La cantidad de proyectos de ley absurdos y contraproducentes que se aprueban irreflexivamente, sin información adecuada y sin análisis costo beneficio de ningún tipo, ha adquirido proporciones alarmantes. El Congreso se ha convertido en un peligro público, en una fábrica de locuras. Quizá la conversación entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori ayude a establecer un mecanismo de coordinación para detener exabruptos legislativos, pero no cabe duda que la solución estructural a este problema es el restablecimiento de una cámara revisora capaz de contener los brulotes demagógicos y populistas de la cámara baja o elevar el número de votos necesario para insistir en una ley observada por el Ejecutivo.
Fuente: nexos.com
Libro de reclamaciones
Recientemente, por ejemplo, se aprobó ¡por unanimidad! una ley que obliga a todos los proveedores o comercios a nivel nacional –desde las grandes empresas a las micro empresas- a remitir al Indecopi copia de todas las quejas y reclamos consignadas en sus libros de reclamaciones para que esta entidad adopte “las acciones correspondientes”. Por supuesto, violando el artículo 75 de la ley del Reglamento del Congreso que obliga a que todo proyecto de ley venga acompañado de un estudio costo beneficio, aquí no se realizó estudio alguno. Si se hubiese hecho, los congresistas se habrían percatado de que hay aproximadamente 2 millones de empresas en el Perú que estarían obligadas a remitir copia de las reclamaciones al Indecopi, con los costos consiguientes para esas empresas y con un impacto monumental e inviable en las tareas del Indecopi. Esta entidad ha calculado que si cada una de las 2 millones de empresas le remite una hoja de reclamación al mes, la labor del Indecopi en términos de recibir las copias, sistematizarlas, adquirir el software, realizar las estadísticas y el análisis de la información para “adoptar las acciones correspondientes”, sería de tal magnitud que los costos de ese esfuerzo no bajarían de unos 400 millones de soles anuales –varias veces el presupuesto actual de esa entidad que, por lo demás, no viene del tesoro público sino de sus propios ingresos- y obligarían a contratar a alrededor de 10 mil personas para llevar a cabo todas esas tareas.
Tendremos todos los peruanos que pagar por este absurdo. Esto sin contar el hecho de que se desincentiva la iniciativa de la empresa de resolver por sí misma la reclamación. En la actualidad, cuando un consumidor formula un reclamo, el proveedor está obligado a dar respuesta en 30 días, acogiendo o no el reclamo. Si el consumidor no recibe respuesta o esta no es satisfactoria, puede acudir al Indecopi para interponer allí su denuncia. La mayor parte de los casos se resuelven por atención directa del proveedor. Esa negociación directa quedaría anulada.
Otro efecto secundario de esta norma es que en adelante el Indecopi concentrará sus esfuerzos en la defensa del consumidor, cuando su labor en defensa de la libre competencia es mucho más importante en términos de beneficios para el consumidor.
Prohibición de importación de leche en polvo
Otra ley aprobada por el Congreso, también por abrumadora mayoría, es la que prohíbe el uso de la leche en polvo para la fabricación de leche evaporada, yogurt, quesos y cualquier otro producto lácteo. El resultado será el encarecimiento de la leche evaporada y de los demás productos lácteos, en perjuicio de los consumidores, por la sencilla razón de que hay un déficit apreciable de producción lechera nacional. Esta ley también se redactó sin estudio costo beneficio, desconociendo la realidad. Pues no es cierto, por ejemplo, el argumento de que la leche en polvo disminuye los nutrientes. Según el científico nutriólogo Robinson Cruz, la leche en polvo y la propia leche evaporada reducen la cantidad de vitamina A y D (que luego se repone en el proceso de elaboración), pero no afectan la esencia del poder nutritivo de la leche, que está dada por las proteínas y el calcio que contienen, más allá de las vitaminas A y D que se pueden agregar al final del proceso productivo. Nuevamente, pues, una ley confeccionada sin información adecuada, cuyos efectos, de promulgarse sin modificaciones, ocasionarán un incremento en el precio y acaso un decremento de la calidad de los productos lácteos.
Injerencia en proyectos inmobiliarios
Allí no queda la cosa. Otra muestra fantástica de la creatividad parlamentaria ha sido el proyecto de ley presentado por Marissa Glave y aprobado en la comisión de Vivienda para la generación de suelo a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales, que establece que “los propietarios o promotores de condominios o proyectos edificatorios multifamiliares, deben destinar un porcentaje para vivienda de interés social no menor al 10% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el condominio o proyecto edificatorio multifamiliar, para atender a las familias afectadas por los desastres naturales…”. Una obligación como esa podría tener sentido en proyectos públicos de interés social, pero es una imposición socialista inaudita obligar a los proyectos inmobiliarios privados a reservar el 10% de las viviendas a los damnificados. Sólo a congresistas que no entienden la naturaleza de la inversión privada se les puede ocurrir algo así. Se querrá que no haya más inversión inmobiliaria en el país.
Colegio de historiadores
Otra barbaridad es pretender crear un nuevo colegio profesional, en este caso de historiadores. Algo contra natura, pues lo último que se puede hacer es regimentar la historia a través de típicas acciones gremiales de los colegios. Lo que es más, deberíamos pensar en eliminar los ‘estancos’ y ‘aplanadoras’ en que han devenido todos los colegios profesionales, a los que están sometidos obligatoriamente tantas profesiones.
Sigue la creatividad legislativa
También está en agenda de la misma comisión una modificación al decreto legislativo de obras por terrenos en la que se prohíbe que en los terrenos recuperados o creados por la inversión en encauzamiento de los ríos se pueda hacer inversión inmobiliaria. Lo que sencillamente mata la idea. Nadie va a invertir en costosas obras de encauzamiento de los ríos simplemente para formar tierras agrícolas.
Hay otro tipo de leyes que se aprueban demagógicamente siguiendo corrientes del momento originadas en hechos reprobables. Los tremendos escándalos de corrupción, por ejemplo, llevaron al Congreso a aprobar hace unos meses una ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa ley, sumada a la hiperactividad persecutoria por asuntos formales o menores por parte de la Contraloría, no hace sino alejar cada vez más a los buenos profesionales de la función pública y a inhibir a los funcionarios en ejercicio de tomar decisiones, paralizando el Estado y la obra pública. De esa manera empobrecemos el Estado y, paradójicamente, lo hacemos por esa vía más vulnerable aun a la corrupción y, sobre todo, a la ineficiencia. Nuevamente leyes que se aprueban sin mayor análisis y sin estudios costo beneficio serios.
Y así podríamos seguir. Es hora de introducir un control de calidad en las leyes del Congreso. El congresista Alberto de Belaunde planteó un proyecto de ley para crear una oficina de análisis económico e impacto regulatorio de los proyectos de ley, que debería opinar sobre todos los proyectos que se presenten. Es hora de aprobar esa iniciativa, por la salud del país. Además de ello, una bancada tan poderosa como la de Fuerza Popular debería tener también un equipo de economistas y profesionales que filtre los proyectos de ley y los mejore.
Por supuesto, ya es hora, como decíamos al abrir esta nota, que la bancada de Fuerza Popular tome la decisión de aprobar el restablecimiento de la bicameralidad, como garantía de análisis y revisión de la calidad de las leyes. Mientras tanto, es indispensable subir el número de votos para insistir en una ley observada por el Ejecutivo. En el Perú es apenas la mitad mas uno del número legal de miembros del Congreso. En todos los demás países de América Latina es cuando menos los dos tercios. Es imperativo. Lampadia
