¿Estamos enfrentando los temas en los que vamos en los últimos lugares en el Índice de Competitividad Global?
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El índice global de competitividad del Foro Económico Mundial ha vuelto a decirnos lo que ya sabemos, pero no reaccionamos en la medida necesaria. Estamos en el puesto 67 de 138 países, un poco por encima de la mitad de la tabla. El problema es que no mejoramos. Antes bien, vamos perdiendo terreno. En los años 2012 y 2013 estuvimos en el puesto 61 de 144.
La pregunta es si la agenda del país está enfrentando los puntos más débiles de ese índice para recuperar posiciones y modernizarnos. Si desagregamos ese puesto por rubros, vemos que estamos en buena posición en ambiente macroeconómico (puesto 33) y en desarrollo del mercado financiero (puesto 26). Pero estamos muy atrás en temas institucionales, educación, salud, infraestructuras e innovación. Fijémonos en los temas en los que estamos más rezagados, debajo del puesto 120 de 138:
Existe hasta cierto punto un consenso en que esos son precisamente los temas que deben ser priorizados. De hecho, el gobierno y el Congreso están planteando una agenda de reformas para afrontar todos ellos, con la excepción de uno, que es el gran ausente.
La reforma política
Por ejemplo, para resolver el problema de la escasa “confianza pública en los políticos”, que es un indicador de un problema complejo, el Congreso ha nombrado un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Constitución, presidido por la congresista de Patricia Donayre de Fuerza Popular e integrado por Marisol Espinoza de APP y Gilbert Violeta de PPK, para elaborar una propuesta de reforma política y electoral. Pero da la impresión que este grupo es relativamente débil para abordar un encargo de tal magnitud. Tiene un consejo consultivo compuesto por Juan de la Puente, Fernando Tuesta y Percy Medina (de IDEA Internacional). A nuestro juicio, hace falta convocar a más académicos, pensadores y políticos de peso para que discutan y formulen una propuesta.
Una buena noticia ha sido que la asociación Transparencia acaba de relanzar su propuesta de reforma institucional de 32 puntos, que podría servir de base a los trabajos del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución o del grupo de expertos arriba mencionado, porque se trata de planteamientos muy seriamente trabajados y bien pensados, aunque tímidos en el tema del sistema electoral: no avanzan hacia la idea de tener distritos electorales pequeños, uni o bi nominales, algo fundamental para ayudar a reducir el número de partidos y reconstruir las relaciones de representación de modo que la gente sienta que tiene un representante. Fuera de la plausible propuesta de Transparencia, no vemos suficiente debate académico y público sobre esta reforma, que no es fácil ni admite verdades absolutas.
El “peso de la regulación gubernamental”
En el tema del “peso de la regulación gubernamental”, donde estamos literalmente en el último puesto en el mundo, lo que sabemos es que el Ejecutivo solicitó y recibió facultades legislativas para “modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos…; emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales o de prestación de servicios sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo la simplificación administrativa de los procedimientos relativos al patrimonio cultural; dictar normas generales y específicas para la estandarización de procedimientos administrativos comunes en la administración pública…; aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno…; y dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado…”.
Por lo que se ve, las facultades alcanzan a todo lo que es simplificación de trámites y eliminación de barreras burocráticas, lo que está muy bien, pero quedan dudas si servirán para derogar normas sustantivas, regulaciones propiamente dichas, tales como las que ahogan a las empresas en materia de seguridad y salud ocupacional, normas ambientales absurdas, exigencias de todo tipo para el funcionamiento de nidos, colegios, farmacias, tiendas y todo tipo de negocios, etc. Todo eso podría en principio ser abordado dentro de la facultad para “emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales o de prestación de servicios sociales”, aunque parece difícil que en 90 días pueda abarcarse un mundo tan amplio.
Una medida que se está considerando legislar como parte de las facultades delegadas, es darle carácter universal a las resoluciones sobre barreras burocráticas del Indecopi. Esto es fundamental. Sin duda se necesita instrumentos o mecanismos potentes para desregular y simplificar y para prevenir que vuelva a crecer la selva regulatoria y tramitomaníaca. Lo que necesita es rescatar algo como lo que propuso Fuerza Popular en la campaña, una ‘ley del ocaso’ que permita derogar todo lo que no es indispensable para la gestión de todas las circunscripciones del Estado.
La entidad responsable de esta tarea titánica es la secretaría de gestión pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Mayén Ugarte, una consultora en gestión pública y reforma del Estado que trabajó tres años en el BID.
El “Acuerdo por la Justicia”
De otro lado, estamos en el puesto 129 en “Eficiencia del marco legal en la solución de disputas”, es decir, en lo relativo al sistema judicial. Lo que esto reclama es, obviamente, una reforma judicial profunda. La respuesta ha sido la convocatoria, por parte de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, al “Acuerdo por la Justicia”, que incluso ha sido presentado ante el Acuerdo Nacional. Está integrado por los Presidentes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y la propia ministra de Justicia, por supuesto.
La idea es que cada institución define y asume tres compromisos realizables en 100 días, y acuerdan, entre todas, dos compromisos interinstitucionales. Cada 100 días se evalúan, redefinen y se adoptan nuevos compromisos para los siguientes 100 días. El Ministerio Público, por ejemplo, se propuso (1) Llevar adelante mega operativos, (2) sacar adelante dos Fiscalías Distritales y (3), implementar fiscalías de feminicidio.
