El politólogo norteamericano Steven Levitsky (SL), en su última columna, enfatiza que la caída de la aprobación presidencial se debería a la “ultra ortodoxia económica”. Según SL, el Perú se ha convertido en una de las democracias “más tacañas del mundo” por haber obtenido la nota más alta de América del Sur en la evaluación sobre gasto público del Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation. El artículo de Levitsky contiene varias inexactitudes y errores de razonamiento que vale la pena aclarar.
Una de las perlas de SL es su afirmación de que el gasto público debería ser el resultado de un “tira y afloja” entre políticos (que buscan reelegirse) y tecnócratas. Esta nefasta receta se encuentra en las antípodas de la elaboración óptima del presupuesto público, que se debería diseñar con una metodología transparente que permita hacerlo predecible, incorporando criterios de optimización inter-temporal. Como académico, Levitsky debería entender que los tecnócratas no basan sus decisiones en convicciones románticas o ideológicas, sino en conocimiento especializado respaldado por investigación y evidencia empírica. Por ello, a diferencia del político promedio -cuyos incentivos están centrados en su reelección de corto plazo-, el tecnócrata, que no participa en elecciones populares, debe buscar maximizar el bienestar social de forma sostenible. SL manipula el papel de estos actores al asociarlos maliciosamente con una “menor protección social” para los peruanos. Nada más falso e insidioso.
Por otro lado, si bien es cierto que el gasto social en el Perú como porcentaje del PBI es más bajo que en países como Chile y Brasil, muchas investigaciones han encontrado la importante orientación pro-pobre, pro-clase media y pro-descentralizadora que ha cumplido el crecimiento económico experimentado por el Perú en los últimos 15 años (ver el siguiente documento del BCRP). Es remarcable que la experiencia peruana, además, constituya un fenómeno virtuoso, diferente a los típicos procesos de crecimiento que agudizan la desigualdad en el corto plazo, al haber creado una clase media emergente y haber incrementado los recursos destinados a los gobiernos locales y regionales, acentuando la descentralización.
La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el crecimiento económico, pasando de 58.7% en el 2004 a 25.8% en el 2012, según el INEI. Complementariamente, el gasto social básico -definido por el Consenso de Oslo como los gastos en educación básica, salud básica, alimentación y nutrición, y agua y saneamiento, entre otros- creció 173% en el mismo periodo, y el gasto social complementario (que incluye educación secundaria, educación superior, infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras rurales, etc.) se incrementó en 125% en el mismo periodo. En la actualidad, el presupuesto público es el doble del aprobado en el año 2006 y el 56% del mismo se concentra en sectores sociales y productivos, como Educación, Salud, Protección Social, entre otros. Solo lo social alcanza el 38%, con un crecimiento de 21,6% con relación al año anterior.
Para sustentar su falacia, SL usa cifras del año 2009, argumentando que la democracia peruana es “tacaña”. Esto es falso, ya que el indicador de la Heritage no analiza la composición sectorial del gasto, sino el manejo prudencial de la política fiscal que busca asegurar la robustez macroeconómica, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, aspectos en los que el Perú tiene una fortaleza reconocida a nivel internacional.
SL también comete el “error” de inferir que la legitimidad democrática se construye a partir de la expansión del gasto social, ya que el aumento o la disminución de la participación del gasto social con respecto al presupuesto total o con respecto al crecimiento del PBI, no es condición suficiente para hacer afirmaciones sobre su efecto redistributivo y sobre el bienestar de la población. Cabe señalar que un estudio (Yamada, Castro y Bacigalupo, 2012) encuentra que los programas asistencialistas como JUNTOS solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad, mientras que las fuerzas del mercado y el crecimiento económico han sido los motores del 75% de la mejora en la distribución del ingreso y el consumo. En este sentido, parece ser que la caída de la aprobación presidencial no radicaría en la “ultra ortodoxia” o en el Estado “tacaño”, sino en la pérdida de confianza alimentada desde el Ejecutivo.
