Fundación para el Progreso – Chile
Eleonora Urrutia
Publicado en El Líbero, 20.03.2023
El pasado 10 de marzo se desplomó el Silicon Valley Bank (SVB) en la que fue la segunda mayor quiebra bancaria de la historia financiera de Estados Unidos. Tuvo que ser rescatado, por más que desde la Administración Biden insisten en que no se trata de eso. El contribuyente no estará pagando, pero los clientes bancarios sí, porque se está utilizando dinero de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) que esencialmente grava a los bancos, incluido el banco pequeño local del pueblo más perdido.
Este tipo de evento pareciera ser inevitable dado el marco regulatorio de Dodd-Frank del 2010, y debido al uso que hace la Fed del «capital ponderado por riesgo» para juzgar la salud de un banco. Esta medida no pondera bien en todos los casos el «riesgo de duración» como lo demuestran los hechos, uno de los riesgos que enfrenta la industria bancaria, y que metió en problemas a SVB. La deuda a largo plazo es sensible a los cambios en las tasas de interés. A medida que suben los tipos, incluso los activos seguros como los bonos del Tesoro bajan de precio, por lo que liquidarlos conlleva grandes pérdidas.
Pero vamos por partes. Entre las polémicas de color que rodean la quiebra de SVB están las acusaciones que apuntan a la ideología. Y es que como toda compañía del Valle de San José, vendía más haciendo presentaciones de diversidad que explicando su estrategia de monetización.
El banco donó casi 74 millones de dólares a grupos relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Priorizó los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ESG) sobre su deber fiduciario para con los accionistas. Dos meses después de que los disturbios que siguieron a la muerte de Floyd condujeran al estallido político más destructivo estadounidense en más de un siglo, el banco se unió al coro de empresas corporativas que promocionaban su compromiso con la llamada diversidad, equidad e inclusión (DEI). El 67% de su fuerza laboral cubría la casilla de «diversidad».
Por supuesto, la promoción de ESG incluía activismo climático. El banco comprometió un dineral en préstamos para apoyar los esfuerzos contra las emisiones de combustibles fósiles hacia 2027. Era considerado uno de los bancos «más verdes» de Estados Unidos. Otorgó préstamos a más de 1,500 empresas tecnológicas para desarrollar proyectos de energía solar, hidrógeno y células de almacenamiento y participaba en cerca del 62% de los acuerdos de financiación para proyectos comunitarios de energía solar.
Como consecuencia, hay denuncias que ponen el acento en la mala dirección del banco que incluía tantos exfuncionarios de la administración de Obama y tantos políticos del Partido Demócrata como banqueros de inversión. Si bien los banqueros ocupaban el primer lugar en la Junta, el criterio número uno del banco giraba en torno a la donación de enormes sumas de dinero a causas y candidatos de izquierda.
Es cierto que la pluralidad trae riqueza en cualquier ambiente laboral, pero llenar de diferentes ideologías un mismo espacio empresarial no es una señal de pluralidad sino un signo de desinterés a la hora de demostrar lo que sirve y lo que no sirve mediante una argumentación irrefutable. Una sana política bancaria debería oponerse a una deriva woke y mantener la idea anticuada de que los bancos deben estar en el negocio de hacer dinero, no sirviendo a la moda del día en la política progresista.
Dicho ello, los motivos más directos de la quiebra parecieran ser otros. El SVB tuvo un tremendo crecimiento en los últimos diez años a medida que los programas de dinero fácil de la Reserva Federal inundaban la industria tecnológica con capital barato. El negocio de SVB giraba en torno a servir a las nuevas empresas de Silicon Valley y a los ricos fondos de inversión que compraban y vendían estas empresas.
Pero a diferencia de la mayoría de los bancos donde alrededor del 75% de los depósitos se utilizan para préstamos, el SVB usó su explosivo crecimiento de depósitos para invertir casi el 60% de sus activos en valores gubernamentales, algunos bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Si bien estos valores son seguros, varían en precio con el cambio de tasas. A medida que aumentan, su valor de mercado disminuye, por lo que, si bien en teoría el banco estaba adecuadamente capitalizado, era muy vulnerable a las subidas de tasas.
