareas pendientes más importantes. Según el informe, “debemos sostener un ritmo de inversión de al menos 6% del PBI cada año, durante unos diez años seguidos, para cerrar la brecha de infraestructura estimada en US$160,000 millones y salir de la pobreza”.
Eliminar las brechas no solo permite mejorar la competitividad del país y reducir los costos de transacción de las empresas, también democratiza el acceso de los pobres al mundo moderno, dándoles acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones, por lo tanto, cerrarlas con prontitud, es un objetivo social ineludible.
Por su importancia como política de Estado, es indispensable que el ‘plan’ trascienda los diferentes periodos de gobierno, con un portafolio de proyectos sólido, que genere la escala necesaria para interesar a los inversionistas institucionales y coloque al Perú en el mapa de países atractivos para invertir en infraestructura.
Como los gobiernos no tienen la capacidad financiera para superar estas brechas, es indispensable recurrir al sector privado. Para esto, el mecanismo más adecuado es mediante las APP (Asociaciones Público Privadas). Según el informe, “el Perú necesita desarrollar tanto obras públicas como APPs en el futuro, porque éstas permiten optimizar la utilización de recursos fiscales escasos y aseguran la buena operación y el mantenimiento de la infraestructura a lo largo de 30 años de concesión”. En este sentido, las APPs continuarán siendo en los años venideros un factor sumamente importante para satisfacer las necesidades básicas de la población y su conexión al mercado. La experiencia acumulada puede servir para estandarizar y mejorar la preparación de los procesos y los contratos de APPs, y acortar el tiempo que toma iniciar las obras tras la firma del contrato. Se puede hacer bastante para atraer más postores de primera línea, con procesos transparentes.
En los últimos tres años se invirtió en promedio el 4.8 % del PBI. Y, en 2016, en el año electoral, se invirtió tan solo el 4.2 %. Como afirma EY Perú, “no solo es importante incrementar este porcentaje, sino realizar un gasto eficiente en obras de infraestructura”. Como se puede observar en el cuadro inferior, el gasto presupuestal en 2016 alcanzó la suma de 26,871 millones de soles, de la cual 22,530 millones se destinaron a obras públicas directas (84%) y 4,341 millones (16%) al cofinanciamiento de Asociaciones Público Privadas (APPs).
Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el Reino Unido, donde se mantiene al día el desarrollo de infraestructuras, la inversión pública directa se limita a un 13%, y el resto 87%, lo desarrolla la inversión privada, ya sea directa, por iniciativas privadas o mediante APPs.
Para el Perú, la propuesta de AFIN contempla la participación del sector privado en un 40%:
Sin embargo, el gobierno no logra invertir alrededor de US$3,000 millones de promedio al año. Según AFIN, en 2016 lo que no se gastó (S/12,642 millones), es casi 3 veces lo que se gastó en APPs cofinanciadas (S/4,341 millones).
En resumen, los gobiernos locales y regionales gastaron el 67% del total devengado en el 2016. Entonces queda claro que un reto importante que enfrenta el país es implantar un sistema de control y seguimiento del avance y la calidad en la ejecución de los miles de obras públicas. Por lo tanto, la selección y priorización de proyectos necesita institucionalizarse con criterios exclusivamente técnicos, considerando tanto el impacto social como el económico de proyectos que contribuyan al cierre de brechas, evitando la interferencia política.
Una de las áreas más importantes de necesidades de desarrollo de infraestructuras es la de los servicios de saneamiento, capturados desde siempre por la política del absurdo: ‘priorizar a los trabajadores del sector sobre los usuarios-ciudadanos’. Los servicios de agua y desagüe están capturados por mafias, que hasta heredan los puestos a sus familiares y, absurdamente, es más importante quién presta el servicio: El Estado versus el sector privado (esa suerte de fuerza de invasión extranjera, según el ‘populismo del agua’). Veamos un resumen de las necesidades insatisfechas:
Sin embargo, las paralizaciones de obras se multiplican es en el sector de agua y saneamiento. Según el informe, existen 142 proyectos de obras de agua y saneamiento por un importe superior a S/1,159 millones, que están paralizados.
El rol de las APPs en los proyectos de infraestructuras
Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Justamente las APPs para la ejecución de obras de infraestructura social se caracterizan por ser proyectos de alta rentabilidad social, pero baja rentabilidad privada. Debido a lo anterior resulta necesario el cofinanciamiento por parte del Estado para captar el interés del sector privado por dichos proyectos.
Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.
Según el informe de EY Perú (Ernst & Young), existen cinco tendencias clave que todos los Gobiernos deben considerar:
- Incentivos para desplegar el modelo APPs
- Estandarización de principios, procesos y documentos
- Intervención proactiva en los mercados de capital
- Evaluación del Valor por Dinero
- Evaluación retrospectiva de los proyectos de APPs y la contratación
En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.
En abril del 2014 propusimos una estrategia para financiar la brecha de infraestructuras. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones. Pero parece que los gobiernos no muestran mayor interés por evaluar ideas de los ciudadanos. Siendo este un tema vital para el futuro del país, trataremos de hacer una mejor explicación de la propuesta. Lampadia
