Jaime de Althaus
Para Lampadia
La explicación más fuerte acerca de las razones por las cuales es poco probable que en el Perú se produzca una explosión social a la chilena radica en la alta informalidad peruana. En Chile la empresa y el trabajo son formales, y entonces la gente está sometida a los rigores de la formalidad que, en circunstancias en las que los ingresos se estancan o bajan y las deudas se acrecientan, pueden ser insoportables, sobre todo cuando los servicios sociales no funcionan bien o no son enteramente gratuitos. Hay un reclamo por un Estado más redistributivo.
En el Perú son pocos los que pagan impuesto a la renta y los que reciben pensiones, por ejemplo. Se pensaría entonces que no hay nada que reclamar. El modelo no ha hecho ninguna promesa. No es posible agregar intereses para una movilización general porque no hay demandas comunes contra el Estado porque no hay una relación con él.
Esa situación, sin embargo, no es una bendición. La informalidad es la respuesta al alto costo de la formalidad y a la baja productividad de muchas actividades. Pero es una manera de condenarse a no crecer más allá de cierto punto, aquel en el que ya es indispensable formalizarse si se quiere seguir creciendo. Es, entonces, un tapón al progreso de los sectores emergentes.
Deberíamos tener entonces movilizaciones de los informales por reducir los costos de la formalidad. Pero eso no ocurre, en primer lugar, porque nadie se moviliza para pagar impuestos, por ejemplo, por más bajos que estos se vuelvan, o para pagarle beneficios sociales a sus trabajadores, por más reducidos que estos sean. Ni los trabajadores informales se movilizan para convertir parte de su salario líquido en aportaciones, ni para tener Essalud si ya tienen el SIS, aunque en teoría sí podrían hacerlo para recibir el salario mínimo pues la mayor parte gana por debajo de él. Y, en esa medida, podrían ayudar a demandar una formalidad menos onerosa.
Sin embargo, aquellos micro y pequeños empresarios que ya han tenido que ingresar, aunque sea parcialmente, a la formalidad, sí apreciarían esas facilidades. Lo que resulta prohibitivo para muchos es el salto a los regímenes tributario y laboral generales. Habría que enfocar la protesta contra esos regímenes y contra el exceso de regulaciones laborales y sectoriales existentes que sobrecargan los costos empresariales.
Pero esas son demandas de carácter difuso o abstracto que tendrían que ser enarboladas por un sector también difuso, no organizado. Es tarea política fundamental construir desde abajo, desde los mismos actores, una propuesta con demandas concretas de abatimiento de las barreras que impiden el crecimiento de los emprendimientos, y organizar el sector para que sea capaz de movilizarse. Es la única manera de alcanzar un resultado.
El gobierno, por ejemplo, incorporó en el Plan Nacional de Competitividad la simplificación y unificación de los regímenes tributarios, para evitar los saltos mortales de un régimen a otro –aunque aún no se aprueba por Decreto de Urgencia respectivo-, pero no se atrevió a incorporar una propuesta similar y correspondiente para simplificar y eliminar los regímenes laborales y construir una escala gradual basada en los ingresos del trabajador y no en el número de empleados de la empresa. Ambas propuestas son complementarias. Una sin la otra pierde efecto.
Ahora bien, en el supuesto de que se logre una formalidad más accesible y al mismo tiempo se consiga incrementar en alguna medida la productividad de esos sectores emergentes, de modo que un porcentaje apreciable logra transitar a la formalidad, ingresamos entonces a un escenario más parecido al chileno, correspondiente a una etapa de desarrollo en la cual no es posible escapar a los pagos y obligaciones de la formalidad.
En un escenario como ese hay tranquilidad social si es que la economía está creciendo a tasas suficientes para que la mayor parte de las familias gocen de una sensación de progreso, y si los servicios públicos funcionan lo suficientemente bien como para atender con eficiencia y solvencia necesidades excepcionales tales como gastos en salud, y como para prevenir y resolver situaciones de inseguridad ciudadana o jurídica.
El país tiene entonces un margen de tiempo para avanzar hacia la reforma de los servicios públicos, mientras de alguna manera intenta incorporar a las mayorías a la formalidad. El nuevo Congreso debería tener entre sus tareas la de vigilar que lo que se está haciendo en Salud, por ejemplo, lleve a una mejora sustancial del servicio. Se ha incorporado a 4 millones de personas al SIS, pero éste no se ha reformado. Se ha obligado a las farmacias a vender genéricos puros, pero los que existen no son equivalentes a los originales y la DIGEMID no procesa las solicitudes, y la mayor parte del problema está en que pacientes que van a los establecimientos públicos de Salud no reciben todos los medicamentos gratis, existiendo recursos. Para mejorar esto se quiere potencial y modernizar un operador logístico centralizado, pero no se piensa en tercerizarlo, que sería lo indicado. Y para fortalecer el sistema de salud a fin de atender a todos como se pretende, se ha contratado un préstamo de 1,000 millones de soles con el BID y el Banco Mundial, pero es solo para Lima y un par de regiones. ¿Lo que se pretende hacer con ese préstamo está bien enfocado?
Es hora, por lo demás, de integrar soluciones. Lo que se haga en regímenes tributarios y laborales para facilitar la formalización y el crecimiento de la empresa, debería estar atado a Essalud, Salud y pensiones. Pero ese es tema de otro artículo. Lampadia
