Jaime de Althaus
Para Lampadia
¿El enseñoramiento criminal en Ecuador, podría pasar en el Perú?
Sí, si no prevenimos, pero todavía estamos relativamente lejos. Tenemos varias diferencias.
Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), la tasa de homicidios en ese país fue mayor a 35 por cien mil el 2023 (o 45 según El Comercio). En el Perú el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior calculaba en 8.7 por cien mil la tasa del Perú para ese mismo año: 4 o 5 veces menos. Pero, ojo, era de solo 5.4% el 2011.
De otro lado, es claro que en Ecuador el incremento casi exponencial de los homicidios (de 528% desde el 2019), obedece a guerras territoriales entre bandas por el control de los puertos de salida de la cocaína que viene de Colombia. Ecuador se ha convertido en la ruta de salida del narcotráfico colombiano. Por eso es que las mayores tasas de homicidios se dan en las provincias del litoral,[1] como podemos ver en el siguiente mapa:
En el Perú no existen aún esas guerras por el control territorial de los puertos. Nuestro país Perú produce más o menos un 65% de la cocaína que produce Colombia, y cerca de un 60% de la producción peruana sale por la Amazonia a Bolivia y Brasil. Allí están presentes el Comando Rojo y el Comando de la capital, poderosas organizaciones brasileras, pero su actuación hasta ahora se ha limitado a zonas de Loreto y Ucayali. Los mineros ilegales ecuatorianos han invadido los ríos Santiago y Cenepa en Amazonas y Napo en Loreto, probablemente conectados a la peligrosa banda Los Lobos. Alrededor de un 40% de la droga sale por los puertos costeros, pero nuestras bandas costeñas son familiares, pequeñas, eventualmente proveedoras de los carteles mexicanos. Toda la cadena está muy atomizada.
El problema podría complicarse si el gobierno de Noboa tiene éxito en combatir el narcotráfico y logra cortar las rutas de salida de la droga. En ese caso, por efecto globo, podrían reorientarse al Perú (o retomar la salida por la propia Colombia o Venezuela). Hay que estar muy atentos y prevenir esa posibilidad. De hecho, ya las narco organizaciones ecuatorianas Los Tiguerones y los Choneros tienen presencia en el puerto de Paita, aunque sin que protagonicen hasta el momento disputas por el control territorial de ese puerto.
Otra diferencia con Ecuador es que en nuestro país no existe ningún penal controlado internamente por organizaciones criminales, que impida la vigilancia o la requisa de armas o celulares. Hay corrupción, si, pues de hecho ingresan eventualmente celulares que se usan para extorsionar o dirigir desde las cárceles, algo que hasta ahora no ha encontrado solución. Se requiere, de hecho, más penales.
A diferencia de Ecuador, en el Perú la tasa de homicidios no solo es mucho menor, sino que se ha ido incrementando más o menos lentamente, como podemos ver en el siguiente cuadro elaborado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana:
Ese incremento está mucho más asociado al Tren de Aragua, que sí es una organización internacional muy grande, pero su negocio no es el narcotráfico sino principalmente las extorsiones y la trata de personas.
Su impacto, sin embargo, es muy amplio. Sectores enteros en los distritos populares están obligados a pagar cupos, lo que desalienta y hasta destruye los negocios. Es un tumor difícil de extirpar y claramente el gobierno no atina a desarrollar un plan que combine la activación de las organizaciones vecinales y gremiales con acciones de inteligencia efectivas.
Pues lo que sí tenemos en el país es una combinación de mafias y economías criminales diversas: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de personas, tráfico de tierras, extorsiones, contrabando, etc., imbricadas entre sí y con actividades informales y formales diversas en cadenas de valor relativamente complejas. En muchos casos capturan gobiernos locales o regionales y hasta llegan al Congreso, fuera de captar o neutralizar fiscales, jueces y policías. Algunas de esas mafias -narcotráfico, minería ilegal- llegaron en alguna medida al poder con Pedro Castillo, y las movilizaciones violentas que se produjeron luego de su salida fueron en parte financiadas por esos sectores.
De allí la importancia de estrategias inteligentes y diferenciadas para:
- Incorporar a la formalidad a zonas de minería no formal una por una
- Anular la salida económica del narcotráfico cortando el puente aéreo como se hizo en los 90
- Anular la salida económica de la minería ilegal interviniendo las plantas procesadoras de oro que habilitan y compran a los ilegales
- Afiatar el rol devuelto a la policía en las investigaciones, y fortalecer las unidades de inteligencia e investigación
- Flexibilizar temporalmente el nivel de pruebas para la prisión preliminar y preventiva
- Afianzar la coordinación entre las instituciones del sistema judicial vía el Consejo de la Reforma correspondiente, y avanzar en la digitalización de la justicia penal
- Implementar unidades de flagrancia locales con carceletas incluidas
- Construir nuevos penales y habilitar inmuebles incautados para trasladar allí a quienes hayan cometido delitos no letales
- Movilizar los Consejos distritales de seguridad ciudadana con liderazgo presidencial
Lampadia
[1] Tenemos en Esmeraldas el puerto del mismo nombre, en Manabí el puerto de Manta, en Guayas el puerto de Guayaquil, en El Oro el puerto Bolívar, entre otros. Pero tiene también una tasa de homicidios muy alta la provincia de Los Ríos, que no es costera sino mediterránea. Allí hay laboratorios, acopio, preñado de contenedores que salen por Guayaquil, salida de avionetas a México, y extorsiones.
