Jaime de Althaus
Para Lampadia
Habría que entender qué es lo que se busca con una nueva constitución.
La Constitución como mito fundacional
Es posible que algunos vean en una nueva Carta Magna la ilusión de un nuevo nacimiento sin las taras y males del pasado. Comenzar de cero por decimotercera vez para crear un mundo feliz, justo, donde todos seamos iguales. Es decir, una función mítica. Lo puso Castillo en su ya célebre tuit:
“…para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista… la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos/os dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”
Aquí hay un error de base: creer que una Constitución puede crear la felicidad social. Que puede ordenar la igualdad. Y que puede hacerlo dándole al Estado unos poderes muy fuertes. La dictadura del Estado contra los poderes malignos de los privados.
En realidad, una Constitución es mucho más efectiva poniendo límites a los poderes que creándolos o agravándolos. Nació para eso: para poner límites al poder del Rey y permitir el desarrollo de los ciudadanos. Límites para que los poderes públicos no avasallen la libertad individual. Para permitir la máxima expansión posible de la iniciativa política, económica y cultural de los ciudadanos, a fin de hacer posible la realización individual y el crecimiento colectivo.
Es más, cuando la Constitución se pervierte dando excesivos poderes al Estado, termina facilitando la destrucción de los derechos fundamentales del ciudadano, la dignidad de la persona. Y termina agravando la desigualdad y la pobreza.
La Constitución puede reconocer derechos –de hecho, la Constitución actual reconoce todos los derechos mencionados por Pedro Castillo-, pero su concreción en la realidad es un asunto de políticas, de gestión. Y de posibilidades materiales, de mercado. Un mercado que genere los excedentes y que integre.
Castillo ha dicho que la salud y la educación no deben ser servicios sociales, sino derechos. Es creer, nuevamente, en el poder mítico de la palabra, de la norma constitucional. Lo que nos falta no es la letra del derecho, sino un buen servicio público que la encarne. Eficiencia, gestión por resultados, meritocracia. Y acabar con las mafias corruptas. Eso es mucho más difícil que escribir una palabra. Tenemos que cambiar el Estado, no la Constitución.
La Constitución como vehículo de incorporación en la nacionalidad
Algunos verán una nueva constitución como la carta de incorporación de los sectores marginados o excluidos o postergados a la ciudadanía nacional, a un sistema que no les sea ajeno sino propio. Como el nuevo pacto social que les permita incorporarse.
Podemos decir que esa exclusión se expresa concretamente en la informalidad. Es una exclusión del sistema formal, del Estado legal, que es el sustento de la exclusión social y cultural, de la discriminación y el racismo. Un mercado integrador gracias a una formalidad incluyente, sería un gran igualador y desprejuiciador, un gran creador de prójimos.
Y se expresa también en la exclusión de los servicios públicos, ineficientes y capturados por grupos de interés. Es decir, del Estado social.
Pero ambas exclusiones no se resuelven con una nueva Constitución, sino con la reforma de la formalidad y del Estado, de la salud y la educación. Nuevamente, eso es mucho más difícil que poner palabras en un texto. La Constitución y la ley, más bien, al regular derechos tan difíciles de alcanzar que solo una minoría los puede disfrutar, se vuelven excluyentes. Consolidan y agravan la injusticia.
La Constitución como truco simbólico para acumular poder
En los últimos veinte años las nuevas constituciones en américa latina han tenido esas consecuencias. Pero no solo han agravado la pobreza y la desigualdad, sino que han servido para suprimir libertades. Con el señuelo de diseñar el paraíso social, han sido usadas por los gobernantes para acumular poder, suprimir controles horizontales, disolver los congresos, capturar las cortes judiciales y los poderes electorales.
Esto no solo por el texto que aprueban –por lo general estatista- sino desde el proceso mismo de convocatoria a asambleas constituyentes. Para hacerlo y conseguir mayoría en ellas, los gobernantes movilizan a sectores y organizaciones sociales, hacen populismo económico y político y revientan la caja fiscal. Una vez instaladas, suelen desplazar o disolver el Congreso y absorber sus funciones. Su poder es omnímodo, absoluto. Mientras duran, todos los derechos y las reglas de juego quedan en suspenso. Y el tirano se aprovecha. Pesca a río revuelto.
Se convierten en la práctica en la cobertura perfecta para la corrupción y para retroceder en la reforma del Estado y de los servicios públicos.
Me pregunto si será posible sentarse a conversar con los impulsores de una nueva Constitución sobre las razones o los sentimientos o las percepciones que los han llevado a plantearla. Si será posible una discusión seria y racional sobre fines y medios. Sobre cuáles serán los mejores medios para alcanzar los fines que persiguen, siempre y cuando no se trate simplemente de la captura del poder total. Lampadia
