Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia
Miguel, con 74 años a cuestas, se levantaba cada mañana a las 6:00 para preparar el desayuno a su mujer y tomar la combi hasta el centro de la ciudad del Cusco, donde abría su puesto metálico de lustrabotas en una esquina cercana a la conocida Av. El Sol. Cada día ganaba entre 18 y 25 soles, con los cuales ha enfrentado la vida desde hace décadas. No tiene pensión de jubilación, ni Essalud, ni ahorros. Sólo cuenta con su fuerza de trabajo y sus ganas de vivir y cuidar de su mujer. Desde marzo, no puede salir de su casa, vive de la caridad de sus vecinos y de lo poco que juntó en el mes de julio, que se reabrieron las actividades, pero como es mayor de 65, la policía y los municipales le exigen que cierre y se vaya a su casa. “Es usted una persona vulnerable, váyase a su casa”, le dicen cada que furtivamente abre su puesto y se pone a lustrar zapatos por 1 sol. “¿A que me voy a mi casa? ¿A esperar la muerte?”, se pregunta Miguel sin ocultar la tristeza que todo esto le causa.
Jonatan es un niño. Quedó huérfano a los 3 años cuando sus padres murieron atropellados en un paradero. Desde esa edad vive al cuidado de su abuela, una anciana que vendía tamales en el mercado central de la ciudad hasta que la ceguera la imposibilitó de salir. Jonatan tuvo 10 años cuando eso sucedió y comenzó a ser el hombre de la casa. Salió a vender los tamales que aprendió a hacer de la abuela. No va al colegio. Aunque les falta de todo, no les falta el pan de cada día. Debido a la cuarentena y las restricciones, debe esconderse cuando ve a los municipales para evitar que lo lleven a la comisaría. ¿Si me llevan a la comisaría y me quitan mis tamales, qué va a comer mi abuelita? Esa es toda su preocupación.
En el Perú hay miles como Miguel y Jonatan.
Hay miles de personas que pese a su edad, tienen que trabajar para sobrevivir. Ellos quisieran “quedarse en casa” como dice hasta el hartazgo el mensaje oficial y como algunos otros podemos hacerlo porque tenemos la posibilidad de hacer trabajo remoto o tienen ahorros, pensión, rentas o ayuda familiar. Sin embargo, las personas como Miguel y Jonatan, sin ingresos, sin bono y sin pensión de jubilación, tienen que salir a trabajar cada día, a riesgo de contagiarse. El Covid es un enemigo peligroso, temible, mortal, pero hipotético. El hambre es un enemigo más concreto y cotidiano.
Miguel, Jonatan, o cualquier otro peruano en igual situación son víctimas de la dictadura blanda y arrogante de unos burócratas que ordenan nuestras vidas cada jueves desde la cima del poder, con decretos, protocolos, multas y gracias al eco de la prensa que amplifica sus dislates. Ellos, como muchos otros, son víctimas desde inicios de esta crisis. (Lampadia: Víctimas de una fatal arrogancia. 03.04.20). Todos somos víctimas y responsables de haber dejado que el Estado se convierta en el protagonista de la batalla. (Lampadia: Donde está el error. El ciudadano debe protagonizar la batalla contra la pandemia. 24.04.20). Miguel y Jonatan son unas víctimas más de esta fatal arrogancia planificadora del Estado.
Pero, ¿era realmente tan difícil advertir que en un país como el Perú, que avanzó en la reducción de la pobreza hasta el 2014, había muchos como Miguel o Jonatan?
No. No era difícil advertirlo.
El error no está en el diagnóstico, está en la receta.
La receta implantada desde inicios de esta crisis ha consistido en restringir la libertad y atribuirle el protagonismo al Estado. Controlar todas las variables, planificar la vida de las personas, decidir quienes salen y quienes no salen, decidir quienes trabajan y quienes no, decidir quienes viajan y quienes no, asumir desde el Estado la responsabilidad de cuidarlo todo, asumir que la salud, la vida, la pensión y la subsistencia de Miguel era su tarea. Asumir que el bienestar y la educación de Jonatan eran responsabilidad del Estado. Aquí está el error. Los agentes del Estado han creído que por asumirlo todo, por planificarlo todo, por dirigirlo todo son éticos y correctos. Un problema aún mayor es que muchos ciudadanos también lo han creído.
Asumir que el Estado es más correcto por decir que protege a Miguel y Jonatan al ordenarles que se quedan en casa y ofrecerles un bono, una canasta o una cama en un hospital público es la expresión concreta de ese error.
Fatal error.
El Estado no puede proteger ni a Miguel, ni a Jonatan, ni a los jóvenes de la discoteca asesinados por la absurda persecución del Estado, ni a los médicos que envió a morir a Iquitos, ni a los asegurados a los cuales no provee de oxígeno, ni a los policías que se contagian por reprimir a las personas que salen a trabajar. El Estado no puede repartir el bono, sus agentes se quedan con las canastas antes de que lleguen a personas como Miguel o Jonatan y menos pudo habilitar suficientes camas de hospital mientras contuvo a los ciudadanos en sus casas. El Estado con todo lo hecho no ha podido evitar que el Perú este primero en contagios por millón de habitantes con la economía más destruida del mundo.
El problema está en reemplazar a las personas y a su libertad por el Estado, a sabiendas de que el Estado por su propia naturaleza, no lo puede hacer y no lo hará mejor que cada uno. Actuar así no es ni ético, ni correcto. No hay ética en lo imposible.
Mientras sigamos creyendo que reemplazar la libertad de las personas y la responsabilidad y consecuencias que implica ejercerla, por la voluntad del Estado, seguiremos teniendo víctimas como Miguel o Jonatan. Lampadia
