Jaime de Althaus
Para Lampadia
A propósito del debate sobre la reciente modificación a la ley forestal orientada a consolidar los derechos de propiedad de cientos de miles de agricultores y posesionarios incluso de tierras degradadas, indispensable para arraigar, dejar de deforestar y aumentar la productividad en esas tierras, es interesante analizar la motivación de algunas ONG que se opusieron y oponen a tal modificación.
Esa motivación no es la defensa o preservación del bosque, porque la norma más bien ayuda a contener la deforestación, sino la afectación que puede implicar para el negocio de acoso a empresas dedicadas a plantaciones de palma o de café, entre otras. Por ejemplo, si una empresa ya no puede ser acusada de estar trabajando en áreas de uso forestal, se cae el arma de chantaje.
Pero hay otras modalidades.
Comentemos por ejemplo el caso de la empresa Tamshi, que produce cacao de alta calidad en Loreto generando sustento para más de 2,500 personas con sistemas agroforestales amigables con el medio ambiente que integran árboles silvestres con árboles de cacao y que ayudan a preservar la fauna y la flora silvestre. La empresa, además, apoya y capacita a pequeños agricultores en técnicas sostenibles de cultivo de cacao que les permiten mejorar su calidad de vida, fuera de e campañas de salud y creación de escuelas para la población local. Tiene un programa dedicado exclusivamente a las mujeres, a fin de que tengan sus propias fincas de cacao o se conviertan en proveedoras de la compañía, empoderándolas.
Pues bien, María Florencia Ballesteros, gerente de Administración y Finanzas de Tamshi, nos informa que ha venido sufriendo durante 10 años una persecución judicial y mediática sistemática que ha sido promovida en parte por Lucila Pautrat y su organización Kené, por medio de campañas de difamación en redes sociales y medios de comunicación y cuando menos diez denuncias calumniosas que ha impulsado de forma directa o indirecta, todas archivadas o desestimadas por ser falsas. Lo último es una demanda por extinción de dominio, que increíblemente ha sido admitida, y que podría terminar en la pérdida de todos los activos.
Al parecer se trataría de un negocio basado en la promoción de imputaciones falsas, pues esta señora y su organización han recibido, según la empresa, más de cuatro millones de soles del extranjero a partir de esta clase de infundios. De hecho, los dos financistas alemanes de Kené registrados ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (“APCI”) tuvieron que retractarse y disculparse públicamente:
- La ONG alemana «Rettet den Regenwald» («Salva la Selva” en español), aliada estratégica de Kené, tuvo que rectificarse públicamente luego de ser emplazada ante el Tribunal de Hamburgo por señalar falsamente que “la empresa habría amenazado de muerte a personas y deforestado 100,000 hectáreas de bosques vírgenes”
- La ONG alemana «Weltfriedensdienst” (WFD) (“Paz en el Mundo” en español) también tuvo que retractarse públicamente debido a las temerarias afirmaciones difamatorias tales como publicar que TAMSHI “asesina a activistas”.
A partir de estos y otros hechos, la empresa empezó a documentar el modo de operar de esta persona y su organización. Consiste en:
- difundir mentiras en medios de comunicación masivos y ante autoridades (ya sea del Poder Judicial o Ministerio Público);
- fabricación de pruebas falsas para inducir a error a las autoridades;
- entrega de incentivos a terceros para promover denuncias falsas;
- un abuso del sistema de justicia por medio de denuncias falsas por los mismos hechos que son promovidas una y otra vez;
- utilizar los “fake news” que ella misma crea como sustento para recabar fondos desde el extranjero; y
- victimizarse cuando sus acciones ilegales son cuestionadas ante la justicia nacional.
Entre las acusaciones falsas verificables en las denuncias, con fines de recaudación en el extranjero figuran, según Ballesteros:
- Que “la empresa habría deforestado miles de hectáreas de bosques primarios”, lo que se demostró falso
- Que la empresa “había deforestado 100,000 hectáreas de bosques primarios”, cuando TAMSHI abarca solo un área de 2,700 hectáreas en terrenos agrícolas adjudicados por el propio MINAGRI mucho antes de la llegada de la empresa en la zona, y hay agricultura en Tamshiyacu desde hace casi cien años.
- Que TAMSHI no sería una empresa agrícola, sino una empresa que se dedicaría al tráfico ilegal de madera, y que habría comercializado tres veces el volumen de madera que se comercializaba en TODA la región Loreto.
- Que TAMSHI y sus funcionarios acosaban y amenazaban a un grupo de agricultores en Tamshiyacu, para lo cual se crearon pruebas falsas que fueron desvirtuadas cuando las autoridades interrogaron a los supuestos afectados, y se entregaron incentivos a terceros para que firmen denuncias falsas.
- Que Tamshi serían una organización criminal y no una empresa agrícola. Dedicada además a la minería ilegal.
Fabricación de pruebas falsas, pago a personas para que declaren, abuso del sistema judicial, complicidad ideológica de algunos medios, son algunos de los medios de los que se vale esta organización para levantar dinero en el exterior, según Ballesteros. Mientras tanto, la empresa tiene que destinar ingentes recursos para defenderse en lugar de concentrarse en desarrollar mas un proyecto que constituye un modelo de gestión agroforestal y que a todas luces es muy positivo para la gente vinculada, para Loreto y para el Perú. Lampadia
