Jaime de Althaus
Para Lampadia
Nuevamente estamos viendo una ofensiva populista de proyectos de ley para seguir destruyendo el sistema privado de pensiones. El más activo es, cuando no, el congresista José Luna, por añadidura presidente de la comisión de presupuesto, que ha lanzado una batería de tuits promoviendo un nuevo proyecto para que los aportantes puedan retirar 4 UITs adicionales de sus cuentas previsionales.
Lo que está haciendo Luna es sencillamente campaña política. Ante la eventualidad de un adelanto de elecciones, se ha lanzado a la cacería de votos, pero no con su dinero o su peculio, sino a costa de las pensiones de los futuros jubilados, que a este paso no tendrán una pensión cuando les toque jubilarse. Según se informó, luego del quinto retiro (ya van seis), 2´300,000 afiliados habían vaciado completamente su cuenta de capitalización individual. Aquí el problema es, además, a la larga, para el Estado, que tendría que hacerse cargo de una o otra manera de las pensiones de todas esas personas, porque no faltará el Luna del momento que ofrezca en la campaña electoral: pensiones estatales para todos. Y será la quiebra del Estado, porque ni siquiera habrá aportantes en la ONP para solventar ni siquiera una parte de ese gasto.
Jugar con el futuro de las personas y de la estabilidad fiscal, solo para ganar votos, es altamente irresponsable. Sus argumentos son puramente demagógicos y completamente falaces. Escribe, por ejemplo:
Luna sabe perfectamente que los dueños o trabajadores de la gran mayoría de micro y pequeñas empresas no tienen AFP, y menos gran parte del millón de desempleados. Quiere presentarse como un defensor de la economía familiar de todos los peruanos, engatusándolos, tuiteando desenfrenadamente, cuando sabe perfectamente que quienes tienen pensión en el Perú son una minoría.
Si fuera responsable e inteligente, e incluso si quisiera subir su popularidad de un modo mucho más efectivo, propondría una reforma del sistema de pensiones que permita incluir a todos los peruanos. Una promesa efectiva de que todos tendrán asegurada su vejez, aportando a sus cuentas previsionales un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo. Es decir, un sistema que les devuelva parte de lo que pagan para asegurar su futuro.
Eso tendría muchísimos beneficios. Todos los peruanos tendrían pensión. La economía se formalizaría porque los afiliados exigirían boleta o factura para incrementar su ahorro previsional. Los fondos de pensiones constituirían un enorme ahorro nacional que se invertiría en proyectos públicos y privados, de modo que el país tendría su futuro asegurado también. Y no habría contingencia fiscal alguna, porque las pensiones saldrían no de los aportantes o del tesoro público, sino del ahorro de las personas. El estado tendría muchos más recursos para reducir las brechas sociales.
La destrucción del sistema privado de pensiones, por el contrario, nos está devolviendo a un sistema de reparto que ya quebró en nuestro país. Los paros en Francia contra la reforma pensionaria propuesta por el presidente Macron, que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, muestran que ni siquiera en un país rico el sistema de reparto es sostenible. En ese sistema, los aportes de cada trabajador se disuelven en un fondo común, y las pensiones de los jubilados son pagadas con los aportes de los trabajadores activos. Pero como la proporción de los jubilados es cada vez mayor, los aportes de los activos no alcanzan y entonces las pensiones salen del presupuesto público, quitándole recursos a otras necesidades. Al final el presupuesto público no alcanza tampoco, y el sistema quiebra. En cambio, en un sistema de cuentas de capitalización individual colocadas en fondos privados que se invierten y producen rentabilidad, la pensión sale de los aportes de cada uno multiplicados por la rentabilidad de esos fondos. Si uno aportó 100, al final puede recibir 600 u 800 o más. Y no se afecta para nada el presupuesto público.
De eso se trata. Responsabilidad por favor. Lampadia
