Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una vez más, la política y la economía marchan por caminos divergentes. Mientras en la política se multiplican las ofertas populistas e intervencionistas, la economía requeriría de la mayor libertad económica posible para recuperarse. El fenómeno se agrava porque el proceso de recuperación económica correrá paralelo al proceso electoral.
La tentación política inmediata es ofrecer subsidios, controles de precios, suspensiones de pagos e intervenciones contra el capital, con la idea de brindar un alivio temporal, una droga que luego tendrá consecuencias peores. Pero en la población angustiada y desempleada no solo hay una demanda por recibir ayudas -que se justifican si son alivios temporales fiscalmente atendibles-, sino que también y sobre todo hay una demanda por empleo, por progreso, por libertades y medios para crecer. Por una formalidad accesible y atractiva.
Sería extraordinario un populismo de las libertades, no de los regalos con dinero ajeno. Un populismo de las palancas para crecer. Uno que lleve a una nueva formalidad, inclusiva, con menos barreras, que permita a los informales acceder al crédito formal (más barato que el informal) y a las empresas en general invertir con menos regulaciones improductivas y contratar trabajadores en un mercado laboral con reglas mucho más flexibles.
La velocidad de la recuperación dependerá de eso. De la medida en que quitemos amarras a la economía, a la iniciativa individual, a los emprendimientos. Y los dejemos volar.
La recuperación, para que sea más rápida, deberá ser, en ese sentido, una “recuperación con cambios”. Es decir, una recuperación con reglas más simples, con formalización.
Se desaprovechó entrega de bonos para bancarizar
La propia pandemia tiene el potencial para acelerar algunas tendencias que van en ese sentido. La entrega de bonos, por ejemplo, era una oportunidad para dar un salto en inclusión financiera. Lamentablemente esa oportunidad se ha perdido por el momento. En efecto, al 2 de junio se había entregado el bono de 760 soles -que incluye a los dos primeros bonos de 380 soles y el bono independiente- a 4,726,228 hogares, distribuidos en las siguientes modalidades de pago:
Como vemos, solo el 1.4% ha sido otorgado vía billetera electrónica y no se ha abierto cuentas básicas en los bancos para dar los bonos, pese a que el DU 056-2020 permitió que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pudieran abrir cuentas a nombre de beneficiarios de bonos. ¿Por qué no se usó? A un 53% de los beneficiarios se les ha entregado vía banca celular (una clave en el celular para ir a un cajero y cobrar), pero eso no bancariza. Los depósitos en cuenta se hacen en cuentas que los beneficiarios -sobre todo de los programas sociales como Juntos- ya tenían abiertas.
En billetera electrónica se usó la aplicación Tunki de Interbank, que tiene una cobertura limitada. Yape del BCP tiene 2.5 millones de usuarios y, según Luis Alfonso Carrera, se espera llegar a 5 millones de usuarios a fin de año con Yape Card, que tiene la ventaja facilitadora de que no está atada a una cuenta bancaria. En la actualidad, 200 mil negocios aceptan pagos con Yape. Quieren llegar a 500 mil a fin de año. También 70 mil taxis y 15 mil bodegas. Planean llegar a 30 mil bodegas en diciembre. El foco ahora está puesto en puestos de mercado y mototaxis. Lo interesante, además, es que pronto se ofrecerá microcréditos por medio de esta aplicación.
Es claro, entonces, el potencial. Todavía queda la esperanza de que, si vamos a un segundo bono universal, pues se use exclusivamente billetera electrónica y cuentas básicas.
Esto es muy importante. Muchos informales trabajan sin crédito o con crédito informal, muy caro. Acceder al crédito formal, más barato, es acceder a una palanca que puede levantar y modernizar los negocios populares. Pero recibir crédito del sistema financiero implica algún grado de formalidad. De poco servirá acceder al crédito y crecer si acceder y mantenerse en la formalidad resulta muy oneroso y complicado. La formalidad tiene que permitir el crecimiento de los emprendimientos.
Avances en simplificación administrativa y digitalización del Estado
En ese sentido ha habido avances en algunos temas y en otros no. Por ejemplo, existe ahora un Tupa estandarizado para la licencia de funcionamiento que las municipalidades deberían aplicar. Esa tupa se ha simplificado recientemente aún más. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento es ahora automática para locales de riesgo bajo y medio. Para julio, en 20 municipalidades de Lima se podrá a realizar ese trámite on line.
Otra buena noticia es que la pandemia ha llevado a adelantar la digitalización del Estado. Para el 31 de diciembre, todos los trámites de los ciudadanos y empresas ante el Estado deberán ser on line. Esto ha sido dispuesto por el DL 1497. Es interesante notar que los trámites que se están digitalizando son los que sobrevivieron al proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que hace unos meses terminó de reducir en un 30% los procedimientos administrativos del Ejecutivo.
Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) sin prioridad
Pero no se trata de avanzar solo en simplificación administrativa. Más importante aun es la eliminación de normas que regulan la actividad y que imponen más costos que beneficios. Es decir, aligerar la sobre regulación que ahoga a las empresas, reducir ese intervencionismo de baja intensidad que se ha reimplantado en el Perú desde hace una década. Para eso hay un programa en la PCM financiado por el BID que debe aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) a todo el stock de normas regulatorias en ocho sectores del Ejecutivo, para derogar las que crean más problemas que los que resuelven. La impresión, sin embargo, es que no tiene la prioridad política ni el impulso necesario considerando las circunstancias. Hace meses que viene elaborando una metodología que estará lista recién el último trimestre de este año. A este programa debe ponérsele mucha mas potencia.
Simplificación tributaria y laboral
Por supuesto, tan o mas importante que lo anterior es un sistema tributario y laboral que permita el crecimiento de los emprendimientos y el aumento de su productividad. Y eso no ocurre. Es una barrera casi imposible de saltar para todo aquel que quiere formalizarse o que habiéndose formalizado quiere crecer.
Macroconsult (Elmer Cuba y Claudia Cooper) propusieron hace unos meses un “combo formalizador” que consistía básicamente el eliminar los regímenes especiales tributarios y laborales y reemplazarlos por una escala única gradual y progresiva, de modo que la empresa que crece no sufra un castigo cuanto logra más utilidades o tiene mas trabajadores. Es decir, un sistema que elimina los saltos mortales que desalientan el crecimiento y fomentan el enanismo y la informalización.
Ya es hora de poner esta propuesta en el debate y aprobarla en el Congreso o vía delegación de facultades. Por supuesto, resulta indispensable resolver el problema de la estabilidad laboral absoluta creado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2001. El Congreso debe apresurarse en reemplazar a 6 de los 7 miembros del Tribunal cuyo mandato ya lleva alrededor de un año de vencido.
Pensiones y seguridad social
La reforma del sistema de pensiones es también una vía para la inclusión formal de todos si adoptamos la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años pueda contribuir a su cuenta pensionaria individual con una parte del IGV que paga cuando compra algo. Todos querrán pedir factura. Si desatamos el aporte pensionario y la seguridad social de la condición de empleado, entonces las empresas tendrán menos costos no salariales y podrán contratar más personal.
Si hacemos todo esto, no solo la recuperación económica será mucho más rápida, sino que resolveremos, de paso, el problema estructural fundamental de nuestra sociedad: el dualismo económico, la informalidad, la exclusión del Estado legal, que se manifestó en esta crisis como el impedimento principal para aplicar estrategias efectivas de combate al virus. Lampadia
