Jaime de Althaus
Para Lampadia
El politólogo Alberto Vergara les ha reclamado a los empresarios que no pidan simplemente crecer a tasas altas sino crecer con ley, con estado de derecho. Porque la creación de riqueza sin una legalidad universal no genera bienestar. En el Perú en los últimos años el estado de derecho se ha “desvencijado”, lo que ha abierto las compuertas a la corrupción y la violencia.
Los responsables serían políticos y funcionarios que se han coludido para buscar dos objetivos: extracción de rentas e impunidad. Una versión sofisticada del llamado “pacto corrupto”.
Algunas observaciones.
Vergara sostiene que el problema no es la falta de crecimiento -pues crecemos- sino la falta de ley.
Pero habría que decir que podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas -para volver a reducir la pobreza, objetivo fundamental- si la ley fuera efectivamente igual para todos -principio liberal básico- y si no hubiéramos tenido una proliferación de leyes y regulaciones que han asfixiado el crecimiento formal -en la ley- de los emprendimientos. Entonces hay que identificar bien el problema: falta ley en su sentido primordial, pero sobran leyes. Ambas son dos caras de la misma moneda, pero Vergara se olvida de la segunda cara, de que hemos creado un sistema de regulaciones -muchas veces nacidas de concepciones ideológicas anticapitalistas- que termina excluyendo a las mayorías. Y si no se puede crecer en el mercado formal, entonces solo quedan la captura del Estado o economías ilegales como vías de ascenso económico y social.
Esa es la causa estructural del problema, que no aparece en el análisis de Vergara. Los gobiernos subnacionales fueron el vehículo para esa movilidad ascendente, gracias a una descentralización política del país que transfirió ingentes recursos a gobiernos subnacionales que no generaban ingresos propios, no recaudaban, de modo que carecían de una base ciudadana contribuyente que fiscalizara el uso de impuestos que no habían pagado. Entonces esos gobiernos subnacionales se convirtieron en botines presupuestales capturados por pequeños reyezuelos patrimonialistas que beneficiaban a sus parientes y amigos. Las obras comenzaban, pero no terminaban, como ha mostrado un informe del Banco Mundial.
Pedro Castillo provenía de ese modelo. Pero Pedro Castillo no nació de la nada. Fue el epílogo de un proceso de polarización política antifujimorista que estuvo detrás del ciclo anárquico que comenzó el 2016 y que aún no cesa y que ha sembrado inestabilidad y altísima rotación en los cargos y un comportamiento cada vez más predatorio y cortoplacista. Allí terminó de sucumbir el estado de derecho. Ese ciclo comenzó con una elección que debió ganar Keiko Fujimori que tenía mayoría absoluta en el Congreso. Al ganar Pedro Pablo Kuczynski con una bancada muy pequeña, se produjo el escenario perfecto para la confrontación de poderes que terminó con la salida de PPK y el ascenso de Martin Vizcarra, que justamente aprovechó el antifujimorismo dominante para construir su popularidad atacando al Congreso hasta disolverlo, al mismo tiempo que desde la fiscalía y el Poder Judicial se criminalizaba las donaciones de campaña, que no eran delito, para llevar a la cárcel a lideres de partidos, destruyendo la credibilidad de parte importante de la clase política. Ello provocó el triunfo de Castillo el 2021.
Vergara omite señalar que muchos de los cambios en las leyes llamadas “pro-crimen” en realidad buscan eliminar extremos que permitían los abusos judiciales que se cometieron con la politización de la justicia e incluso fuera de ella. Que se cometían en general. Aunque en algunos casos se quiso buscar impunidad. Esa misma politización, muy peligrosa, desató la lucha por el control del Ministerio Público.
Castillo llevó al gobierno nacional las practicas patrimonialistas de los gobiernos subnacionales, socavando seriamente la meritocracia en varios sectores. Pero la captura de los servicios públicos por argollas y sindicatos, facilitada por leyes clientelistas, viene de antes.
La propia dinámica parlamentaria lleva a un clientelismo hacia grupos organizados y rentistas que demandan beneficios y privilegios y que son percibidos como bolsones de potenciales votos (sindicatos, maestros, trabajadores de salud, jueces, ahorristas de AFP, etc.). Es un círculo vicioso porque esos beneficios otorgados encarecen aún más la formalidad y socavan la meritocracia.
Y más de 70% de peruanos en la informalidad significa más de 70% de peruanos fuera del Estado legal, que el “estado de derecho”, si se le puede llamar tal, es solo para unos pocos. Nuevamente aquí hay que pedirle a Vergara que colabore identificando bien las causas del problema, cuyo origen es ideológico y político: el costo de la formalidad general y laboral y del salario mínimo, así como la estabilidad laboral absoluta, inabordables para micro y pequeñas empresas e incluso para muchas medianas. Ese costo no se redujo, sino que se incrementó en los 90, como demostraron Jaime Saavedra y Miguel Jaramillo. Por eso, esa reforma es fundamental. Porque, repetimos, si no se puede crecer en la formalidad, quedan la captura patrimonialista del Estado o las economías ilegales para emerger.
El problema es que ningún partido representa a los informales, porque es un grupo amplio y disperso que, así como no se organiza tampoco percibe el beneficio de una reforma liberadora de cargas y obligaciones. Salvo que se trate de un grupo muy específico con poder económico y de movilización, como los mineros informales, que tampoco se formalizan por requisitos imposibles.
Como no aborda las causas, Vergara tampoco ve parte importante de la solución: una reforma radical de la formalidad y del sistema judicial, lo que supone desregulación profunda, simplificación administrativa y procesal y meritocracia. El resultado final será, efectivamente, la ley igual para todos. Estado de derecho universal.
Lampadia
