Estudio de caso para poner en evidencia el mal
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es obvio que la coalición patrimonialista que eligió a José María Balcázar no aprobó los cambios ministeriales propuesto por Hernando de Soto, que probablemente implicaban la salida de ministros vinculados a las bancadas del pacto o políticas nuevas que afectaban intereses creados. Increíble.
Parece un caso de laboratorio. Tan transparente como desvergonzado.
Habría efectivamente, como ha sugerido de Soto, que aprovechar el hecho para diagnosticar exactamente qué ha ocurrido y poner en evidencia los intereses que se han movido para bloquear su juramentación, y para que esto sirva de caso de estudio a fin de entender la naturaleza patrimonialista y clientelista de la política congresal y de la política peruana en general. A ver si nos sirve para aprender y cambiar.
Es claro que no vamos a poder resolver los problemas nacionales si no inyectamos un antídoto contra ese modelo de gobernanza.
Los servicios públicos se degradan cada vez más y la obra pública no funciona debido a un modelo de gestión patrimonialista en el que los políticos y burócratas trabajan hacia dentro y no hacia afuera, se organizan y mueven para obtener ingresos, beneficios y privilegios personales de todo tipo y no para satisfacer al usuario con un buen servicio o una buena obra.
Las obras comienzan para cobrar el adelanto y luego se abandonan, con el funcionario llevándose su tajada.
Crean normas difíciles de cumplir para cobrar por autorizar la actividad.
Es un sistema parasitario que succiona rentas de la sociedad a expensas del crecimiento y que impide el ingreso de las mayorías a la formalidad.
En efecto, hemos dicho que la formalidad es tan cara y asfixiante en nuestro país que es muy difícil prosperar en el mercado formal y por lo tanto muchos deciden capturar el Estado para medrar y progresar económica y socialmente. Así es como se forman las argollas y las mafias y se arman los intereses que guían las decisiones de nombramiento.
Esto es muy notorio a nivel de los gobiernos regionales y locales, convertidos en botines presupuestales. Pero vemos que lo mismo ocurre a nivel nacional en el Congreso y el Ejecutivo.
Y es un círculo vicioso porque, a mayor captura, mayores regulaciones, mayor informalidad y dificultad para prosperar en la formalidad y por lo tanto mayor necesidad de capturar el Estado para progresar social y económicamente. Y así sucesivamente.
Por eso crecemos solo 3% cuando deberíamos estar en 7 u 8% considerando el nivel de los precios de los minerales.
Lo que ha ocurrido debería llevar entonces a los partidos políticos en lisa electoral a entender el problema y formular las reformas que se requiere para romper este estado de cosas:
desregulación profunda de las normas sectoriales, laborales y tributarias para buscar una formalidad inclusiva, meritocracia profunda en todos los niveles del Estado, y reducción del gasto burocrático inútil.
Hay que preguntar qué partidos ofrecen esto, y votar por ellos. Lampadia
