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Lima-Perú, 27/01/2021 a las 11:01am. por Jaime de Althaus

Organismo público y Fondo de Riesgo Compartido

La reforma pensionaria tiene muchos riesgos y no resuelve lo esencial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El proyecto de ley marco de creación del sistema integrado universal de pensiones aprobado ayer en la comisión especial, obliga a pasar los fondos privados de los aportantes a las AFP (y también los aportes de los afiliados a la ONP), al Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), que es administrado por la Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP), organismo público técnico especializado con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa.

Una parte no determinada de los fondos de cada afiliado irá al Fondo de Riesgo Compartido (FRC), que será administrado por el organismo público de pensiones y que tendrá un “mecanismo redistributivo y solidario”. La otra parte irá al Fondo de Riesgo Individual (FRI), que será administrado por gestores privados de fondos que serán elegidos mediante subasta pública internacional. Desaparecen entonces las actuales AFP, o tendrían que reconvertirse en dichos gestores privados y ganar las subastas. Se desprende que los aportantes no podrán escoger al gestor privado de su preferencia.

Todos, incluso los que vienen de la ONP, tendrán una “Cuenta Personal Previsional” asociada al Documento Nacional de Identidad. Esto es lo mejor del proyecto, porque ayuda a prevenir una bomba de tiempo fiscal en el largo plazo.

De otro lado, ahora los empleadores tendrán que poner parte del aporte del empleado.

Los riesgos de este proyecto de ley son los siguientes:

  1. Siendo todos los aportes centralizados y administrados por un organismo público, cabe la posibilidad que un gobierno populista en dificultades eche mano de esos fondos para financiar sus gastos, como ya ha ocurrido en el pasado con el Seguro Social.
  2. La inversión del Fondo de Riesgo Compartido podría realizarse de manera poco técnica o poco honesta, afectando el volumen de los fondos lo que, de paso, afectaría el tamaño del ahorro nacional necesario para financiar proyectos de inversión públicos y privados.
  3. Se incentivaría la informalidad de los trabajadores al saber estos que parte de su aporte iría a un fondo compartido.
  4. Se incentivaría la informalidad empresarial al obligar al empleador a contribuir con parte del aporte del empleado, elevando los costos de producción.

En lugar de buscar un sistema pensionario desligado en lo posible de la condición laboral de las personas, se lo sigue atando a la condición de trabajador dependiente. Pero el problema en el Perú es que la mayor parte de los trabajadores son independientes o informales. Para que ellos aporten voluntariamente, se propone “incentivos”. El principal de ellos, que permitiría precisamente desligar las aportaciones de la condición laboral –aportar parte del IGV que se paga cuando se compra algo-, aparece con una redacción confusa y solo como posibilidad:

32.1 Aportes mediante consumo
La subcuenta FRI de la CPP, del Pilar Contributivo, podrá ser cofinanciada mediante un porcentaje de lo recaudado por IGV, respecto a las operaciones afectas de tal impuesto realizadas por los aportantes consumidores finales.

Ni el proyecto de ley ni la exposición de motivos parten de reconocer lo evidente: que la principal causa de que la cobertura del sistema de pensiones apenas alcance al 30% de la población en edad de trabajar es la enorme informalidad, que justamente fluctúa alrededor del 70%.

Una reforma del sistema de pensiones debe ir de la mano con una reforma de la legislación laboral que establezca una normatividad inclusiva, una formalidad laboral menos rígida y onerosa, para que las empresas de todo tamaño pongan en planilla a sus trabajadores y para que haya más inversión.

En resumen, de aprobarse este proyecto de ley, no cambiaría mucho la situación actual caracterizada por la bajísima cobertura del sistema de pensiones. Eso sí, se habrá incrementado la burocracia estatal con un nuevo organismo público y se habrá incrementado el gasto público al ampliar el llamado pilar no contributivo y establecer pensiones mínimas, lo que estaría bien si ello formara parte de un modelo general formalizador que permitiera el crecimiento acelerado de la inversión y de la economía. Lampadia

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