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Lima-Perú, 04/03/2020 a las 09:03am. por Carlos Gálvez Pinillos

Improvisación

¡Mamita los iluminados!

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para
Lampadia

Hemos tenido en la historia universal, actores destacados que no creían en la democracia representativa, entre ellos contamos a Charles De Gaulle. Este personaje, por ejemplo, no creía en los partidos políticos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ningunearlos e impedir que desde el Congreso de la República le condicionen el gobierno.  Según relata Dick Morris en su libro “Juegos de Poder”, De Gaulle buscó una nueva Constitución en la que el Jefe Ejecutivo no fuera elegido por un partido parlamentario, sino que “sirviera únicamente a una comunidad nacional”. El reclamaba que el Presidente “no debe pertenecer a un partido político”; que el Presidente debía ser “designado por la gente, facultado para nombrar su gabinete y poseer el derecho de consultar a la nación, ya sea mediante plebiscito o la elección de asambleas”. Hasta aquí, cualquier parecido con la mecánica que podemos observar, se trata de manejar en el Perú de nuestros días, es pura coincidencia.

Dicho lo anterior, ya suena a repetido el mecanismo de la convocatoria y designación de una “Comisión de alto nivel para la reforma política” con dos meses de plazo y un proceso hasta hoy inconcluso, la designación de la “Comisión de reforma del Sistema Judicial”, el que fuera anunciado en pronunciamiento conjunto con el entonces Primer Ministro Cesar Villanueva, hoy en prisión preventiva por un caso de corrupción. El nombramiento de la “Comisión para la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)” la que, en primer término, tuvo un “acto fallido” que debió abortar el proceso luego de muchos meses y en segundo término, logró “raspando” y con dificultad la designación de los siete miembros de la JNJ.

Como al presidente le gusta las cosas al estilo “my way”, hubo, al margen de la composición de las representaciones partidarias del congreso, una flagrante intromisión en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, exigiendo exámenes y procesos meritocráticos en lugar del sistema tradicional de invitación. Lo dicho trajo como consecuencia la disolución del congreso el día 30 de setiembre de 2019. Como las reglas de transparencia de procesos de selección sólo son aplicables a los que debe seguirse en otros poderes del Estado, pero no en el ejecutivo, unas semanas después, la población se enteró de la designación del nuevo Procurador General de la República, “entre gallos y medias noches” pero sin proceso transparente, teniendo en cuenta la relación de dependencia respecto del Presidente de la República.

Está claro que lo que tenemos en casa no es el General Chales De Gaulle, no tiene su experiencia, trayectoria y méritos para aspirar a re-fundar la República, ni su liderazgo, pero si le encanta ir a su aire, sin partidos, en “contacto directo y personal con el pueblo”, convirtiéndose en el intérprete de los sentimientos de ese pueblo. Con esa receta, en realidad no gobierna con miras a un mejor destino nacional, sino que actúa en función de la reacción popular, de modo tal que no le afecten los resultados de las encuestas.

Veamos sino algunos ejemplos del actuar cotidiano del ejecutivo: Se aprueba un aumento del ISC del combustible más contaminante para inducir al uso de vehículos más modernos y limpios, pero ante la reacción popular se da marcha atrás. Se establece un aumento de tarifa del servicio de agua potable en el sur, pero ante la reacción popular retrocede, sin importar no poder ampliar la cobertura del suministro. Sabe que la “reconstrucción con cambios” implica reubicación para evitar asentamiento de población en zonas de alto riesgo, pero no hay autoridad para que el mandato se cumpla.  Suelta globos de ensayo sobre la seguridad de funcionarios públicos (congresistas) a través del ministro del interior, pero como se encuentra con gente pensante que le advierte que no puede hacerlo de acuerdo a la Constitución, recula para no caer en las encuestas.  Se arma el “despelote” respecto a la demanda de Odebrecht ante el CIADI, y cambia ministros y hace cambiar al procurador, negando ser responsable como Jefe de Estado, ya que sólo es “jefe de gobierno”, y salvar cara frente a la población...

Ya en mayo 2019 escribí el artículo “Vísteme despacio que estoy apurado”, en el hacía notar que estos raros apresuramientos poco meditados y mediante procedimientos no claros ni debidamente planteados ante la representación nacional, a nada bueno conducirían.

Las normas deben ser debidamente motivadas y analizadas para no caer en errores de “primarioso”. Por ejemplo, cuando la representación nacional estableció que la Ley Orgánica de Elecciones no debiera modificarse dentro de los doce meses anteriores a una elección, alguna buena razón tendría y se debe analizar.  Ahora resulta que no, que lo primero que se debe hacer según los iluminados, es modificar esa ley para que este congreso pueda completar la tarea que no realizó la “Comisión de alto nivel para la reforma política” y en los términos que los cinco iluminados que suscriben un comunicado, desean.  Si eso se puede hacer sin problemas, la reducción del plazo debe ser permanente, no eventual...

Lo mismo ocurre con la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas. Quieren imponer cualquier cosa, pero no debidamente meditada. Algunos proponen únicamente financiamiento estatal y prohibición absoluta de financiamiento privado. ¿Por qué seremos así en el Perú? Siempre legislamos en función de las circunstancias y por reacción, nunca con una mirada de largo plazo, ni con referencias comparadas de otros países.

Después de haber liderado el mamarracho del referéndum pasado, ahora queremos discutir y aprobar la bicameralidad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero, una vez más, no puede ser que actuemos acelerando y frenando en base a asuntos circunstanciales y no ejercer liderazgo para llegar al objetivo razonado.

Se plantea que se impida que postulen a cargos públicos los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos (eventualmente incumplimiento de pago de alimentos por ejemplo), cosa con la que estoy de acuerdo. Pero nadie se preocupa que los excarcelados por asesinato, terrorismo, violación, apología del terrorismo, entre otros (actos mucho más graves), queden impedidos de participar. La defensa a estos es que “ya pagaron su pena y estarían rehabilitados”. Para que alguien esté rehabilitado señores, como en la confesión, debe cumplir con: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Si no ha cumplido con esos cinco pasos, NO ESTÁ REHABILITADO y muchos salen de la cárcel sin estarlo. Mal pueden ser candidatos.

Me preocupa también que quieran abordar proyectos de ley para mejorar la “representación política en el ámbito sub-nacional” y fortalecimiento de los sistemas de control en ese nivel. Nuevamente, no se trata de generar más sistemas de control y vigilancia, más burocracia y fuentes de conflicto de interés en un sinnúmero de dependencias sub-nacionales. Debemos reducir las reparticiones políticas de elección y fortalecer las capacidades y competencias de la autoridad regional y provincial, transformando la autoridad a nivel distrital, en gerencias alineadas y dependientes de los alcaldes provinciales.

Podríamos llenarnos de ejemplos en todo el Perú, pero baste ver el conflicto por el enrejado del puente “de la amistad” entre San Isidro y Miraflores o el tráfico de terrenos del alcalde de Punta Negra, “aquisito nomás“, para imaginar lo que ocurre fuera de Lima y a nivel nacional.

Si vamos a efectuar correcciones, hagámoslo bien, con una mirada más amplia, observando cómo funciona en el primer mundo y no discutiendo intereses minúsculos. Lampadia

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