En tales condiciones un banco debiera cubrir ese riesgo. Sin embargo, esta cartera de bonos del SVB no estaba cubierta. Por otra parte, de los $175 mil millones en depósitos, solo una pequeña parte estaba cubierto por el límite del seguro de USD 250,000 del FDIC. La consecuencia es que, finalmente, quienes podrían no ser pagados en caso de dificultad del banco son el resto de los depositantes, que en la práctica estaban cubriendo el riesgo de tasa.
El gobierno decidió extender la garantía aprovechando un artículo de la ley Frank-Dodd que permite hacerlo cuando se estima que el banco es sistémico. Sin perjuicio que esta decisión es discutible, alguien debería hacerse cargo de las posibles pérdidas, especialmente cuando no se conocen cuán sólido es el otro 40% de los activos de SVB, entregados en forma de préstamos. Al menos algunos de estos préstamos se otorgaron a empresas especulativas de tecnología o criptomonedas que ahora están en quiebra.
Este rescate crea un terrible riesgo moral. Las entidades grandes y adineradas pueden buscar el banco con el mayor rendimiento de sus depósitos, sin importar cuán irresponsable sea el comportamiento del banco, y creer que recibirán su dinero de vuelta en caso de falla. Estos depositantes no solo eran sofisticados, sino que también se arriesgaban a propósito para obtener una tasa de interés más alta en sus depósitos en SVB. Tenían todas las razones para saber que SVB era una apuesta arriesgada, ya que publicaciones como Grant´s Interest Rate Observer han estado advirtiendo sobre la cartera de bonos de SVB desde hace tiempo. Da la casualidad que la gran mayoría de estos depositantes también son donantes adinerados del Partido Demócrata y otras causas de izquierda, lo que aumenta la conveniencia política de la acción del gobierno.
«Una sana política bancaria debería oponerse a una deriva “woke” y mantener la idea anticuada de que los bancos deben estar en el negocio de hacer dinero, no sirviendo a la moda del día en la política progresista».
El gobierno ha tomado crecientemente el rol de determinar el capital adecuado de un banco, de modo que para el mercado es muy difícil poder interpretar los datos y hacer su propia evaluación. A medida que los reguladores han asumido el rol de establecer los estándares del capital bancario, se basan cada vez más en métodos menos transparentes y más complicados para determinar cuánto capital debe tener un banco. Asignan pesos de riesgo a las diferentes categorías de activos en poder de los bancos. Los pesos se determinan basándose en una combinación de juicio regulatorio y algoritmos altamente complejos. En casi todos los casos, el tamaño del balance ajustado al riesgo puede manipularse. Si un banco tiene valores del gobierno, obligaciones de deuda garantizada, hipotecas u otros activos que los reguladores consideran menos riesgosos que, por ejemplo, préstamos comerciales, un banco, para fines de capital, puede ajustar su saldo de activos a menos del 100% del valor en libros. Pero como acabamos de ver siempre quedan riesgos que la autoridad no considera. En este caso, el riesgo de tasa.
Parece indispensable transitar hacia un marco regulatorio bancario que vincule el riesgo y la recompensa con reglas que sean simples, comprensibles y aplicables, aunque ello implique que los bancos requieran más capital para operar. Por su parte, para evitar que esto se transforme en aumento excesivo de los costos de los créditos, el gobierno debiera facilitar a los bancos lo que hoy es casi inviable y que es cobrar por otros servicios que brindan, en lugar de pretender que realicen la tarea gratis para anotarla como punto a su favor durante las épocas electorales. A su vez, el gobierno no debiera seguir cargando a los bancos con obligaciones y cumplimientos de tareas que son netamente estatales y muy lejos de sus actividades normales, y cuyo incumplimiento acarrea enormes multas, como de hecho ha sucedido. Curiosamente, nadie advierte que desprenderse de responsabilidades que son de la esencia misma del gobierno, es parte importante de la inversión de la carga moral que sistemáticamente produce las crisis cuya culpa siempre endilgan a terceros. Lampadia
