Cuenta Ricardo Palma en una de sus Tradiciones que en 1835, durante la sublevación de Felipe Santiago Salaverry contra el presidente José Luis Orbegoso, la capital se hallaba tan desguarnecida que una de las muchas bandas de bandoleros que asolaban los caminos del país, tomó la ciudad de Lima. “El famoso negro León Escobar, capitán de una cuadrilla de treinta bandidos… se posesionó de Palacio, sentándose en el sillón presidencial”, relata Palma. Alarmados, los miembros del consejo municipal, rogaron a Escobar que no hiciera desmanes. El bandolero accedió a esta petición a cambio de que se le pagara 2,500 pesos. De acuerdo a la Tradición, después de recibir el dinero, se retiró pacíficamente. Así, un bandolero fungió de presidente del Perú por un día.
Hoy esa anécdota de nuestra historia podría repetirse, pero de forma más permanente. Mafias de sicarios, extorsionadores, de construcción civil y hasta de proveedores del Estado (que tendrían entre sus integrantes a policías, fiscales y jueces), se suman ahora a las de narcotraficantes apoyados por terroristas, taladores ilegales, mineros ilegales y de contrabandistas. Ya no solo se contentan en el control de parte del territorio nacional donde evitan la presencia del Estado y del sector privado, ahora postulan abiertamente para tomar control del propio Estado, desde municipios, gobiernos regionales, y no nos quepa la menor duda, pronto será igual con el Congreso.
¿Qué lleva a estos personajes a tratar de hacerse de un cargo público? Primero que nada, la lenidad del Estado y anomia de la clase dirigente, que no ha sabido parar estos procesos a tiempo. Segundo, obviamente, no la vocación de servicio, sino todo lo contrario, el beneficio personal, medrar del erario nacional y obtener ventajas para realizar sus actividades ilícitas. Esta situación es realmente gravísima y quizá la amenaza más seria que enfrenta la democracia peruana y la sociedad en su conjunto. No se puede permitir que personas de mal vivir y mucho menos delincuentes postulen y menos aún que ocupen cargos en el Estado. Semejante escenario en que este tipo de postulantes no son la excepción, si no ya una importante proporción de los postulantes, es una prueba del fracaso del sistema político, tanto por su diseño institucional, como por la desaparición de los partidos políticos nacionales.
Las listas que han entregado el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior en la que se detallan los tenebrosos antecedentes de un buen porcentaje de candidatos municipales y regionales solo convalidan el deterioro de la representación política nacional.
Desde el gran fracaso de los partidos políticos, luego de la dictadura militar, que regresaron al poder sin propuestas, sin conocimiento del mundo, y sin capacidad de tomar decisiones, la política nacional ha ido alejando de sus cuadros a los ciudadanos más probos y capaces. En la última década la calidad, de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. Se han creado sistemas de control (Contraloría y otros), para perseguir a los buenos, pues los malos están fuera de su alcance. Los antiguos líderes y dirigentes bien formados y de sólida moral han desaparecido. Hoy el sistema facilita que personajillos lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar el caso del congresista, Víctor Grandez (acusado de tener un hotel en el que se prostituyen niñas) o el de los presidentes regionales de Áncash y Tumbes, César Álvarez y Gerardo Viñas, respectivamente. Ambos acusados de encabezar organizaciones delictivas dedicadas no solo a apropiarse de recursos públicos mediante actos de corrupción, sino de comandar a sicarios que amedrentaban, golpeaban y hasta asesinaban a opositores. No olvidemos que dos dirigentes cocaleras llegaron a ser parlamentarias, a las que luego se probó vínculos con el narcotráfico y Sendero Luminoso.
Que se asesine parar controlar un gobierno local es un escenario de horror digno de una película gánster. Primero convivimos con los asesinatos de autoridades por parte del terrorismo, ahora se producen por las mafias de todo pelaje. Pero lo más terrible de esta situación es que ni la ciudadanía, ni nuestra clase política, se hayan indignado lo suficiente como para tomar los correctivos necesarios. Se soltó a los delincuentes del Movadef, que nos amenazan con un baño de sangre masivo (el significado del pensamiento Gonzalo), y los medios se alteraron un par de días (y algunos hasta defendieron la liberación confundiendo la libertad de pensamiento con la amenaza de muerte disfrazada), y el sistema judicial se dedica al juego del gran bonetón.
Aparte del asalto del Estado para tomar control del país, ahora se pueden hacer de una “caja”, que con la regionalización hecha sin los mínimos requisitos de las democracias modernas, como rendición de cuentas, balance de poderes, filtros de requisitos y alternancia, llegó el 2013 a 14,342 millones de soles, desde los 1,998 millones del 2004. Estos recursos se multiplicaron por 7 en los últimos diez años.
Entre la falta de renovación de los partidos tradicionales, la escasa presencia del Estado, los sistemas de persecución judicial de las buenas autoridades, la mala regionalización, la incapacidad de corregir el diseño de la estructura política del país (el Congreso, ni siquiera ha podido eliminar la equivocada denominación de los líderes de las regiones o eliminar su reelección) y los recursos a los que acceden. La política se está convirtiendo en el mejor botín del lumpen.
¿Cómo conseguimos limpiar la política? Busquemos las experiencias más exitosas de otros países y, sin complejos o falsas dignidades, implantémoslas en el Perú. Es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos, el sistema judicial, el de control, la policía, etc.
Es hora de que las mentes más brillantes del país, las que estén por encima del bien y el mal, los viejos de la tribu, se reúnan y comuniquen a los ciudadanos las ideas-fuerza, las cuales puedan ser recogidas por los más jóvenes para que se comprometan en que se lleven adelante y se realicen los cambios necesarios. Lampadia