Pero no es fácil. La Ministra sigue bregando para que todas las instituciones terminen de tomar sus tres compromisos. Faltaba el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que no logra ponerse de acuerdo consigo mismo debido a que estaría internamente fracturado en dos grupos. Las instituciones son muy celosas de su autonomía, pero también ocurre que dicha autonomía se convierte en una coartada para no comprometerse o para no coordinar en temas de avance común cuando, por alguna razón, no se quiere o se percibe que se pierde capacidad de manejo propio cuando el proyecto es común.
Al Poder Judicial, por ejemplo, no le interesa coordinar con el Ministerio Público, el ministerio del Interior y las municipalidades la instalación de sedes distritales conjuntas en las que estén el fiscal, el juez, la Policía y un pequeño centro de detención para delitos menores, porque simplemente quiere avanzar con sus juzgados de flagrancia distritales por su lado.
Una lástima, porque ese podría ser uno de los dos temas interinstitucionales que se acuerde, algo que ayudaría mucho a dar una justicia pronta y con castigo, eliminando la sensación de impunidad, porque facilitaría el proceso inmediato, ahorraría muchos costos y tiempos de traslado y, al haber carceletas locales, permitiría condenar a penas menores efectivas de días, semanas o meses de reclusión. Sería un avance gigantesco, y facilitado por el hecho de que las municipalidades pondrían los locales.
De hecho, la Ministra Pérez Tello quiere aprovechar la inauguración del primer Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en Puente Piedra dentro de sus primeros 100 días, para procurar un acuerdo en ese sentido. El CISAJ reúne en un mismo local al Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional. Incomprensiblemente, no está el Ministerio Público. Al parecer, cuando este programa, financiado por el BID, se definió, el Ministerio Público no quiso participar, y entonces tenemos toda una inversión en un esfuerzo que termina siendo parcial e incompleto ¡Bendita autonomía! Esperemos que esto se corrija en el marco del Acuerdo por la Justicia, si es que éste llega a funcionar. Los nuevos CISAJ deben incluir un fiscal y, además, una carceleta, si han de convertirse en una política común del Acuerdo.
El tema inter institucional que sí ha sido acordado ha sido el de avanzar en la interoperabilidad, que incluye principalmente el llamado “expediente digital único”, que se abre en la comisaría o en la dependencia policial cuando una persona es detenida y se va componiendo a través de la fiscalía, el Poder Judicial hasta el INPE. El mismo expediente, digital. Eso sería un gran avance.
La idea del “Acuerdo por la Justicia” tiene la ventaja de que avanza por convicción, por acuerdos precisamente. Pero tiene la desventaja de que resulta difícil lograr que las instituciones asuman compromisos de cambio profundo y los acuerden entre ellas. Un ejemplo es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Prácticamente hubo consenso durante la campaña electoral en el sentido de adoptar la propuesta de Transparencia de reformar completamente su composición y el origen de sus integrantes. Pero eso se ha pasmado. Antes bien, el presidente del CNM entendió que la mejor defensa es el ataque y propuso más bien que el CNM asumiera las funciones de control disciplinario del Poder Judicial y del Ministerio Público, retirándoselas a la OCMA del Poder Judicial y a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Por supuesto, esto clavó un impasse al interior del Acuerdo por la Justicia, y enrareció el ambiente para otros acuerdos. Lo único concreto es que ya no se habla de la reforma del CNM, algo que sin duda es fundamental.
En verdad es muy difícil que instituciones autónomas se auto-reformen. Así lo demuestra la experiencia internacional. En el esquema en desarrollo, es muy probable que las propuestas de las distintas instituciones se formulen sobre factores de menor peso y efectividad en cuanto a la reforma que espera el país. Ante eso, el Congreso debe asumir su responsabilidad en la aprobación de leyes y modificaciones constitucionales que ayuden a cambiar las cosas, y el propio Ministerio de Justicia, jugando en pared con el Ministerio de Economía, tiene instrumentos para inducir reformas en el sistema judicial. Tiene por ejemplo la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que ha venido monitoreando precisamente dicha implementación en los últimos ocho años. Podría ampliársele su mandato para que pueda inducir otros procesos de modernización. Si esta vez se vuelve a frustrar el cambio cualitativo que necesitamos, habrá que ir pensando en algún proceso constitucional que recoja el mandato popular de instalar instituciones más sólidas.
Los próximos días nos dirán si el Acuerdo por la Justicia funciona o no. Hasta ahora no se ha puesto en blanco y negro el conjunto de compromisos de cada institución y los acuerdos interinstitucionales. Compromisos con indicadores, sujetos a medición, a comprobación. De eso se trata. Veremos.
El gran ausente
Sobre los avances en los demás rubros del índice de competitividad global en los que estamos muy atrás, nos ocuparemos en una próxima entrega. Mientras tanto señalemos que hay uno respecto del cual no se advierte acción ni propósito algunos ni en el Congreso ni en el Ejecutivo: es el que se refiere a “Prácticas de contratación y despido”, donde estamos en el puesto 130 de 138 en el mundo. Un tremendo freno al crecimiento, a la competitividad y a la inclusión económica y social de los peruanos, pero que, increíblemente, nadie se atreve a enfrentar.
Lampadia
